Incrementa el ‘Movimiento Antorchista’ su protagonismo contra el Gobierno y en favor de su impune industria inmobiliaria de capitalización del precarismo y de destrucción urbana

Si bien Chetumal sigue siendo –pese a los disparos cada vez más sonoros de la violencia común y de las bandas criminales dentro de ella y de su entorno municipal y regional- una ciudad provinciana más o menos apacible –y casi un retiro espiritual comparada con las sangradas e ingobernables urbes turísticas del norte del Estado, sometidas por las mafias-, en los últimos años ha tenido un crecimiento poblacional importante y una colonización expansiva de la marginalidad. Sin embargo, y a diferencia de las ciudades turísticas, dicho crecimiento de la demografía y la miseria no ha ido de la mano del fomento inversor, económico, laboral y fiscal. No se ha disparado tanto la desigualdad social, pero la colonización irregular sigue aumentando, y con ella los rezagos de servicios básicos, el deterioro urbano y ambiental, el déficit y el descontrol institucional, y por tanto la inseguridad. La especulación con el suelo y la influencia de las mafias que lucran con la demanda de vivienda de los cada vez más numerosos sectores de la pobreza extrema, también están al alza. Y así, y en los lugares más ambientalmente prohibitivos y menos propicios para la vida humana, se multiplican los asentamientos que grupos como el Movimiento Antorchista promueven a costa de cientos de familias empobrecidas y necesitadas. Lo peor es que como el Programa de Desarrollo Urbano municipal y el Ayuntamiento ignoran por completo esos parajes del lumpen, unas seis mil personas (sobre)viven ya sin los servicios más elementales, como agua, electricidad, recoja de basura, seguridad pública y otros, y que ante la parálisis gobernante habrá de seguir desplegándose sin contenciones dicho fenómeno del caos precarista y sus secuelas de insalubridad, violencia y degradación urbana, ambiental y social, lo que no sólo no quita en absoluto el sueño a los dirigentes del referido movimiento, sino que alienta sus expectativas utilitarias y su impunidad para exigir a las autoridades de los tres niveles de Gobierno, como bandera de justicia social, el suministro de los servicios que requieren en los predios que ocupan. Y si no se atajan esos tan lucrativos negocios de capitalización de la miseria, con la llegada del Tren Maya en los próximos años, y que impulsará el turismo en la parte sur de la entidad, tal expansión de la miseria y de la violencia que adhiere, no hará más que empeorar. Mientras tanto, las invasiones, las ocupaciones territoriales irregulares y la inseguridad, van en aumento.

Javier Ramírez

Aprovechando la necesidad que tienen las familias más pobres de conseguir un lugar donde vivir, así como la mala planeación urbana y la falta de políticas y ordenamientos reglamentarios que favorece el negocio inmobiliario ejidal y la promoción de intereses políticos, la agrupación denominada Movimiento Antorchista, o Antorcha Campesina, ha encontrado en Chetumal un lugar perfecto para la impune colonización irregular de predios defendida como lucha política y causa social.

En los últimos años, al menos 10 colonias irregulares han sido creadas en la periferia de la ciudad, principalmente en terrenos del Ejido Calderitas y en la Sabana, aumentando los niveles de pobreza y contaminación, pero también la violencia, pues en cuestión de meses se han multiplicado las ejecuciones en esos sitios sin ley.

Ahora, líderes de la organización han iniciado una campaña contra del Gobierno del Estado, al que intentan presionar para que introduzca servicios básicos a dichas colonias con algo de los 820 millones de pesos que recientemente solicitó aprobar al Congreso local.

La propaganda y la presión

Desde mediados de marzo, el Movimiento Antorchista comenzó una campaña en contra de las autoridades quintanarroenses en su página oficial y redes sociales, acusando a Carlos Joaquín González de ser uno de los peores gobernantes de la entidad al “desaparecer” los 820 millones de pesos que el Congreso del Estado autorizó, según la organización, para la reparación de calles e instalación de alumbrado público en las colonias irregulares.

Luego, integrantes del movimiento realizaron una protesta frente al Palacio de Gobierno, en Chetumal, para exigir el cumplimiento de supuestos acuerdos pactados en 2019.

El dirigente estatal, Daniel Osorio García, aseguró que, ese año, el Gobierno del Estado prometió, entre otras cosas, apoyar a 25 mil familias con insumos para la siembra de maíz, pavimentar la entrada de la Colonia Fraternidad Antorchista, entregar en comodato el albergue “Felipe Carrillo Puerto” y autorizar plazas para 24 profesores que trabajan desde hace cinco años en las escuelas ubicadas en las colonias ‘antorchistas’.

“Se han burlado de nosotros, pero ya basta. El gobierno nos tiene como alborotadores porque venimos y le decimos su verdad, porque exponemos que no cumplen, que han sido un mal gobierno, pero lo hacemos en voz de la gente a quien no le han cumplido”, aseveró el susodicho en un boletín destacado en la página Antorchacampesina.org.mx.

Aseguró que, de no entregarles una solución, en 15 días habrá otro movimiento de protesta social más extremo.

Horas después, el subsecretario de Gobierno, Joel Saury Galué, informó que hay voluntad de las autoridades para resolver las peticiones de los antorchistas, por lo que continuarían las gestiones y la comunicación permanente con sus integrantes, aunque les recordó que, como consecuencia de la pandemia, en este momento las condiciones financieras no son las adecuadas.

Invasiones y crímenes urbanos y ambientales

Debido a la nula planeación urbana y a la falta de normas y regulaciones y disposiciones de autoridad para impedir el caos urbano, desde hace dos décadas Antorcha Campesina ha invadido y creado al menos cuatro colonias irregulares en Chetumal: ‘Unidad Antorchista’, ‘Fraternidad Antorchista’, ‘Mártires Antorchistas’ y ‘La Esperanza Antorchista’, todas ellas en la periferia de la ciudad, lo que ha generado un fuerte impacto ambiental al devastar más de 150 hectáreas de selva tan sólo en las cercanías del cuerpo lagunar conocido como ‘La Sabana’.

Con precios excesivamente baratos de los terrenos en venta -desde 30 mil pesos-, así como la promesa de que en el futuro las autoridades municipales les brindarán los servicios públicos básicos, decenas de familias muy pobres y que no pueden acceder a los programas de vivienda de los Gobiernos, no lo piensan dos veces para participar en la invasión y lotificación de dichas zonas, pese a las condiciones infrahumanas en las que tienen que vivir durante años, además de que la organización no les da escrituras sino una “cesión de derechos”, ya que los terrenos siguen perteneciendo a ejidos como el de Calderitas.

Sin embargo, pertenecer a Antorcha Campesina también implica participar en diversos movimientos, principalmente de protesta. Debido a que maneja un proceso de adoctrinamiento ideológico similar al de una secta, donde las familias son constantemente usadas para iniciar protestas tanto a nivel local como nacional, con el fin de salvaguardar los intereses de sus dirigentes.

Gracias a la fuerza con la que cuenta, busca alianzas con quienes intentan alcanzar algún cargo público, prometiéndoles el voto de miles de electores a cambio de cumplir con sus demandas, como se ha visto recientemente con el candidato de la coalición “Va por Quintana Roo” en el Municipio de Bacalar, José Alfredo Contreras Méndez, a quien refrendaron su respaldo para la próxima elección. Bacalar, como se sabe, se ha convertido en una mina de oro para la invasión de terrenos, gracias a su enorme plusvalía.

Se trata del mismo envenenado pan de cada día de la destrucción vertiginosa e irreversible de los territorios más lucrativos de la entidad caribe: la industria de la invasión, la irregularidad, la explotación de la miseria inmigrante y la expansión inmobiliaria y depredadora del medio por grupos mafiosos de toda ralea.

El Movimiento Antorchista, fundado a principios de los años 70 en el Estado de Puebla, vinculado al Partido Revolucionario Institucional, está relacionado no sólo con la invasión de terrenos sino también con diversos negocios y servicios, como son el autotransporte, la hotelería, los mercados y tianguis, entre otros.

La guerra por los terrenos

La multiplicación de colonias irregulares en Chetumal ha incrementado también la pobreza y la violencia. En menos de un año se han registrado al menos cuatro ejecuciones en las colonias ‘antorchistas’ de la capital del Estado.

El año pasado se cometieron dos ejecuciones: el 4 de mayo, un ciclista fue acribillado en la colonia ‘Mártires Antorchistas’ por sujetos que viajaban en un vehículo Chevy de color gris. El 7 de diciembre, el cuerpo ‘embolsado’ de una mujer fue hallado en la misma colonia.

En lo que va de este año dos han sido los crímenes cometidos. El 27 de enero una mujer conocida como ‘la Chabela’ fue asesinada a balazos, afuera de su vivienda en la colonia ‘Fraternidad Antorchista’, mientras que el 9 de marzo un hombre que realizaba la ‘siembra’ de postes para delimitar un predio de la colonia ‘Mártires Antorchistas’ fue baleado por un grupo de sujetos, aparentemente como resultado de la disputa por el terreno.

Crímenes impunes

El último de los crímenes llamó la atención de los dirigentes antorchistas, quienes se deslindaron tanto de la invasión de terrenos como del homicidio. El vocero local de la organización, Juan Pool Contreras, rechazó que la mujer conocida como ‘Vicky’, quien estaría detrás de las últimas invasiones, pertenezca al Movimiento Antorchista, al tiempo que aseguró que cada vez que fundan colonias en Quintana Roo lo hacen “por la vía legal y de acuerdo con las normas vigentes que garantizan la posesión y propiedad de la tierra”.

Pero en el último mes comenzó una invasión en los terrenos de la llamada ‘Antigua Jungla’, ubicada en la parte posterior de la vieja terminal ADO de Chetumal.

Dicha zona permaneció intocable durante décadas debido a las inundaciones que se registraban, y que incluso obligaron el cierre de la referida terminal. Sin embargo, los recientes trabajos realizados por el Gobierno del Estado para la captación del agua de lluvia, así como la ampliación de la Avenida Ignacio Manuel Altamirano y la alta plusvalía que adquirió gracias a la construcción de supermercados, alentaron a 150 familias a invadir las cinco hectáreas de terreno, construyendo improvisadas casas y bardas, claro, después de pagar 40 mil pesos por cada espacio de 10 x 25 metros a un sujeto conocido como ‘el arquitecto Rogelio’, a quien identifican como el líder de la invasión.

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