La Secretaría de Sánchez Cordero

Signos

Nada más lejos de la percepción de que la exministra de la Corte -y muy influyente y decisiva integrante del Poder Judicial de la Federación durante muchos años- es un peso ligero en el gabinete presidencial y una presencia de segundo nivel -y hasta decorativa, dicen sus ‘críticos’ más impertinentes y procaces- y con el más insignificante poder de cuantos en la historia nacional han dirigido la segunda más importante oficina de la administración republicana.

Puede decirse que en esa su oficina y con el mayor protagonismo suyo se formulan las estrategias judiciales más importantes del mandato presidencial; que en su ámbito discurren las alternativas constitucionales y de derecho que mejor documentan las reformas y las iniciativas políticas más trascendentes del jefe de la nación.

Y puede decirse, asimismo, que nunca esa oficina, la responsable del gobierno interior, había estado dirigida por criterios del mayor dominio jurídico como los que hoy día la gestionan con el más bajo perfil y la más alta discreción institucional de todos los tiempos.

La primera mujer al frente de la Secretaría de Gobernación -o de la institucionalidad política por excelencia del Poder Ejecutivo Federal- tiene ahora, como nunca, la tarea de librar una de las más desafiantes y encarnizadas batallas del Estado de derecho -y en las trincheras mismas del ámbito judicial, antes que en las legislativas, las políticas y las sociales- contra las fuerzas enemigas más poderosas de ese Estado de derecho, las que se han fortificado -de manera paradójica y con las armas constitucionales que se forjaron en el pasado reciente, el de la mayor perversión y simulación democráticas- para defender sus vastos privilegios frente a las razones de dicho Estado que, sostenido en el sufragio popular más legítimo de la historia, quiere imponer y hacer valer, ahora sí, su dignidad democrática. Un Estado de derecho contra el que los grupos privatizadores de los bienes nacionales montaron una intrincada e ingeniosa trama de instituciones -también de Estado y también de derecho, pero dentro del Caballo de Troya de los poderes fácticos más enemigos de ellos- contra los que ahora se bate el bando presidencial al que sirve la exministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero.

Porque cada vez más se advierten la consistencia y el vigor de las fortalezas institucionales creadas y legadas por la oligarquía y sus regímenes privatizadores representativos de la era de la modernidad neoliberal mexicana, y sus capacidades de resistencia frente a todo posible mandato popular, defensor de los principios del Estado social (o de los intereses generales, y no de los particulares y sincretizados en la corrupción del poder político).

Se han construido estructuras de poder tan constitucionalmente sólidas como ilegítimas, cuya legalidad se defiende con la misma vehemencia con la que los poderes de elección más auténticos en la historia del Estado nacional quieren desmontarlas, como contrarias y enemigas que son del interés público y de la voluntad de las mayorías.

En el Poder Judicial se promovieron ingresos tan ostentosos en sus élites, que igualaron –y a menudo superaron en retribuciones complementarias y discrecionales- el nivel de los funcionarios más altos de los órganos de Justicia en las más grandes potencias económicas y democráticas, sólo para comprar sin objeciones dicho Poder y subordinarlo a las decisiones políticas superiores, a costa de una impunidad en el sistema penal -por ejemplo- que lo identifica ahora como uno de los peores y más incompetentes e injustos del mundo entero, merced, entre otras causas, a las imperfecciones, contradicciones y deformaciones interpretativas y operativas del ‘debido proceso’.

(Se le puso un precio al Poder Judicial mexicano -siempre sometido al supremo poder político, pero con pretensiones de autonomía, en el inicio de la llamada era de la democracia, que sus liderazgos de entonces decidieron vender a los jefes del nuevo Estado neoliberal- y se blindaron los privilegios de sus arrogantes ministros y magistrados. Y pretender suprimir sus vicios y sus afectaciones contra el ejercicio de la verdadera justicia –peleando en su territorio de caza y con las armas legales que dominan-, no es una lucha fácil. Sobre todo porque el argumento de la propaganda a su favor -en el confuso contexto de los oportunismo sofistas y facciosos, complicado con las conveniencias militantes y polarizadas de la coyuntura electoral- es que ahora sí, en la era de la democracia, el Poder Judicial ha podido conquistar su independencia, y es él el vulnerable y al que se debe defender de los ataques del nuevo totalitarismo presidencialista.)

Del mismo modo, se creó una enorme institucionalidad electoral que más que para favorecer la pulcritud de los comicios ha servido para encubrir, en la constitucionalidad más retorcida y amañada, el financiamiento delictivo, con recursos públicos y privados, de candidaturas mercenarias, y la elección de gobernantes y ‘representantes populares’ al servicio de sus criminales patrocinadores.

Y así como las instituciones electorales ‘autónomas’ duplican funciones que bien pudieran asumir las de los Poderes republicanos originarios, y lo hacen porque no son sino una cada vez más inocultable fachada legitimadora de los procesos democráticos defensores del estatus quo, así mismo lo hacen, porque su naturaleza es la misma, sus iguales del Sistema Anticorrupción y las demás para la fiscalización y la auditoría del ejercicio institucional en los tres Poderes de la República.

Se trata de una muy creativa y descomunal mascarada democrática, que ha generado una igualmente enorme propaganda en defensa de sus argumentos modernizadores originarios; y es tan traicionera contra los intereses nacionales y sociales, como defensora de las oligárquicas fuerzas que lucran a costa de ellos.

Y no es que deba desalentarse la inversión privada y sus remanentes fiscales, laborales y sociales. Es que en pueblos pobres y de tan alta desigualdad social –propiciadas, la pobreza y la desigualdad, por la inmoralidad pública-, el Estado debe crecer, fortalecerse e imponer su soberanía popular y su rectoría irrenunciable en los sectores estratégicos y defensores del consumo de las mayorías, y debe hacer, del ejercicio del derecho, la mejor arma contra los artificios de la transfiguración constitucional como enemiga de la justicia y en favor de las minorías.

En el sector energético se han librado batallas cruciales para el país. Y con la excusa de la corrupción populista y sindical –y de las cargas fiscales que las habrían empobrecido y debilitado-, la corrupción neoliberal ha desintegrado las industrias esenciales del Estado -cuando más autosuficientes, rentables y serviciales han sido-, en favor de una privatización selectiva, cifrada en el soborno, y contraria a la economía popular y al Estado social.

Es cierto que el presidente de la regeneración nacional ha sido extremadamente omiso en el orden de las transformaciones urgentes que hacen falta y ni siquiera se conciben en sectores tan prioritarios e intocables como el educativo y el de la seguridad, donde las mafias siguen imponiéndose al Estado, y sin cuyo éxito reformador seguirá sin haber democracia que sirva y el país seguirá siendo una nación incivil, incompetente, violenta e impune.

Pero también es cierto que si no se gana la batalla de la soberanía energética -contra el desmantelamiento de unas industrias que han abastecido de sobra la demanda doméstica y cuya degradación casi absoluta partió de un abandono criminal para favorecer los negocios del poder político con la bandera modernizadora del mercado como salvación- serán pírricas para el país las victorias de la ‘cuarta transformación’; y que ganar dicha batalla, como la guerra general contra la cultura de la corrupción, pasa por desmontar las poderosas tramas institucionales de la demagogia reformista heredada -desde el PRI salinista, al peñista, pasando por el panismo de Fox y Calderón-; y que ese extenuante proceso de exterminio -acaso imposible, finalmente- pasa por la simplificación mayúscula de los privilegios judiciales y de la institucionalidad autónoma, sin apelar a los abusos del trasteo constitucional y al reformismo doloso e intervencionista que se pretende erradicar. Es decir: todo eso pasa por la formulación de estrategias jurídicas que fundamenten las campañas presidenciales de reforma -en los foros parlamentarios, políticos, sociales y de opinión pública-, o por la oficina de la secretaria de Gobernación. Porque si alguien conoce los entresijos y los perfiles mayores de la corrupción judicial, es ella. Y si alguien tiene carácter, aptitud, reconocimiento y aliados para negociar en esos pantanos, es ella, que, no: no es un florero en la oficina más alta de la política interior del país, debajo de la del presidente. Porque, hoy día, es la Secretaría de Gobernación más judicializada de la historia.

SM

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