Aún quedan muchos asuntos por resolver en el tema de la producción, consumo y comercio legal de la marihuana en el país

El debate de la legalización de la marihuana comenzó en 2016 con el presidente Enrique Peña Nieto, quien aseguró que la estrategia prohibicionista de México contra los estupefacientes había fallado en disminuir el problema del consumo y tráfico de los mismos, por lo que buscaría aprobar el uso del cannabis con fines medicinales y de investigación, así como aumentar la dosis que pueden portar los consumidores. Para ello envió al Senado una iniciativa para modificar la Ley General de Salud y el Código Penal; el 13 de diciembre de ese año fue aprobada por el pleno del Senado. Casi dos años después, el secretario federal de Turismo de Peña, Enrique de la Madrid, propuso reabrir el debate de la legalización de la marihuana y recibió el apoyo de muchos, incluidos varios gobernadores. Unos meses antes del cambio de Gobierno federal, la entonces senadora por Morena Olga Sánchez Cordero presentó una iniciativa de ley para autorizar el consumo personal de 30 gramos de marihuana para fines recreativos. El tema estuvo en ‘stand by’, hasta que en el pasado mes noviembre los senadores aprobaron un dictamen que avaló el uso adulto responsable del cannabis, mediante la reforma de artículos del Código Penal Federal y la Ley General de Salud, y expidiendo la Ley General para la Regulación del Cannabis, además de que crearía el Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis (IMRCC). Pero los diputados decidieron no establecer dicho instituto sino transformar el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones en la Comisión Nacional contra las Adicciones. Con todo lo que queda por resolverse, no será sino hasta el próximo año cuando se expidan los primeros permisos para que asociaciones y particulares puedan cultivar y vender cannabis psicoactivo. Mientras tanto, expertos y estudios revelan que hacer legal la marihuana no tendría un efecto positivo en la ola de violencia que atiborra a las ciudades turísticas, pues el tráfico de la misma sólo representa una mínima parte de los ingresos del narco. En cambio, dar al consumidor acceso barato y legal a la marihuana sin una adecuada legislación y programas que se responsabilicen e identifiquen las consecuencias adictivas, podría provocar un problema mayor.

Javier Ramírez

En marzo pasado, luego de casi dos años de que la Suprema Corte de Justicia de Nación dictaminara que es inconstitucional prohibir el consumo de la marihuana, la Cámara de Diputados aprobó su consumo con fines lúdicos, estableciendo límites y ordenando el establecimiento de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) para encargarse de varios aspectos de su regularización.

Tras la aprobación de las dos partes del Congreso, falta que el Decreto por el cual se crea la Ley Federal para la Regulación del Cannabis sea publicado en el Diario Oficial de la Federación y comiencen a hacerse las adecuaciones correspondientes en materia de salud, a fin de establecer programas de prevención y tratamiento, pues de lo contrario México podría enfrentar un incremento en el número de adictos a dicha hierba.

Ajustes aprobados

Fue en noviembre pasado cuando el Senado votó a favor de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, que permitirá a adultos consumirlo con fines recreativos, estableciendo estrategias para concientizar sobre los posibles riesgos a la salud.

El decreto fue enviado a la Cámara de Diputados donde fue aprobado en marzo sin mayores modificaciones: un consumidor podrá tener hasta seis plantas de cannabis, o hasta ocho si hay dos consumidores o más en una vivienda. Quienes deseen tener sus propias plantas en su casa deberán tener un permiso especial expedido por la Conadic; los usuarios podrán comprar productos de cannabis psicoactivo en comercios con licencia especial.

Además, se podrán constituir asociaciones con un mínimo de dos y hasta 20 personas mayores de edad para cultivar y tener sus propias plantas de la droga, que sólo podrá ser consumida en el domicilio que la asociación tenga registrada. Cada socio podrá tener hasta cuatro plantas, pero la asociación no podrá exceder en ningún caso de 50 plantas.

Con respecto al tema de los comercios, estos lugares necesitarán una licencia especial para operar y no podrán vender más de 28 gramos por día a la misma persona. Los empaques de la droga deberán ser genéricos, sin elementos llamativos que promuevan marcas o el consumo. Tampoco podrán vender en internet, por correo o cualquier otro medio que no sea venta personalizada. No ofrecerán otros productos que generen adicción, como la nicotina, el alcohol, el tabaco o bebidas energizantes.

Queda prohibido la venta a menores de 18 años, y éstos tampoco podrán laborar en dichos lugares.

Además, si una persona es encontrada portando entre 28 y 200 gramos, recibirá una multa de hasta 10 mil 600 pesos. Más de 200 gramos se considerará delito penal. Si no se cuenta con los permisos necesarios para producir, comerciar o suministrar cannabis, las penas serán hasta de 15 años de cárcel. A quien no respete los lugares de consumo se le impondrá multa de hasta 13 mil 300 pesos.

Legisladores, divididos

En México hay aproximadamente 5.7 millones de personas consumidoras de marihuana, de los cuales 550 mil están declarados como dependientes. Es la droga más consumida en el país, que es el segundo productor a nivel mundial de la misma con 12 mil hectáreas (2011), sólo después de Marruecos.

Ante el argumento de que legalizando la marihuana se dará un golpe al narcotráfico, el investigador de la UNAM Carlos Alberra advirtió que quitarles a los cárteles la venta de marihuana no hará que su poder e influencia se reduzca. Añadió que si bien al legalizar esta mercancía se podrían cobrar impuestos, aun así se mantendría un mercado muy amplio de ilegalidad, tal como ocurre con el alcohol y los cigarros de tabaco.

Integrantes de las bancadas del PAN y PRD se manifestaron en contra y afirmaron que algunas organizaciones criminales podrían cambiar de giro para vender otros estupefacientes, o incrementar actividades como el secuestro, el robo de vehículos y la trata de personas.

Una de las promotoras de la legalización, la excandidata presidencial Patricia Mercado, hoy senadora, afirmó que el año pasado la Secretaría de Defensa Nacional de México destruyó 2 mil 807 hectáreas de plantas de cannabis e incautó 244 mil 112 kilogramos, según cifras oficiales, por lo que legalizar la droga en vez de combatirla podría dar al país un poderoso motor económico.

Éctor Jaime Ramírez, diputado federal del PAN que votó en contra del proyecto, dijo que si bien está seguro que la propuesta no reducirá la violencia, sí podría disminuir las amenazas que enfrentan sus consumidores al comprarla, pues ya no tendrían que ir a sitios escondidos, arriesgándose a salir lesionados.

¿Qué sigue?

Tras la aprobación del Congreso, el Poder Ejecutivo deberá publicar el decreto en el Diario Oficial de la Federación, lo que posiblemente sucederá en este mes de abril. Sin embargo, para que puedan ser expedidos los primeros permisos deberán concluirse varios pasos.

Primero, en un plazo de tres meses, el presidente de la República deberá hacer adecuaciones al Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. A partir de ahí, en otro plazo de tres meses, tendrá que hacer las adecuaciones para que el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones se transforme en la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), misma que emitirá, en otros tres meses máximo, un programa de prevención y tratamiento al “consumo problemático del cannabis psicoactivo”, así como el programa nacional de instrumentación y evaluación de la regulación del cannabis.

Una vez teniendo la Conadic los estudios de impacto del consumo del cannabis en la salud mental de las personas mayores de 18 años y menores de 25, deberá emitir las reglas específicas para limitar la compra y consumo del cannabis psicoactivo a este segmento de la población.

Además, las autoridades tendrán solo seis meses después de que entre en vigor la ley, para eliminar los registros de las personas con antecedentes penales por producción y comercialización de la marihuana. Por ello también se necesita delimitar el proceso y los plazos para la excarcelación de quienes actualmente están presos, acusados de delitos relacionados con cannabis.

Por lo tanto, no sería sino hasta el próximo año cuando comience finalmente la emisión de licencias y permisos para la producción, distribución y comercialización de la marihuana, tanto para uso lúdico como para fines de investigación.

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