Comienza Carlos Joaquín a imponer mano dura contra las mafias de taxistas

Los gremios de taxistas pasaron de ser mafias clientelares intocables y al servicio del crimen organizado del PRI y sus grupos gobernantes que los compraban con concesiones y posiciones políticas para sus dirigentes, a mafias en buena medida al servicio del crimen organizado de las drogas, la extorsión y las empresas complementarias de la industria del narcoterror, cuyos fueros inundan de sangre y de cadáveres una entidad caribe que intenta dominar y gobernar por medio de la violencia y de la impunidad que la ampara y la promueve. En Quintana Roo, el transporte público concesionado es uno de los subsectores de la economía estatal más dinámicos y redituables, siendo el rubro de los vehículos de alquiler, el de los taxis, el de las mayores utilidades. Con el vertiginoso desarrollo turístico –y el del mercado de las drogas que adhiere y de los grupos criminales que se lo disputan y riegan de cadáveres sus territorios costeros-, el poder monopólico de los sindicatos de taxistas ha ido en aumento y el ‘narco’ no podía dejar de operar en ellos. Grupos como los sindicatos de Cancún, Playa del Carmen y Chetumal han controlado durante años la movilidad de las ciudades donde operan, sin que ninguna administración estatal les pusiera un alto. Ahora es que han comenzado a ponerse en marcha algunas acciones públicas para advertirles a esas mafias que sus concesiones y permisos dependen del Estado y que deben regir sus actividades de servicio conforme a sus criterios de ley.

Javier Ramírez

Creyéndose intocables aliados de muchos en el poder, los integrantes de las más de 15 organizaciones de taxistas en la entidad constantemente se ven involucrados en acciones delictivas como el bloqueo de avenidas, ataques a conductores tanto de Uber como de otros sindicatos, hasta la venta de droga, ‘levantones’ y ejecuciones.  

Recientemente han realizado manifestaciones para exigir el incremento de las tarifas e impedir que los llamados mototaxis operen en comunidades rurales, aun cuando ellos no ofrecen el servicio en esos lugares.

El Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), cansado de sus demandas, respondió con un golpe en la mesa, advirtiéndoles que deberán retirar de circulación todas sus unidades Nissan Tsuru o cualquier modelo que tenga más de 10 años de antigüedad, así como iniciando operativos para constatar que cuenten con sus documentos en regla.

A la caza de taxis viejos

A comienzos de abril, el titular del Imoveqroo, Jorge Pérez Pérez, molesto porque días antes un grupo de taxistas chetumaleños obstaculizó de manera violenta un operativo para sancionar a un ruletero que conducía “un chicle retorcido” y que además no contaba con sus papeles en regla, informó que ya no habrá más periodos de gracia para hacer cumplir la Ley de Movilidad de Quintana Roo, creada hace casi tres años.

Para empezar, dijo, se retirarán de las calles todas las unidades antiguas, a fin de brindar a los usuarios viajes seguros y eficientes. Esto significará sacar de circulación unos 3 mil 800 vehículos, la mayoría Nissan Tsuru, algunos de los cuales tienen más de 10 años operando.

Advirtió que los taxistas que se nieguen a actualizar sus unidades, no tengan sus documentos en regla o no contraten una póliza de seguro, perderán sus vehículos y se les impondrá una multa que de 151 a 700 UMA, es decir de entre 13 mil 562 a 62 mil 734 pesos.

Además, se procederá legalmente contra cualquier taxista que agreda o bloquee el trabajo de los inspectores del instituto.

En cuestión de una semana han sido retiradas de circulación 12 unidades en Chetumal, pese a la petición de prórroga del líder del Suchaa, Julio César Castilla Zapata, quien aseguró que, por la pandemia, les resulta imposible cambiar sus vehículos. Señaló que son unas 350 unidades las que dejarán de trabajar, de un total de mil 936 que circulan en la capital.

El negocio de las cuotas sindicales

El padrón de concesionarios de taxis en todo el Estado oscila en más de 32 mil, según las cifras que manejan los propios dirigentes. Dependiendo del sindicato, éstos cobran entre 200 y 450 pesos por “cuotas gremiales” a cada uno de los asociados, entre otras aportaciones que no transparentan, como los “apoyos funerarios”, de aproximadamente 200 pesos más, pero que nunca llegan a su destino, y en ocasiones ni siquiera se conoce quién fue el socio que supuestamente falleció.

Se sabe que 2 mil 100 socios y alrededor de 4 mil 500 operadores están adscritos al Sindicato de Taxistas Lázaro Cárdenas del Río, en el Municipio de Solidaridad. Considerando que cada uno paga una cuota mensual de 300 pesos, representaría ingresos por un millón 980 mil pesos mensuales, poco más de 23 millones de pesos al año que pueden ser utilizados a discreción por los dirigentes en turno.

El Suchaa, de Othón P. Blanco, posee mil 936 socios, y casi 5 mil 300 conductores, lo que es 2 millones 170 mil pesos de cuotas mensuales, y 26 millones 049 mil al año.

Pero el que más dinero recauda es el Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, en Benito Juárez, que presume de 8 mil 260 socios y más de 16 mil operadores, lo que representaría 7 millones 278 mil pesos al mes por concepto de aportaciones gremiales, es decir un negocio de 87 millones 336 mil pesos al año.

Por esa razón, los líderes sindicales pusieron el grito en el cielo en febrero de 2019, cuando el Gobierno del Estado anunció que haría un cobro anual de mil 800 pesos por cada concesión de transporte.

Protestan por mototaxis

Pese a la gran cantidad de recursos que manejan, los sindicatos quieren más. Los dirigentes del Suchaa iniciaron a finales de marzo pasado una manifestación frente al Palacio Municipal de Othón P. Blanco, para exigir al alcalde Otoniel Segovia que detenga la autorización de las mototaxis en los poblados.

Tras una caravana que bloqueó las principales vías de Chetumal, se reunieron con representantes municipales para exigir que se cumpla con la Ley de Movilidad -aquella que ellos mismos ignoran- y se saque de las calles a las referidas motos.

De acuerdo con Castilla Zapata, la autorización que se tiene dada a Alcaldías y Delegaciones Municipales para la operación de los mototaxis afecta a los taxistas que ofrecen transporte foráneo hacia esas zonas porque, a diferencia de los operadores de las motos, ellos sí pagan impuestos y seguro de vida.

Hasta el momento hay unas 90 unidades operando en comunidades como Xul-Ha, Nicolás Bravo, Subteniente López y Dos Aguadas.

No es la primera vez que el Suchaa presiona para que sacar de la jugada a quienes quieran entrar al servicio de transporte urbano en el Municipio. Si Chetumal no cuenta con camiones como el resto de las capitales y principales ciudades del país, es porque los operadores de taxis y combis han saturado las rutas, haciendo poco redituable para las empresas invertir en unidades nuevas que puedan dar un servicio seguro y económico para toda la ciudad. Desde 2017, los chetumaleños, sobre todo quienes viven en las colonias más apartadas, han sufrido la falta de camiones urbanos.

Taxistas, delincuentes

Por otro lado, no son pocos los taxistas inmiscuidos en la delincuencia. Prácticamente todos los días se sabe de algún crimen que los involucra, porque al formar parte de una poderosa red de transporte, muchos de ellos son atraídos hacia el ‘dinero fácil’, participando como choferes en asaltos a negocios, narcomenudeo, agresiones y ejecuciones.

Y es que de acuerdo con información de la Fiscalía General de Quintana Roo, los taxistas han estado involucrados en 2 de cada 10 delitos de alto impacto registrados en la entidad en el último año. Esto incluye ejecuciones, asaltos a mano armada, secuestros, narcomenudeo y hasta violaciones.

Cuando Uber comenzó a operar en Cancún, en junio de 2019, la Fiscalía General del Estado recibió más de 100 denuncias de sus conductores en contra de los taxistas del Sindicato Andrés Quintana Roo, quienes se dedicaron a agredir a toda unidad que ellos consideraran parte de Uber o cualquier otra plataforma digital.

Mediante grupos de chats, los taxistas se ponían de acuerdo para atacar vehículos. Una vez ubicados, los interceptaban y obligaban a los conductores a bajar, para comenzar a destrozar la unidad. Varios de esos casos fueron captados en video e incluso se reportó la muerte de una persona, cuando al intentar escapar de los taxistas perdió el control de su vehículo y se estrelló.

En Chetumal, estas agresiones no se han dado debido a que, por su tamaño, no existe suficiente demanda para la entrada de Uber o Cabify. Sin embargo, ha aumentado el número de delitos en que los choferes del Suchaa aparecen involucrados. A finales de enero pasado se dio el caso más sonado, cuando la unidad 1218 fue atacada a balazos cerca de una de las principales avenidas. El saldo fue de dos muertos, incluido el operador.

Pese a la supuesta depuración que los gremios taxistas afirman hacer cada año, los casos violentos han ido en aumento.

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