Ampliación del mandato de Zaldívar y de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, polémica pero necesaria para poder concretar la “limpia” al interior del Poder Judicial

“Inconstitucional”, “albazo”, “ilegalidad”, “insulto a la Nación”, fueron algunos de los adjetivos que se ocuparon en las notas acerca de la prórroga en la gestión del magistrado Arturo Zaldívar Lelo de Larrea al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como parte de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera del Poder Judicial que los senadores aprobaron el pasado 15 de abril. De inmediato, partidos y organismos acusaron al presidente Andrés Manuel de buscar apoderarse de los tres Poderes de la Unión y amenazaron con ir ante instancias internacionales para denunciarlo, a pesar de que no tuvo nada que ver con el artículo transitorio que aumentó también el periodo de los demás integrantes del Consejo de la Judicatura Federal. Se trata de la reforma más importante al Poder Judicial desde 1994, al reconfigurar la Justicia federal para evitar la corrupción, el nepotismo y otras irregularidades, así como dar celeridad a los casos que aún no reciben sentencia. Es un proceso arduo que sólo un personaje como Zaldívar puede llevar a buen puerto, pues desde que asumió el cargo ha denunciado y castigado a varios jueces corruptos, como nunca hicieron sus predecesores y colegas, dado que algunos de ellos, como Eduardo Medina Mora, fungieron durante mucho tiempo como protectores de los intereses no sólo de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sino también de grandes corporativos. Asegurar la permanencia de Arturo Zaldívar en lo que resta del mandato de Andrés Manuel resulta vital, aun cuando grupos antagónicos, llámense partidos políticos o especialistas en la materia, se rasguen ahora las vestiduras, cuando en el pasado aprobaron y aplaudieron los ‘albazos’ orquestados desde las administraciones federales priistas y panistas, tanto en el Congreso de la Unión como en los Congresos locales. Queda en manos de los diputados federales aprobar a dar marcha atrás a este importante caso.

Javier Ramírez

No es ningún secreto que el jefe del Ejecutivo federal Andrés Manuel encontró en el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, a una persona que comparte el ideal de acabar con la corrupción y el nepotismo que permea al Poder Judicial.

En lo que va de su gestión, iniciada en 2019, Zaldívar ha coadyuvado en el proceso de identificación y castigo de los malos jueces, reforzando al Consejo de la Judicatura Federal con la implementación de políticas públicas con las que se han impuesto sanciones que han ido desde la destitución hasta la inhabilitación de servidores públicos.

Es probable que la Cámara de Diputados decida otra cosa, dado el gran escándalo que opositores y especialistas han hecho sobre el tema, pero con la ampliación del mandato de Zaldívar y de los integrantes de la Judicatura Federal, como parte de la reforma aprobada por el Senado, hoy el Poder Judicial tiene una oportunidad histórica.

Reforma a fondo

El 15 de abril pasado, el Senado de la República aprobó con 92 votos a favor, 12 en contra y dos abstenciones, las leyes Orgánica y de Carrera del Poder Judicial de la Federación, propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar diversas irregularidades dentro de ese poder, como parte de una reforma constitucional publicada el 11 de marzo en el Diario Oficial de la Federación.

La iniciativa del presidente que fue presentada al Senado en conjunto con el magistrado presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, instaura no sólo el sistema de carrera judicial, sino también limita la discrecionalidad de los nombramientos de magistrados y jueces, poniendo fin al nepotismo y buscando que las designaciones recaigan en los candidatos que obtengan los mejores resultados dentro de los procesos de selección.

Asimismo, se crea la Escuela Federal de Formación Judicial, se fortalece el Instituto Federal de la Defensoría Pública, se transforman los Tribunales Unitarios de Circuito en Tribunales Colegiados de Apelación y se reordena la construcción de las jurisprudencias.

Se combate el hostigamiento y acoso sexual dentro del Poder Judicial, se establece la paridad de género, y sobre todo, la imposición de sanciones a magistrados y jueces que incurran en irregularidades, ya sea nepotismo, corrupción o sobornos.

Se trata de una reforma a fondo que urgía concretar, ya que a más de cuatro años del inicio de operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio la desconfianza de los ciudadanos en los jueces, ministerios públicos, policías y demás agentes de justicia estaba en niveles de hasta -8.6 por ciento.

Y es que de acuerdo con el informe “Hallazgos 2019: seguimiento y evaluación del Sistema de Justicia Penal”, presentado en octubre del año pasado por la Organización No Gubernamental “México Evalúa”, el Índice de Impunidad Estatal tiene una media nacional de 92.4 por ciento, siendo los Estados de Sinaloa, Guerrero, San Luis Potosí y Ciudad de México los que tienen los niveles más altos. En contraste con Baja California, Guanajuato, Yucatán y Querétaro.

Según dicho informe, del millón 937 mil 564 carpetas de investigación iniciadas en 2019 en las fiscalías y procuradurías estatales, 65.8% fueron enviadas al “archivo temporal” del Ministerio Público, con lo que se detiene cualquier actividad investigadora; en 14.8% se determinó el no ejercicio de la acción penal; en 7.2% se abstuvo de investigar; en 5.8% se declaró la incompetencia; en 3.8% se declaró criterio de oportunidad; en 0.7% se acumuló; y en 2% se dio otra resolución.

Las acusaciones

Hasta este punto, la aprobación de las dos leyes habría sido presentada como un éxito por parte de todo el Senado. Sin embargo, durante la votación final del régimen transitorio, los senadores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) incluyeron el artículo transitorio XIII, presentado por el senador Raúl Bolaños Cacho Cué, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para modificar los mandatos en la presidencia de la Suprema Corte y de los consejeros de la Judicatura Federal.

De esta manera, el periodo del magistrado presidente Arturo Zaldívar se extiende dos años, para terminar en 2024 y no en 2022 como marca la ley.

El artículo presentado por el senador indica textualmente lo siguiente: “…El consejero de la Judicatura Federal nombrado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1 de diciembre de 2016 concluirá su encargo el 30 de noviembre de 2023; el Consejero de la Judicatura Federal nombrado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la nación el 24 de febrero de 2019 concluirá sus funciones el 23 de febrero de 2026; el Consejero de la Judicatura Federal nombrado por el Ejecutivo Federal el 18 de noviembre de 2019 concluirá el 17 de noviembre de 2026; las consejeras de la Judicatura federal designadas por el Senado de la República el 20 de noviembre de 2019 concluirán su encargo el 19 de noviembre de 2026; y el Consejero de la Judicatura Federal designado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la nación el 1 de diciembre de 2019 durará en funciones hasta el 30 de noviembre de 2026”.

Las reacciones de la oposición no se hicieron esperar. El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado publicó un comunicado en el que reprobó “el desaseo con el que Morena y aliados aprobaron un transitorio que amplía periodos del Poder Judicial. Esto lastima la buena fe del Trabajo Legislativo. Llamamos a que se rectifique en @Mx_Diputados. Agotaremos todos los medios jurídicos si la colegisladora lo aprueba”, a pesar de que varios senadores priistas votaron a favor de la reforma, entre ellos Eruviel Ávila y Carlos Aceves del Olmo, y otros como Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu se abstuvieron.

Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano, solicitó al ministro Arturo Zaldívar que con decoro, se deslinde de este engendro legislativo “que ofende la dignidad del Poder Legislativo y que evidencia el interés de captura del Poder Judicial por parte del titular del Poder Ejecutivo”. Y advirtió que si éste no se deslinda, su fracción parlamentaria acudirá ante organismos internacionales para “evidenciar la ruptura del orden constitucional del país”.

Por su parte, el Consejo de la Judicatura dio a conocer que el artículo transitorio en discordia no fue solicitado por el Poder Judicial, ni tampoco fue elaborado por el equipo redactor del dictamen original; y que el mismo puede ser “eventualmente modificado”, de acuerdo con el procedimiento legislativo.

Desde el primer año, ‘limpia’ en el Poder Judicial

Desde su primer informe de labores, ofrecido en diciembre de 2019, Arturo Zaldívar fue claro en aseverar que el Poder Judicial necesitaba una “autorreforma” profunda y decidida, para poder desempeñar plenamente el papel que le corresponde en la democracia, dado que durante años los esfuerzos del mismo fueron opacados por vicios y prácticas irregulares.

Mencionó que el eje sería el combate al nepotismo y la corrupción, razón por la que en su primer año al frente del Consejo de la Judicatura Federal se había implementado una política para establecer criterios y procedimientos a la hora de tomar decisiones en la carrera judicial.

De esta forma, se impusieron sanciones por responsabilidades administrativas, que incluyeron la destitución y la inhabilitación de servidores públicos por posibles casos de nepotismo, engaño a otras autoridades o por obtener beneficios de las partes en juicio.

Uno de los jueces federales suspendidos fue Jorge Arturo Camero Ocampo, integrante del Primer Circuito en la Ciudad de México, por adquirir una casa valorada en 17.8 millones de pesos en la capital del país. La habría pagado de contado, pese a que sus ingresos anuales son de 2.5 millones de pesos. De acuerdo con Arturo Zaldívar, Camero Ocampo, quien falleció en junio pasado, víctima de cáncer de páncreas, había otorgado recursos legales contra el aeropuerto de Santa Lucía y encabezaba una red de corrupción dentro del Primer Circuito.

Por sus acciones, Zaldívar recibió las críticas de personajes como el expresidente Felipe Calderón, quien lo acusó de permitir la intromisión del Ejecutivo federal en el trabajo del Poder Judicial, a lo que el primero respondió que la intromisión se dio durante su sexenio, cuando intervino en los casos de la francesa Florence Cassez y la Guardería ABC, con el apoyo del entonces procurador de la República Eduardo Medina Mora, quien fue impuesto por Enrique Peña Nieto en la Suprema Corte pero que renunció a los tres años al ser investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera por presunto lavado de dinero.

En menos de tres años, Arturo Zaldívar ha presentado avances en el combate de las irregularidades dentro del Poder Judicial, por lo que ampliar su mandato dos años ayudaría a concretar dicha labor.

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