Con la regulación del outsourcing se salda una deuda histórica del Estado con los trabajadores, aseguran, de manera unánime, los senadores

El outsourcing, o subcontratación, es el proceso con el cual una empresa contrata a otra empresa enfocada exclusivamente en determinada área, a fin de que la primera pueda dedicarse completamente al cumplimiento de actividades más fundamentales y lucrativas. En México, este esquema apareció alrededor de los años 70, utilizada por compañías dedicadas a trabajos de limpieza, mantenimiento y vigilancia. Sin embargo, poco a poco las empresas comenzaron a emplearla para evitar responsabilidades, con lo que miles de trabajadores no generaban antigüedad, ni podían cotizar de manera correcta en el IMSS ni obtener créditos acordes a su salario. En los últimos 20 años, la proliferación de estos esquemas ilegales de subcontratación se convirtió en un problema grave para la economía mexicana, pues la evasión fiscal anual alcanzaba los 500 mil millones de pesos. Además, generaba un círculo vicioso porque el IMSS no recibía las contribuciones adecuadas y, por tanto, no obtenía recursos para medicinas y hospitales. En octubre de 2019, el exlíder minero y hoy senador de la República, Napoleón Gómez Urrutia, presentó una iniciativa de ley para eliminar el outsourcing ilegal, lo que provocó el enojo de empresarios, quienes aseguraron que prohibir la subcontratación afectará no sólo la generación de empleos y la productividad de las empresas. Hoy finalmente se aprobó la regulación de esta actividad, con lo que se espera una mejora en la calidad de vida de miles de mexicanos. Sin embargo, no son pocas las empresas que amenazan con ampararse.

El pasado 20 de abril, el Senado de la República aprobó el paquete de reformas para regular la práctica del outsourcing en las empresas, con el fin tanto de apoyar a los trabajadores como de evitar una evasión fiscal de hasta 500 mil millones de pesos al año.

El dictamen, presentado por el exlíder sindical Napoleón Gómez Urrutia, contó con el aval casi unánime de sus compañeros en el Senado, incluidos panistas y priistas, quienes consideraron que con esta reforma se hace justicia a miles de personas empleadas tanto en la iniciativa privada como en el Gobierno.

Sin embargo, algunos críticos advierten que también se pondrán en peligro cientos de empleos, pues no todas las empresas tendrán la capacidad para contratar directamente al personal con sus salarios y prestaciones reales.

Aprobación casi unánime

Como pocas veces en lo que va de este sexenio, todas las fuerzas políticas en el Senado coincidieron en dar su aval a la reforma que regula el outsourcing, al registrar 118 votos a favor y sólo dos abstenciones.

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en la Cámara alta, Napoleón Gómez Urrutia, expresó que la misma es un paso fundamental para reivindicar los derechos que anteriores regímenes arrebataron a los trabajadores mexicanos, pues obligará a las empresas a registrar a los trabajadores con sus salarios y prestaciones reales, así como cubrir el pago de utilidades y cuotas de seguridad social, lo que se reflejará en mejores pensiones, al tiempo que se frena una millonaria evasión fiscal.

El coordinador del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Ricardo Monreal, recordó que fueron los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional los que explotaron y privaron de sus derechos a los trabajadores, por lo que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador priorizó “corregirles la plana a los legisladores neoliberales de 2012”.

La senadora priista Beatriz Paredes coincidió en que la reforma es de gran relevancia y que ayudará a los jornaleros agrícolas.

Los legisladores panistas, entre ellos Gustavo Madero, también consideraron la aprobación como un gran avance, aunque pidieron a sus compañeros no engañar a la gente, pues el outsourcing no se está eliminando sino regulando. Asimismo, se dijeron preocupados por el plazo de tres meses que se ha dado a los empresarios para regularizarse, por lo que adelantaron que buscarán ampliarlo a un año, para que ni el sector privado ni el Gobierno resulten afectados.

Principales puntos

El proyecto aprobado modifica las leyes del Trabajo, de los Trabajadores al Servicio del Estado, del Infonavit, el Código Fiscal, del ISR y del IVA, así como el apartado B del artículo 123 de la Constitución mexicana.

La reforma establece que las empresas no podrán contratar trabajadores bajo el esquema de outsourcing para realizar tareas permanentes o esenciales, sino únicamente en casos de trabajos especializados y efímeros, que no formen parte de las labores esenciales y permanentes de la compañía.

Quien realice subcontratación, así como a las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación, sin contar con registro correspondiente, se hará acreedor a una multa de hasta 4.4 millones de pesos.

Además, se establece que el patrón que no permita la inspección y vigilancia de las autoridades recibirá una multa de entre 22 mil y 448 mil pesos.

Las empresas tendrán tres meses para incorporar a sus trabajadores que están subcontratados como empleados permanentes.

De acuerdo con la nueva normatividad, la administración pública federal tendrá prohibido subcontratar personal, con excepción de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público.

Esperan dificultades

Jorge Sales Boyoli, presidente del Comité de Capital Humano del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), señaló que “faltó empatar tiempos jurídicos con los fiscales, laborales y penales. Veremos mucha confusión y mucha presión a la autoridad administrativa para que nos dé su versión o interpretación de varios de los vacíos legislativos que quedaron en esta reforma”, por lo que se espera que se den amparos.

En ese mismo sentido se expresó Fernando Yllanes, presidente de la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin), quien consideró que los tiempos para cumplir con las nuevas obligaciones de la reforma serán un desafío tanto para las empresas trasnacionales como para las Pequeñas y Medianas Empresas y las autoridades gubernamentales.

Por su parte, la Asociación Nacional de Empresas de Tercerización (Anater) prevé que solamente entre el 30 y 40 por ciento de las personas que trabajan bajo un esquema de outsourcing podrá ser contratado por la empresa en la que desarrolla sus actividades, y lo peor es que de estas personas, prácticamente todas perderán su antigüedad. 

Jaime Bustamante, director legal para México, Caribe y Centroamérica, de ManpowerGroup, refirió que el trabajador debe tomar en cuenta que debe ser liquidado conforme a la ley, pero una vez que esto suceda habrá terminado la relación laboral anterior y la nueva puede implicar condiciones diferentes, por lo que nada garantiza que se vaya a respetar el sueldo, ni el horario, ni el puesto.

Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) hizo énfasis en que muchas empresas comenzaron desde el año pasado el proceso de regularización de los trabajadores subcontratados, por lo que hoy en día más de 300 mil ya han sido reconocidos y transferidos como empleados propios, con incrementos importantes en los salarios, que van desde 15 hasta 32 por ciento, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Además, recordó, las empresas tendrán la obligación de repartir el 10 por ciento de utilidades, para lo cual la reforma estableció dos modalidades: la primera, que es hasta 90 días, y la segunda, que es el promedio de los últimos tres años, lo que resulte más favorable para el trabajador.

Informó que, en materia de reparto de utilidades, las empresas habían aportado 56 mil millones de pesos, monto que tras la publicación de la reforma aumentará a 157 mil millones de pesos.

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