Democracia, inseguridad y Estado fallido

Signos

Y no hay manera de que el poder público pueda cumplir con la garantía de seguridad para la población.

Ninguna autoridad ni Gobierno de los niveles del Estado republicano puede contra la violencia y el crimen.

De los Poderes federales a los estatales y a los municipales, y entre todos ellos juntos y de todos los partidos que sean sus representantes, la suma contra el delito y la inseguridad es igual a cero; y sus iniciativas y acciones, si alguna existe, son cada día más irrelevantes, porque la criminalidad no sólo se mantiene activa, sino en constante despliegue.

Evoluciona el crimen común, y en él abreva el crimen organizado. Se expande la violencia en la marginalidad de las urbes, y se multiplica la de la industria del narcoterror.

¿Y por qué es que crece ese estado de indefensión de los ciudadanos ante el crecimiento desorbitado de la violencia?, pues porque las instituciones responsables de garantizar el derecho humano de la seguridad de los individuos como la más esencial de sus obligaciones, no funcionan.

La ingobernabilidad es la marca de los tiempos de la democracia.

La incompetencia, la ineficacia, la descoordinación y la ausencia de Estado, explican la inexistencia de la paz social.

El Estado de derecho no es más que una parodia, una frase hueca.

La impunidad es la madre del caos.

Y en esa selva sin ley, los delincuentes y los bárbaros hacen fortuna.

La reincidencia y la vorágine de la espiral del delito son manifestaciones del fracaso democrático; de la inoperancia de la diversidad y la alternancia representativas.

La degradación institucional es producto de la atomización y la pulverización de los poderes públicos; de la sectarización militante y la segregación facciosa de los intereses de los bandos en conflicto por el poder en todos los niveles del Estado nacional.

La multiplicación de las guerras entre las bandas del narcoterror, lo mismo que sus alianzas, son una consecuencia exacta de la lucha a muerte entre las bandas partidistas y entre sus alianzas. Unas y otras se disputan las demarcaciones y los territorios para sus respectivos negocios, los que a menudo y cada vez más son los mismos.

Porque cada vez más la industria del narcoterror participa y financia en su favor a los liderazgos y las decisiones del poder público donde opera. Y cada vez más los liderazgos y las decisiones de ese poder público son más inoperantes en todos los frentes de su gestión, pero sobre todo en los policiales, ministeriales y judiciales, donde se hace la impunidad que al poder criminal conviene.

Y, en tal sentido, la institucionalidad totalitaria del pasado era mucho más conveniente para la seguridad ciudadana, la estabilidad pública y la paz social, que la de la pluralidad política.

En ese entonces, cuando las disposiciones jerárquicas se cumplían sin fisuras y de manera vertical desde los niveles superiores hasta los inferiores y en todos los ámbitos del Estado, las mafias podían comprar al poder político, por supuesto, en mayor o menor medida, pero no someterlo, y los gobernantes, de los menos a los más corruptos, seguían manteniendo el control.

Del tránsito a la democracia para acá, en cambio, los criminales mandan.

La mezquindad y el divisionismo han fragmentado y debilitado la unidad nacional y el poder institucional del Estado mexicano en todos sus niveles y soberanías.

Y en esa vulnerabilidad, ha cundido el libertinaje de las autoridades para corromperse o someterse sin alternativas a los jefes del narcoterror.

Y así, en los tiempos de la democracia, el Estado de derecho mexicano es más inservible que nunca y es del todo impotente para enfrentar y exterminar a las mafias, y para garantizar la mínima seguridad en el país.

Y tal es la circunstancia irremediable que se acusa en el Caribe mexicano, y, sobre todo, en las urbes más rentables para el mercado de las drogas, la extorsión, la prostitución y demás giros de la delincuencia organizada.

Los poderes públicos son presa de la fragmentación política y de la parálisis consecuente. Y esa ingobernabilidad no puede suponer otra cosa que impunidad y ley de la selva, el territorio donde, a sus anchas, reina el hampa.

SM

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