Empresarios alistan amparos contra la reforma promovida por el senador Pech, que les reduce la mina de oro que significa la desregulada y muy arbitraria concesión de las playas

Las playas del Caribe mexicano siempre han sido botín de grandes consorcios hoteleros e inversores turísticos, bajo el amparo de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, las cuales les han permitido apropiarse de las áreas de playa contiguas a sus negocios, hoteles o mansiones, e impidiendo el acceso a los mexicanos que no son sus clientes o invitados. Esta situación fue creciendo en el curso de las últimas décadas, de modo que casi todas las playas de rentabilidad turística fueron prácticamente privatizadas en Quintana Roo, en lugares como Cancún y la Riviera Maya, principalmente. Tras la crisis generada por la pandemia, el año pasado se implementaron medidas preventivas tales como el cierre de las mismas para evitar la aglomeración de personas, lo que provocó la molestia de los empresarios, quienes propusieron que, para apoyar a la economía, los arenales fueran abiertos sólo para los turistas, mientras que la población local tendría que pagar por un pase que ofrecían algunos hoteles, con un costo de entre 250 y dos mil pesos el día. Es decir que, con el argumento de que así se tendría más control sobre la entrada de personas, aprovecharían para privatizar descaradamente las costas. De inmediato el secretario federal de Turismo, Miguel Torruco Marqués, les advirtió que por mandato constitucional no existen playas privadas en México, por lo que dichos espacios públicos son para el disfrute de todos los mexicanos, sin excepción. Sin embargo, ignoraron la advertencia y los bloqueos a las playas continuaron. Para evitar que situaciones como esta siguieran repitiéndose, el Senado de la República aprobó una iniciativa de ley impulsada por el quintanarroense José Luis Pech Várguez, para modificar la Ley General de Bienes Nacionales y garantizar el acceso libre de los ciudadanos a todas las playas del país, limitando en diez metros la explotación privada de la Zona Federal Marítimo-Terrestre y ampliando con ello, en esa medida, el uso público y abierto de dichas áreas. Como era de esperarse, el sector empresarial local y nacional advirtió que recurriría a los amparos, al considerar que perjudicaría sus ingresos -y la integridad de una economía cifrada en la arbitrariedad y en la impúdica tolerancia de los Gobiernos-, y ha comenzado una campaña para pedir a los diputados federales que los escuchen y reconsideren el “error” de la iniciativa del senador Pech Várguez. Pero la reforma en cuestión, además de homologar los derechos y los beneficios de las llamadas “playas marítimas” con las de algunos países que mejor protegen el uso social de estos espacios –entre ellos España, Uruguay, Brasil y Costa Rica- también pretende, como en ellos, acabar con el nocivo libertinaje de construir sobre las dunas costeras, lo que acaba con ellas, con su naturaleza biótica, y, como en el caso de ámbitos tan frágiles y tan críticos cual el de Cancún y la Riviera Maya, constituye el peor de todos los males.

Javier Ramírez

Nada del otro mundo: La mayoría de los inversores turísticos que despliegan sus capitales en el Caribe mexicano son de los más abusivos del orbe, de los más depredadores del medio natural, y de los que más rentabilidad obtienen gracias a la corrupción del poder público.

No es ninguna novedad que en la edificación y en la operación de sus patrimonios inmobiliarios y sus negocios playeros desconozcan los más elementales derechos y normas que limitan sus posibilidades de lucro; que supongan que sus bienes y sus beneficios particulares están por encima del interés público y de las garantías constitucionales de todos los ciudadanos; que, como ha sido la regla en la idiosincrasia y la cultura mexicanas que ellos conocen, entiendan que los poderes fácticos y de los grupos de poder son los que, a fin de cuentas, dominan las decisiones institucionales y de Gobierno; que no puede haber iniciativa, por tanto, de ninguna especie, que deba cambiar tal estado de cosas o tal retorcido Estado de derecho, ni que un mandato constitucional que ordena que las playas -como el aire o el sol que pertenecen a todos en una patria civilizada- son de quien quiera disfrutarlas, no pueda violentarse para que la chusma popular no se mezcle en ellas con la gente bonita y exclusiva que tan bien paga por la privacidad de sus aguas y de sus arenas.

Si bien es cierto que hay una Zona Federal Marítimo-Terrestre a cuyo uso comercial se accede mediante concesiones y permisos, también lo es que es demasiado amplia –en relación con los países que mejor regulan el aprovechamiento de sus playas públicas- y que, además, sobran los empresarios que asumen los territorios de su colindancia como propios, y que cierran sus accesos con la abierta y flagrante complicidad o en sociedad con las autoridades que deben impedírselo.

Y, más que eso, nunca se ha impedido que se finquen inversiones inmobiliarias encima de la misma duna costera, lo cual constituye un atentado contra el medio natural, que promueve la erosión, y que ataca con mayor perjuicio las áreas más frágiles y vulnerables, como las del Caribe mexicano, cuyos suelos son los más recientes y porosos del planeta, y sus arenas, también, por tanto, las más volátiles y huidizas. 

En Quintana Roo, la pandemia ha contribuido a promover los excesos patrimonialistas y delictivos de los empresarios turísticos más atrevidos.

Con la necia y cínica excusa de contener los contagios en las inmediaciones, por ejemplo, decidieron restringir y reservar el acceso a ‘sus playas’ únicamente a huéspedes, clientes y usuarios que pagaran el impuesto de uso respectivo; es decir: un delito mayor, tratándose de la invasión y la toma de unos predios de propiedad federal.

Pero también se incrementaron las denuncias de los potenciales usuarios agraviados, y asimismo los abusos de otros, que decidieron que el pago de los derechos debidos de la Zofemat no los alcanzaba ni les impedía que, a su vez, invadieran a su antojo los espacios legalmente comercializados y afectaran el mercado de los contribuyentes efectivos.

Pero el caso es que ahora la exclusividad de la Zofemat será bastante más reducida, que el espacio libre crecerá en la medida de tal reducción, que no habrá pretexto para las invasiones arbitrarias –de negocios y de público-, y que clientelas hoteleras y gente de la calle compartirán como nunca antes las arenas mexicanas y caribes, como la lluvia y la luna y las estrellas.

Conforme las acciones preventivas contra la pandemia fueron relajándose y la gente comenzó a regresar a las playas, fueron aumentando las denuncias sobre la prohibición de acceder a ellas. Las autoridades poco o nada hicieron para resolver la situación, hasta que, a principios del pasado mes de abril, personal de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General del Estado y policías locales, removieron mobiliario que el Hotel Mandala Beach Club había colocado en Playa Gaviota Azul, en Cancún.

Empresarios y organizaciones civiles aplaudieron la acción entonces, pues aseguraron que de esta manera se reponía el orden en las playas.

Sin embargo, tras la aprobación de la reforma propuesta por el senador Pech Várguez, que amplía en 10 metros más la delimitación actual de las playas, ahora los afectados reclaman que al reducirse la Zona Federal Marítimo-Terrestre disminuirá la recaudación por este concepto, que es utilizada para la vigilancia, limpieza y conservación de los arenales.

La propuesta

El pasado 29 de abril, con 111 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, el Senado de la República aprobó el dictamen que reforma la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN), con el objetivo de asegurar que los mexicanos tengan libertad para acceder, usar y disfrutar de las playas del país.

Se trata de una iniciativa presentada por el senador José Luis Pech Várguez el pasado 2 de septiembre de 2020, la cual refiere que al no definirse en la Carta Magna ni en la ley reglamentaria un concepto específico de ‘playa para uso público’, el Estado mexicano ha carecido de capacidad para dar prioridad al derecho general antes que a intereses privados.

Por ello era necesario, en principio, reformar la LGBN para modificar la definición de Playas Marítimas, añadiéndole una faja de 10 metros tierra adentro, y así garantizar para los mexicanos el uso público, libre y gratuito, y con fines recreativos, de este espacio, como prioridad, antes que otros intereses.

Como consecuencia, la Zona Federal Marítimo-Terrestre (Zofemat) pasará de 20 a 10 metros en aquellos espacios de costa que no se encuentren concesionados. En tanto, en las fracciones de Zofemat bajo concesión, los cambios entrarán en vigor al concluir la vigencia de este derecho privado.

Además, destaca, era necesario precisar los límites de la Zofemat, pues cuando la ley mencionaba que esta inicia a partir del punto más alto de la marea, o sea la pleamar, “cuando la costa presente playas”, no especificaba si se refería a las Playas Marítimas.

Esta modificación permite también actualizar la definición de Playas Marítimas según un criterio de 2016 por el que “los acantilados, las formaciones rocosas, así como cualquier otra superficie o geoforma que por virtud de la marea el agua los cubra y descubra, deberán ser concebidos como playa marítima, y en consecuencia deberá considerarse como parte de la Zofemat”.

Con estos cambios a la legislación, la nueva configuración de las costas mexicanas ganaría 10 metros para uso público y reduciría la zona con capacidad de ser concesionada por pertenecer a la Zofemat.

En su estudio, el senador destaca que, para efectuar un análisis comparativo, se revisaron las normas vigentes para la definición, límites y usos de las playas públicas en cuatro países -España, Brasil, Uruguay y Costa Rica-, las cuales superan por mucho los 20 metros de costa bajo su dominio público, lo que obliga a las construcciones turísticas y propiedades privadas mantenerse a una distancia que garantice el uso público de las playas, al mismo tiempo que las protege de la erosión, lo que no sucede en México, donde la infraestructura fue edificada sobre las dunas y prácticamente a la orilla del mar.

Menos impuestos, la queja de empresarios

Unos días después de que se aprobaron las reformas, un grupo de alrededor de 30 empresas del sector turístico, así como organizaciones civiles, publicaron un desplegado en el que expresaron su rechazo a la reducción de la Zofemat en 10 metros, pues, afirmaron, afectará negativamente a 165 Municipios costeros en 17 Estados.

De acuerdo con los representantes del Consejo Coordinador Empresarial, la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, la Barra de Abogados, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, y organismos como Cancún Observa y México S.O.S., entre otros, con la reducción de la Zofemat se reducirán a la mitad los recursos que los Municipios recaudan por dicho concepto, aunque Pech aclaró que esta ley no es retroactiva, por lo que las concesiones vigentes se mantendrán en los 20 metros, hasta que culmine su vigencia.

Según los quejosos, esta disminución en los ingresos dejará desprotegidas a las playas, ya que de lo que sale de la Zofemat se financian acciones como la limpieza, inspección, vigilancia y protección de los arenales.

Además, señalan, no se reconoce el problema de fondo, que es el hecho de que las playas han sido tomadas por la delincuencia organizada y el comercio informal. Aseguran que estas mafias se han apoderado de espacios de playa no concesionados, para rentar camastros, sombrillas, motos acuáticas y demás actividades recreativas, aunque nunca mencionan que vigilar y detener estas actividades es trabajo de otras instancias de Gobierno, principalmente de las municipales.

Asimismo, recriminaron a Pech Várguez que la Federación no destina recursos para las playas, mientras que los concesionarios sí. Afirmaron que la iniciativa del senador se vendió como un tema de “justicia social”, pero que provocará mayor incertidumbre legal a los concesionarios, y por ello ya están listos para interponer los amparos correspondientes, además de comenzar el cabildeo con los diputados federales para que den marcha atrás a la propuesta.

Letra muerta

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 27, garantiza que todas las playas del país son propiedad de la nación, y, por tanto, de uso y disfrute de todos los mexicanos. Su regulación se establece mediante la Zofemat, que es la franja de 20 metros (que con la reforma aprobada se reduciría a 10) de ancho de tierra firme, transitable y contigua a la playa.

Se trata de un área regulada principalmente por la propia Constitución, la Ley General de Bienes Nacionales, y por el Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zofemat y Terrenos Ganados al Mar.

De esta manera, todo hotel o inmueble costero contiguo a la playa concesionario de la Zofemat, deberá apegarse a los mandatos de las referidas disposiciones. Para el uso y explotación de dicha área, deberá tramitar y pagar un derecho, el cual no les permite cercar o impedir el acceso libre a su frente de playa.

Sin embargo, en la práctica, eso no se cumple, pues por más que las autoridades municipales aseguran que impedir el acceso a las playas o expulsar de ellas a los usuarios son acciones que son sancionadas, son pocos los casos en que se hace cumplir la ley, ya que, además, por la forma en la que están establecidas una gran cantidad de propiedades a lo largo de Cancún y la Riviera Maya, no hay posibilidad de que dejen accesos libres a las playas, con el argumento de que son propiedades privadas. Así, simplemente no se permite el paso a los ciudadanos, a menos que se haga un camino público, o por el mar.

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