Multas a comercios y automovilistas, los instrumentos favoritos de atraco tributario de Mara Lezama

Desde su llegada al palacio municipal de Cancún, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa ha utilizado el encargo más que nada para hacer negocios y enriquecerse. Y, sin embargo, y a pesar del fuerte abstencionismo y de perder más de un centenar de miles de votos respecto a su primera elección, se las arregló para no sufrir el descalabro de su exhomóloga del Municipio de Playa del Carmen, a quien a pesar de ser del mismo partido y de postularse con la idea de ganar al amparo de un sufragio impulsado por la figura del presidente de la República –como casi todos los ganadores del morenismo y el verdemorenismo en los pasados comicios-, ese voto no le alcanzó para reelegirse. Cosas del destino y de la eventualidad de unas elecciones caracterizadas por la enconada confrontación militante, y donde en unos casos la fuerza del jefe máximo o de sus opositores fue mayor o menor que en otros, aunque todos los candidatos pelearan bajo el escudo de AMLO o en contra suya, pero no con su propios y particulares ofertas y capitales políticos: ganaron unos representando a los grupos enemigos del presidente de la República, o ganaron los que se postularon con la bandera de su causa. La conocida rapacidad de unos y otros en sus respectivos bandos no fue factor, como no lo fue en las elecciones quintanarroenses la de las munícipes de Cancún y Playa del Carmen, Mara Lezama y Laura Beristáin, acaso empatadas en tan bochornoso aspecto. El factor diferencial fue uno que no es medible y es muy azaroso: cuánto pesaban, en una y otra demarcaciones municipales, la popularidad presidencial y la resistencia electoral de sus enemigos. Y acaso haya otro: cuánto obró el verdemorenismo, al lado de los opositores de AMLO, en contra del morenismo de la alcaldesa playense, cuya candidatura no fue en alianza con el Partido Verde, donde su dueño y la cúpula nacional del Morena –de Mario Delgado y Marcelo Ebrard- hicieron su negocio aparte y con candidatos propios afines a los intereses de esa sociedad mercantil. Ahora queda la incógnita de si esa sociedad Verde-Morena se mantiene. Porque ahora el Niño Verde tiene buenas cartas para negociar su posición al lado o en contra de AMLO, y dentro del Morena se libra una guerra de alta intensidad entre los verdemorenistas y quienes los acusan de traidores a la causa de la ‘4T’, por una alianza que ha desnaturalizado el programa del jefe máximo, y donde todo parece conducir a un ajuste de cuentas y a una reconfiguración partidista del Movimiento de Regeneración Nacional en términos conceptuales y de filiación militante, donde la presencia y la influencia de Delgado, Ebrard y Ricardo Monreal están a juicio y bajo la lupa, señalados por faltar a la divisa de “no robar, no mentir, no traicionar”. Con toda la turbiedad de su expediente municipal, sin la fuerza de la alianza cupular verdemorenista, y con la reivindicación militante de la divisa de no robar ni mentir ni traicionar, ¿seguiría marchando Mara Lezama hacia la candidatura gubernamental de su partido?

Javier Ramírez

Los negocios ilícitos de Mara Lezama han sido extensamente documentados en el curso de los tres años de su recién concluida primera gestión. Muchos de ellos, como el del servicio privado de recoja de basura, son legados de su predecesor, Remberto Estrada Barba, como parte de los acuerdos que alcanzó con el Niño Verde y su partido antes de tomar posesión.

Por sí sola, la alcaldesa se ha involucrado en actos de nepotismo, licitaciones ‘bajo el agua’ de diversos servicios públicos y, por supuesto, el cobro indiscriminado de multas por parte de agentes de fiscalización y tránsito, entre otras irregularidades que ella ha aceptado, pero que atribuye a administraciones pasadas (aunque no ha hecho el menor intento, tampoco, por erradicar dichas prácticas, puesto que, después de todo, gran parte de los millones de pesos que se recaudan a costa de los ciudadanos va a parar a sus manos y a las de sus socios y aliados, empobreciendo la Tesorería e incrementando al infinito el déficit fiscal, el endeudamiento, los rezagos de servicios básicos, la inseguridad, y el deterioro social, ambiental y urbano que hacen de Cancún una urbe caótica y sin ley que se expande entre la extrema riqueza de empresarios turísticos y funcionarios, y la miseria, igualmente extrema y progresiva, de la colonización irregular).

El negocio en Tránsito Municipal

Recientemente, luego de regresar a sus actividades como alcaldesa y en un intento por simular que trabaja en contra de la corrupción, Mara Lezama denunció la aparición de licencias de conducir clonadas.

Al ser cuestionada sobre el origen de las mismas explicó que, de acuerdo con algunos datos, fueron fabricadas en anteriores administraciones y que por lo tanto ya no son válidas. Pidió a la población no hacer caso a personas que ofrezcan realizar el trámite para obtenerla.

Sin embargo, es un secreto a voces que algunos empleados de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal se prestan para entregar licencias originales a un menor costo que el oficial, con tal de quedarse con el dinero correspondiente. Y de las multas por infracciones, ni se diga.

Anteriormente, Estosdías ha informado sobre la manera en que la Dirección de Tránsito opera un millonario negocio con las multas y detenciones derivadas de los operativos con alcoholímetro en Cancún.

Por ejemplo, la detención, en promedio, de 5 mil 400 sujetos por conducir en presunto estado de ebriedad al año, se traduce en ingresos por unos 33 millones de pesos. Sin embargo, de esa cantidad, únicamente entre 4 y 5 millones son ingresados a las arcas municipales. El resto termina en los bolsillos de los directores, de los alcaldes, o del jefe de la mafia en turno, gracias a que la Ley de Ingresos no obliga a aclarar cuánto dinero ingresa durante todo el año, sino sólo la cantidad “que se espera recaudar” desde el principio del ejercicio.

Se trata de un negocio que también involucra a las diversas compañías de grúas, las cuales entregan dinero a los jefes de Tránsito para que sus unidades tengan prioridad a la hora de trasladar vehículos de infractores a los corralones. Desde luego, sin ninguna autoridad que los regule, se dan el lujo de exigir hasta 12 mil pesos para la entrega de vehículos, sobre todo si los agentes de Tránsito consiguen que el agraviado acepte la ‘ayuda’ que le ofrecen para salir del infame “Torito” lo más pronto posible, pues el precio normal de arrastre por las grúas en Cancún ronda entre los 2 mil y los 5 mil pesos; pero cuando se trata de un retén de alcoholímetro, los costos pueden variar entre los seis mil y los 20 mil, dependiendo del vehículo.

En este sentido, Grúas Cardona, Grúas Riviera y Grúas Figueroa gozan de la ‘exclusividad’ de formar parte de los retenes por alcoholímetro, a pesar de que el Reglamento de Tránsito Municipal obliga al Ayuntamiento a contar con sus propias grúas para mover los vehículos.

Multas a comercio, o cobro municipal de ‘derecho de piso’

Pero los automovilistas no son los únicos en sufrir a manos de los asaltantes del Ayuntamiento. Con la contingencia sanitaria ocasionada por el covid, los empresarios están pasando por momentos difíciles, ya no sólo por el cierre temporal al que muchos se vieron obligados, sino también por la imparable inseguridad, la dañada economía de las familias, y, para colmo, el terrorismo del que son objeto por parte de las bandas de la extorsión del ‘narco’ y de los empleados de Fiscalización.

En este sentido, en el último año, la administración de Lezama levantó más de 6 mil 800 actas de verificación en contra de negocios que, presuntamente, incumplieron las medidas impuestas por la pandemia. Esto arrojó ganancias para el Ayuntamiento de más de 38 millones de pesos.

Sin embargo, como se explicó anteriormente, la Ley de Ingresos sirve como un tope estimado de recaudación. Si en este caso prevé sólo la entrada de 17 millones de pesos, significa que 21 millones ‘extras’ están libres para ser usados de manera discrecional, quedando, no pocos de ellos, en las cuentas de altos funcionarios.

Meses antes de que finalizara 2019, la Ley de Ingresos 2020 estimaba una recaudación de 6 millones, pero la paralización de la actividad comercial en marzo animó a la plaga de fiscalizadores municipales a imponer multas a diestra y siniestra a todo negocio que no cumpliera con la ‘sana distancia’, el número de clientes permitido, el uso de cubrebocas, y la disposición de gel antibacterial, etcétera.

Así, con casi tres mil sanciones que llegaron a superar -muchas de ellas- los 50 mil pesos, la recaudación a finales de año rebasó los 14 millones. Es decir, se obtuvieron 8 millones de pesos ‘extras’.

Con las verificaciones al alza de comercios este año, principalmente al sector ambulante y semifijo, las sanciones también han aumentado, por lo que se espera que la Dirección de Fiscalización termine 2021 con un récord de hasta 30 millones de pesos ‘extras’, cuyo destino ninguna autoridad está obligada a informar.

De modo que por decisión propia y acaso pensando que todos los candidatos del partido del jefe máximo y de sus aliados electorales –como el Verde- caben dentro de su causa de la regeneración moral, los cancunenses tendrán que padecer otros tres años de los sobornos, negocios ilegales, inseguridad y demás irregularidades propias de la gestión de su alcaldesa.

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