Destina Ayuntamiento de OPB más recursos al Cabildo que a las comunidades rurales

Aún queda mucho por denunciar del nefasto gobierno que encabeza Otoniel Segovia Martínez en Othón P. Blanco. Su administración se ha destacado únicamente por los constantes pleitos internos en la Comuna y los casos de nepotismo, corrupción y falta de pago a sus trabajadores. Y si bien los problemas más documentados han sido los vividos en la capital, las afectaciones son mayores en las comunidades, debido al rezago en el que la mayoría se encuentra al depender casi por completo de la inversión que el Ayuntamiento les dedique. Debido a la lejanía, varias de estas irregularidades han pasado casi inadvertidas, destacándose principalmente las registradas en las alcaldías, como Calderitas, Nicolás Bravo y Mahahual, siendo los habitantes de esta última quienes más han levantado la voz por el abandono en el que Segovia los tiene, al grado de que exigen, de una vez por todas, convertirse en el Municipio número 12 de la entidad. De ocurrir este escenario, Othón P. Blanco perdería la que quizás es su mayor fuente de ingresos propios, al ser el punto turístico más visitado de su geografía. Los hoteleros, principales inversionistas en la alcaldía, ya han comenzado a presionar para que esto suceda lo más pronto posible, pues consideran que aun cuando la gestión de Segovia terminará en unos meses más, seguirán siendo ignorados por las autoridades entrantes. Lamentablemente, el resto de los centros poblacionales othonenses, al no tener las privilegiadas condiciones de Mahahual, continuarán en el abandono.

Javier Ramírez

Ya se conoce de sobra los problemas que han vivido los habitantes de la capital del Estado tras la llegada de Otoniel Segovia a la presidencia en marzo de 2019, en lugar del finado Hernán Pastrana, el primer presidente municipal electo del Morena.

Sin embargo, lo que no ha tenido mucha difusión es la cantidad de irregularidades registradas en las comunidades alejadas de la capital, que históricamente han vivido en el abandono, pero cuyos problemas se han acentuado en este trienio que está por terminar.

Obras “fantasmas”, robo de instrumentos médico, instalación de equipo defectuoso y otros problemas más han sido denunciados en los últimos meses como consecuencia de que el Ayuntamiento ha considerado dedicar tres veces más recursos (más de 20 millones de pesos) a los gastos que tienen los integrantes de su Cabildo, que al presupuesto para las Alcaldías, Delegaciones y Subdelegaciones.

Mahahual, en el abandono

Esta reducción en el presupuesto de las comunidades ha afectado a la ‘perla’ del sur, Mahahual, el destino turístico por excelencia de Othón P. Blanco, tras la separación de Bacalar en 2011.

Y es que a pesar de que en el año anterior a la pandemia tuvo ingresos anuales por poco más de 9 millones de pesos que fueron a dar a las arcas municipales, el Ayuntamiento apenas le destinó un presupuesto, ese mismo año, de millón y medio de pesos.

El año pasado el presupuesto aumentó a 2 millones de pesos, y en este 2021 se incrementó a 2 millones 182 mil 200 pesos, 221 mil 114 pesos menos que lo que se destinó para Calderitas, a pesar de la diferencia en la recaudación.

En marzo de este año, como parte de un programa de mejoramiento de alumbrado público, la Comuna anunció con bombo y platillo el cambio de luminarias en la comunidad. En total, fueron cambiadas 132 lámparas, 88 en la calle principal y 44 en la zona del domo principal.

Sin embargo, el gusto sólo duró escasas semanas a los habitantes de Mahahual, pues más de la mitad de las nuevas luminarias dejó de funcionar a los pocos días y la zona turística quedó totalmente a oscuras. Más de tres meses tuvieron que pasar para que las autoridades municipales atendieran las quejas y acudieran a sustituir los equipos, aunque el mal funcionamiento continúa en algunas, pues quedan encendidas todo el día, lo que terminará por acabar con su vida útil rápidamente.

De acuerdo con el representante de los hoteleros en Mahahual, Gerardo Pérez Zafra, tanto los empresarios como los habitantes están cansados del abandono en el que los tiene el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, pues a pesar de que es la comunidad que más aporta al Municipio, éste no le devuelve lo que por ley debe corresponderle.

Esta falta de recursos también se observa en los trabajos de recolección del sargazo, puesto que el Ayuntamiento no ha podido aportar el millón de pesos que le corresponde para que la Secretaría de Marina coloque una barrera antisargazo.

El empresario acepta que el número actual de habitantes (2 mil 500) es la principal dificultad que tienen que enfrentar para pedir la erección del Municipio, aunque confía que la población flotante, calculada en casi 5 mil, ayude a que ese factor no pese sobre el económico, al ser la comunidad que más recauda para Othón P. Blanco actualmente.

Regidores, en la opulencia

Mahahual no es la única comunidad afectada por los recortes del Ayuntamiento capitalino, que encuentra mucho más importante destinar recursos para su Cabildo que a las alcaldías, imagen urbana, policía y desarrollo rural.

El Presupuesto de Egresos de la Comuna para este 2021 es de 888 millones 801 mil 258 pesos. De ese total, el Cabildo presupuestó para su gasto 20 millones 550 mil 742 pesos, lo que sobrepasa por mucho a los recursos destinados para la Coordinación de Alcaldías, Delegaciones y Subdelegaciones (6 millones 011 mil 148 pesos), Imagen Urbana (17 millones 015 mil pesos), Dirección de la Policía Preventiva (8 millones 856 mil 820 pesos) y Dirección de Desarrollo Rural (4 millones de pesos).

Tan solo la Secretaría General del Ayuntamiento cuenta este año con un presupuesto de 16 millones 121 mil 310 pesos, mientras que la Secretaría Particular tiene 7 millones 086 mil 203 pesos.

El edil Segovia Martínez dispone de 5 millones 622 mil 075 pesos, más 5 millones 410 mil para promocionar su imagen.

A la Dirección de Salud le destinaron 5 millones 941 mil pesos, a pesar de que recientemente salió a la luz que su directora, María Fernanda Aguilar Ayala, “desapareció” equipo y mobiliario de la clínica dental de Morocoy, valuado en más de un millón de pesos.

De acuerdo con el delegado de la comunidad, José Puerta, en diciembre de 2019 la funcionaria llegó con policías municipales, rompió los candados del hospital y se llevó el equipo con el argumento de darle mantenimiento, pero nunca lo regresó.

Dicha clínica fue construida en 2018 con una inversión de un millón 650 mil pesos por parte de la administración de Luis Torres Llanes y daba atención a habitantes del menos seis comunidades, incluyendo El Cedral, San Pedro Peralta y Limonar.

El delegado indicó que en varias ocasiones han pedido a las autoridades que se informe el paradero del equipo, pero se han topado con pared debido a que Aguilar Ayala es protegida por Segovia Martínez.

Contratos “fantasmas”

Irónicamente, varios de esos privilegiados regidores han denunciado las irregularidades que Otoniel Segovia ha cometido a las finanzas municipales mediante la asignación de presuntas obras en las comunidades rurales.

En el informe del Programa Anual de Inversión 2020 se pueden observar varias anormalidades en los contratos para trabajos de obra pública. Por ejemplo, en la localidad de Nicolás Bravo se planearon labores de pavimentación, para lo cual se asignó el contrato COP-LO-OPB-016-2020 a la empresa Servicios y Materiales Constructivos, S.A. de C.V., pero sin especificar el monto de la obra.

En Sacxán, la empresa Pavimentos, Maquinarias y Proyectos de Q. Roo, S. de R.L. de C.V. ganó un contrato para realizar también trabajos de pavimentación, pero tampoco se reportó el monto.

Varios contratos más se hicieron para obras en Sabidos, Revolución y Esteban B. Calderón, para las empresas Grupo SAHER Villareal, S.A. de C.V. y Agregados y Bloques de Chetumal, S.A. de C.V., sin que se registraran los recursos presupuestados ni los avances de los supuestos trabajos.

A pesar de que se interpusieron las correspondientes denuncias ante la Contraloría municipal para que se investigue y sanciones a los responsables, no hubo resultados y sí, por el contrario, se perdieron hasta 4 millones de pesos de recursos federales para obra pública, debido a que la Comuna no realizó los procedimientos de licitación a tiempo.

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