Consulta para enjuiciar a presidentes, un costoso e inútil capricho presidencial

Desde antes que iniciara su administración, el presidente Andrés Manuel apostó por efectuar consultas populares para determinar si deben ponerse en marcha o no varios proyectos de su Gobierno. Así, en menos de tres años, se efectuaron ejercicios para preguntar a las personas si estaban de acuerdo en la construcción de la Termoeléctrica de Morelos, el Corredor Transístmico y la cancelación del Aeropuerto de Texcoco para dar paso al de Santa Lucía. Todas ellos se efectuaron con el apoyo de la Secretaría de Gobernación, así como la Secretaría de Hacienda y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, aunque también hubo ocasiones en que se efectuaron simple y sencillamente con el método de la “mano alzada”. Así fue como se canceló la construcción del Metrobús Torreón-Gómez Palacio-Lerdo, en el Estado de Coahuila. También cuando el mandatario preguntó si debía responder a las ofensas del entonces presidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, la mayor de las consultas aún estaba por realizarse: la de llevar a juicio, o no, a los cinco expresidentes. Para que tuviera carácter vinculatorio, esta vez el INE, a regañadientes, participaría en su organización -no sin antes intentar pedir más de mil 500 millones de pesos para ello-. Sin embargo, varios factores podrían llevar al fracaso este ejercicio ciudadano, pues, para empezar, tendrá un costo de más de 500 millones de pesos y se necesita la participación de al menos 37 millones de mexicanos. Para más INRI, el mismo jefe de la Nación, promotor de la consulta, ya confirmó que no participará en ella, porque no cree en la venganza. Las críticas de los especialistas en leyes no se han hecho, al considerar que los expresidentes podrían ser enjuiciados sin necesidad de preguntarle a la ciudadanía y, sobre todo, hacer un gasto innecesario de recursos.

Javier Ramírez

El próximo 1 de agosto los 93 millones de mexicanos que cuentan con credencial para votar podrán participar en la “primera consulta popular de carácter vinculatorio para los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales y autoridades competentes en el país”, convocada por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, para determinar si se lleva o no a juicio a los expresidentes del país.

Sin embargo, varios factores, entre los que está la modificación de la pregunta original por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el requerimiento de un porcentaje mínimo de participantes, así como el millonario costo que implicará, están provocando fuertes dudas entre los especialistas, principalmente juristas y jurisconsultos, quienes consideran que la Justicia no debe consultarse sino aplicarse, por lo que de existir pruebas de delitos de los presuntos involucrados el Estado debería denunciarlos directamente.

Por lo pronto, el INE ya recibió una negativa por parte de la Suprema Corte tanto para posponer la consulta como para solicitar más recursos para la misma, por lo que ahora tiene menos de un mes para cumplir con la instalación de más de 60 mil mesas receptoras de opinión en todo el país.

Pregunta ambigua

Fue en noviembre de 2018 cuando el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador se comprometió a realizar a lo largo de su mandato varias consultas ciudadanas sobre diversos temas, incluido el de llevar a la Justicia a los expresidentes por corrupción.

En esa ocasión, propuso que la pregunta tendrían que responder los mexicanos con un “sí” o “no, sería: “¿Crees que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, debe de promover que se juzgue para que haya justicia y no solo se persiga a ‘chivos expiatorios’ y se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción y otros delitos a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto?”.

Posteriormente, los diputados federales del Morena harían una propuesta similar, aunque finalmente, con 8 votos a favor y 3 en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que sería la siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Como varios expertos, el presidente se quejó de que se cambiara la pregunta, ya que, comentó, la nueva es “poco clara”. Aseveró que se volvió genérica, pero pidió a la gente interpretarla como “¿quieres que se investigue y, de conformidad con la ley, se juzgue a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto?”.

De acuerdo con Javier Martín Reyes, especialista en políticas judiciales del Centro de Investigaciones y Docencias Económicas (CIDE), la ambigüedad y generalidad de la nueva pregunta abre todo un abanico de posibilidades respecto a qué “actores políticos” se refiere y sobre qué “decisiones políticas tomadas en los años pasados” se deben investigar, ya que ya no se limitaría a los cinco últimos expresidentes sino a otros personajes o inclusive otros hechos, como la Matanza de Tlatelolco.

Consulta, pretexto del INE para pedir más recursos

A finales del año pasado, Uuc-Kib Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que la consulta para determinar si se enjuicia a los cinco expresidentes mexicanos por corrupción podría tener un costo de más de 8 mil millones de pesos. De inmediato, el consejero presidente Lorenzo Córdova salió a desmentirlo, indicando que la cifra que dio su compañero corresponde a la realización de una elección federal.

Y tras el comentario del presidente Andrés Manuel, quien aseveró que “claro que va a costar 8 mil millones de pesos”, porque “ellos gastan muchísimo pero además ellos le agregan”, el Consejo General del INE proyectó que en total necesitaría 1,499 millones 392 mil 669 pesos extras para llevar a cabo la consulta ciudadana.

Córdova señaló que se trata de una cifra mucho menor a los 8 mil millones que cuesta hacer una elección federal, gracias a que atendieron la recomendación de reducir al máximo los costos, reutilizando materiales y servicios que se adquirirían para el proceso del 6 de junio de este año.

El INE entonces presentó una controversia constitucional en la que reclamó que el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal no consideró la realización de la consulta popular, por lo que solicitó al Congreso de la Unión la entrega inmediata de más de mil millones de pesos para la realización del referido proceso.

Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró infundada la exigencia al determinar que “no existe ni constitucional ni legalmente una obligación por parte del Congreso de la Unión al emitir el decreto de la convocatoria a la consulta popular de establecer o determinar los recursos económicos con los que el INE deberá llevar a cabo la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados del ejercicio de opinión ciudadana”.

De esta manera, el INE tendría que realizar la consulta con los recursos que se le asignaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, poco más de 26 mil 819 millones de pesos, sin recibir algún incremento extraordinario.

A regañadientes, Lorenzo Córdova informó que el INE cumplirá con la realización de la consulta, aunque tendrá que utilizar recursos que ya estaban destinados para otras tareas.

Las razones de AMLO para la consulta

De acuerdo con el presidente Andrés Manuel, cada uno de los cinco últimos exmandatarios deberían ser juzgados por razones muy específicas. El 22 de junio pasado, en conferencia, recordó a los mexicanos cuáles son esos motivos.

El juicio a Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), “porque entregó todos los bienes de la nación y del pueblo de México a sus allegados. Así de sencillo”. A su compañero priista Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), “porque con el Fobaproa convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública y llevamos 30, 40 años pagando esa deuda”.

A los panistas Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), porque el primero “engañó al pueblo, porque con el esfuerzo de muchos llegó a la Presidencia y se convirtió en un traidor a la democracia”, esto tras confesar que “cargó los dados en la elección del 2006 para imponer a Felipe Calderón”. Al segundo, “porque desató la guerra, declaró la guerra a la delincuencia sin atender las causas; y se llevaron a cabo masacres, había instrucciones de rematar a heridos, y ahí están los datos, los niveles de letalidad en enfrentamientos”.

Y finalmente, a Enrique Peña Nieto (2012-2018), del PRI, “por los actos evidentes de corrupción. Ahí está como testigo protegido el que estaba de director de Pemex declarando que, por órdenes superiores, para aprobar las llamadas reformas estructurales, sobre todo la reforma energética, se entregaba dinero a legisladores de los partidos que ahora son de oposición”.

Los resultados serán jurídicamente obligatorios sólo si se alcanza el 40 por ciento de participación ciudadana, es decir, que deberán acudir a las mesas receptoras más de 37 millones de mexicanos.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel ya informó que no participará en la consulta, ya que no cree en la venganza. “Yo propuse lo de la consulta porque considero que es un ejercicio importante, no solo legal, sino moral (…) Yo digo perdón sí, olvido no”, afirmó.

Indicó que es importante que se debata el tema y que la gente decida con libertad al respecto, para que no se repitan situaciones tan lamentables.

Te puede interesar

La Auditoría de la Federación detectó, que pese al combate a la corrupción, Pemex y la SCT tuvieron los mayores daños patrimoniales durante 2020, aunque aún faltan los resultados de las revisiones a las dependencias encargadas de las megaobras

Tras el error que presentó a principios de este año, en su reporte de daños …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *