La guerra mediática entre la FGR e Ildefonso Guajardo apunta a otro fallido proceso en el historial de Gertz Manero

De buenas a primeras, el exsecretario de Economía Ildefonso Guajardo Villarreal se convirtió en el último de los colaboradores del Gobierno de Enrique Peña Nieto en enfrentar un proceso penal por presunto enriquecimiento ilícito, algo que no es difícil de imaginar debido al negro historial de corrupción de varios de los funcionarios federales del pasado sexenio. La denuncia fue interpuesta por la Secretaría de la Función Pública en octubre pasado, pero no fue sino hasta este 9 de julio, un día después de la difusión de un video que muestra a uno de los hermanos del actual presidente recibiendo dinero durante el proceso electoral de 2015, que la Fiscalía General de la República informó que un juez lo vinculó a proceso, lo que provocó que las partes involucradas iniciaran un pleito en redes sociales y medios de comunicación, acusándose mutuamente de mentir. Rápidamente, los dirigentes nacionales del PAN y del PRI, con la urgencia de hacerse notar tras la derrota que recibieron hace apenas unas semanas, salieron a defender a su próximo diputado federal, asegurando que la Federación intenta debilitar a los opositores de su “régimen totalitario”. Por lo pronto, Guajardo no pisará la cárcel debido a que el juez sólo impuso medidas cautelares, pero su futuro dentro de la LXV Legislatura que iniciará funciones el próximo 1 de septiembre estaría en juego, siempre y cuando la Fiscalía consiga armar, por fin, un sólido caso dentro de los próximos cuatro meses.

Javier Ramírez

A diferencia de otras administraciones federales, en las que desfilaron hasta tres titulares de la Secretaría de Economía en un solo sexenio, Ildefonso Guajardo Villarreal ocupó el cargo desde el inicio hasta el final del Gobierno de Enrique Peña, de 2012 a 2018.

Originario de Nuevo León e integrante del Partido Revolucionario Institucional, fue responsable directo de diversas negociaciones comerciales, incluyendo la de un nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá en 2018 denominado T-MEC, y creó el Instituto Nacional del Emprendedor y la Comisión Federal de Competencia Económica.

Sin embargo, de acuerdo con las investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, durante ese lapso su patrimonio tuvo un incremento de más de 8 millones de pesos, cuyo origen nunca acreditó, razón por la que fue vinculado a proceso en un intento, asegura él, de impedir que rinda protesta como diputado federal en septiembre próximo.

La Fiscalía General de la República, que bajo las órdenes de Alejandro Gertz Manero se ha caracterizado por presumir la apertura de varios casos en contra de probados delincuentes, entre éstos el gobernador tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se juega nuevamente la credibilidad, pues hasta ahora son contados aquellos a los que realmente ha puesto tras las rejas, pese a los trabajos y las pruebas aportadas por dependencias como la Unidad de Inteligencia Financiera.

Acusaciones, por ambas partes

El pasado 9 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que, por medio de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, obtuvo de un juez de Control la vinculación a proceso en contra del exsecretario de Economía Ildefonso Guajardo Villarreal, por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con el comunicado emitido por la dependencia, el exfuncionario federal no pudo acreditar el origen de un incremento injustificado en su patrimonio durante los años en que estuvo al frente de la referida secretaría.

Por esa razón, el juez dictó como medidas cautelares la firma periódica en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, así como la prohibición de salir del país sin autorización judicial. Además, otorgó a la FGR cuatro meses para cerrar la investigación complementaria.

Ese mismo día, Guajardo Villarreal emitió su postura sobre las acusaciones de la FGR, asegurando que estaba tranquilo y sereno “debido a la honradez y el honor” que ha tenido a lo largo de 40 años como servidor público, con pruebas que acreditan su inocencia ante la “injusta acusación de la FGR”, que confía en la parcialidad del Poder Judicial de la Federación y que, “sin acusar a nadie”, el asunto le huele a “persecución política”.

Apuestan por lo mediático

Ildefonso Guajardo acusó a la dependencia de haber iniciado una persecución política en su contra debido a que durante la audiencia de vinculación a proceso, el Ministerio Público de la Federación solicitó, como medida cautelar, que el exfuncionario no rindiera protesta como diputado federal del PRI.

“Lo dijeron explícitamente: que yo no fuera a tomar protesta como diputado, soy diputado electo, y ahí estaba totalmente fuera de lugar la Fiscalía. Ellos no lo pueden pedir, es un poder distinto”, señaló Guajardo en entrevista.  

“Estuve en la campaña de mi partido en Nuevo León, puede que no les hayan gustado algunas declaraciones… y luego voy a hacer un diputado de oposición… simplemente con lo que dijo la Fiscalía, de que el objetivo era impedir mi toma de protesta en la Cámara, me queda claro que esto es persecución política”, aseveró. Además, acusó que la Fiscalía no le dio a su defensa acceso a las pruebas y documentos del caso.

Al respecto, la Fiscalía publicó varios mensajes en redes sociales para desmentirlo, y explicó que la acusación principal contra él es por una cuenta en el extranjero con 8 millones 169 mil 639 pesos, cantidad que, asegura Guajardo, se trató de un depósito correspondiente a su parte de la herencia de su madre; pero la FGR apunta que “él entregó la escritura sobre ese tema en la que su mitad no corresponde, de ninguna manera, con la cantidad que dice haber depositado por ese origen”.

“Desde el 8 de marzo, se le ha dado acceso permanente a toda la indagatoria y, a su vez, se le ha pedido que demuestre el origen de esa inconsistencia, sin que lo haya hecho. Y, ante tales circunstancias, la única opción del Ministerio Público Federal (MPF), fue la judicialización del caso”.

La FGR declaró que este asunto fue denunciado por la Secretaría de la Función Pública Federal el 12 de octubre del año pasado, y que la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) fue la encargada de integrar la carpeta correspondiente, dándosela a conocer al acusado desde el 8 de marzo de este año.

Guajardo explicó que la transferencia de 300 mil dólares detectada fue por una compensación en la cesión de los derechos de herencia de su madre, transacción que fue hecha por su hermano mayor a una cuenta que el exfuncionario abrió en Washington, D.C., debido a que durante siete años trabajó como funcionario del Fondo Monetario Internacional en los Estados Unidos.

El resto del presunto dinero ilícito, dijo, se debió a un error que cometió cuando en 2010 compró en cerca de 800 mil pesos un cuadro de un artista oaxaqueño. Sin embargo, debido a que su casa en su natal Monterrey no estaba lista, no recibió la obra sino hasta cinco años después, cuando ya era secretario de Economía. Declaró el cuadro como parte de su patrimonio en 2015, pero con el error de hacerlo como si la compra hubiese sido hecha ese año.

La Fiscalía no aceptó las explicaciones de Guajardo y lo acusó entonces de enriquecimiento ilícito por casi 9 millones de pesos.

Ahora el Ministerio Público federal tiene hasta el próximo 8 de noviembre para recabar toda la información posible para defender la acusación en contra del exfuncionario.

La credibilidad de la dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero ha ido a la baja debido a varias decisiones polémicas, como el no procesar al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, pero principalmente por no ejercer acción penal contra el exsecretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos, luego de calificar de locos a los funcionarios estadounidenses involucrados en la investigación contra el exfuncionario en aquel país, y advertir que emprendería un juicio internacional contra la Administración de Control Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) para conocer por qué retiraron los cargos.

Te puede interesar

La Auditoría de la Federación detectó, que pese al combate a la corrupción, Pemex y la SCT tuvieron los mayores daños patrimoniales durante 2020, aunque aún faltan los resultados de las revisiones a las dependencias encargadas de las megaobras

Tras el error que presentó a principios de este año, en su reporte de daños …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *