Las disputas por la basura en Cancún, estimuladas por el interés particular de la alcaldesa en el negocio, elevan los niveles de violencia y de ingobernabilidad más allá de los disparados todos los días por los sicarios

Pequeñas pero cuantiosas obras públicas de asignación directa e infladas al extremo de costos presupuestales millonarios por contratistas piltrafa reclutados para tales efectos factureros -tan censurados en el discurso por López Obrador-; prestanombres y representantes crecidos desde serviles ayudantes y mandaderos de pacotilla hasta empresarios diversificados en distintos ramos -y del ámbito periodístico y mediático, en particular-; atracos recaudatorios mediante mafias fiscalizadoras que operan las permisivas omisiones de la Ley de Ingresos de la municipalidad; negocios tan sucios como el de la participación de la familia gobernante en la rentable concesión privada de la recoja de basura de dicha municipalidad; esos y muchos otros intereses fraguados entre la reelegida alcaldesa Mara Lezama, el exgobernador cozumeleño Félix González Canto, y el dueño del Partido Verde, Jorge Emilio González Martínez, alias el Niño Verde, aseguran la degradación progresiva del Municipio cancunense de Benito Juárez y garantizan la descomposición absoluta de Quintana Roo, si dicha trinidad, al amparo de la milagrosa popularidad obradorista y de la causa de la regeneración moral del jefe máximo, se hace con el Gobierno de la entidad caribe el año venidero. Nada nuevo, salvo su crecimiento vertiginoso y desaforado, en la historia de la estafa política y el vasto saqueo del erario y de los bienes públicos que han significado casi todos los Gobiernos estatales y municipales, pero sobre todo los de la que fue llamada ‘Nueva generación’ -o el legado de los gobernadores priístas Joaquín Hendricks y Félix Gonzáles- y los de las municipalidades turísticas devastadas en los últimos años por las gestiones políticas y administrativas más depredadoras de todos los tiempos. Porque en los últimos años, los alcaldes de Benito Juárez, por ejemplo, han utilizado la privatización de los servicios municipales como fuentes de ingresos particulares extraordinarios, y otros diversos negocios millonarios similares y de falso interés público han sido expuestos por la delictiva manera en que fueron operados: desde la renta de patrullas hasta el mantenimiento del alumbrado público. Pero, sobre todo, la recoja y disposición final de la basura, la maliciosa iniciativa que más daño ha provocado tanto al erario como a los ciudadanos y los contribuyentes, todos los cuales han quedado inundados, a menudo, de desechos, debido al mal servicio de las dos empresas que hoy se siguen peleando la concesión: Intelligencia México S.A. de C.V., del empresario Carlos Canabal Ruiz, y la regiomontana Red Ambiental Recolector S.A. de C.V., propiedad de un operador político del Niño Verde, Jorge Emilio González Martínez, y entre cuyos socios también estaría Daniel Berrón Lezama, hijo de la recientemente reelegida alcaldesa María Hermelinda Lezama, quien de manera unilateral decidió cancelar el contrato de 20 años con la primera de las empresas referidas para dársela a la segunda, lo que provocó un litigio que se resolvió con un amparo a favor de la compañía del exalcalde interino Canabal Ruiz. El Ayuntamiento ignoró dicho fallo y dejó de pagar a la empresa por el servicio, lo que provocó un adeudo de cuatro meses. Los empleados de la misma, desesperados e inconformes, decidieron iniciar una manifestación que culminó con un violento zafarrancho con policías municipales y un saldo de varios lesionados, incluido un reportero. La alcaldesa y la secretaria del Ayuntamiento, quienes aseguran que no existe ninguna obligación del Gobierno municipal con Intelligencia México, emitieron boletines de prensa asegurando que fueron los trabajadores de dicha firma quienes atacaron e hirieron a los uniformados, por lo que emprenderán acciones legales en contra de estos, lo que podría ocasionar más protesta y, por lo tanto, más perjuicios en contra del turismo y los ciudadanos.

Javier Ramírez

Como sucediera el 9 de noviembre del año pasado, cuando una protesta de mujeres en la Plaza de la Reforma de Cancún terminó con varias personas heridas tras una agresión a balazos de los policías municipales, una vez más quedó en evidencia la incapacidad de este cuerpo policiaco para manejar las manifestaciones en el principal polo turístico de la entidad y del país.

El enfrentamiento entre trabajadores de la empresa Intelligencia México, que asegura poseer todavía el contrato para la recoja de basura en la ciudad, y los policías municipales, concluyó con un saldo oficial de 10 personas heridas, entre empleados, policías y hasta reporteros que cubrían el hecho. Además, seis de los ocho detenidos están hospitalizados debido a la fuerza con la que actuaron los agentes, derivando en quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de la entidad y una supuesta investigación policiaca.

Mientras esto sucedía, los empresarios, quienes aún no pueden recuperarse de las afectaciones provocadas por la pandemia, expresaron su molestia ante estos hechos que no sólo ocasionan pérdidas por el cierre de calles y negocios, sino también manchan la imagen del destino por la cantidad de turistas que se vieron en la necesidad de llegar caminando a hoteles y terminales.

Otro violento desalojo

Fue el pasado 5 de julio cuando el conflicto que existe entre Intelligencia México S.A. de C.V., y el Ayuntamiento de Benito Juárez llegó a un punto máximo. Cansados de tener más de ocho quincenas sin recibir el sueldo por el servicio que aún prestan a la Comuna, decenas de trabajadores de la referida empresa iniciaron una manifestación en el primer cuadro de la ciudad de Cancún.

Desde antes de las 16:00 horas, utilizaron sus unidades recolectoras para cerrar la Avenida Tulum, desde la Avenida Cobá hasta la Avenida Uxmal, con el fin de exigir la presencia de las autoridades municipales y llegar a un acuerdo que les permitiese recibir el dinero que les deben.

Sin embargo, las horas pasaron y ninguna autoridad se acercó a ellos, lo que ocasionó que aumentaran los ánimos. Los quejosos arrojaron bolsas de basura a las calles y comenzaron a quemarlas, lo que afectó tanto a ciudadanos como a turistas, muchos de los cuales terminaron perdiendo sus vuelos o autobuses al no poder llegar a tiempo a las distintas terminales. Asimismo, varios locales cercanos cerraron sus puertas ante el temor de que las cosas se salieran de control.

A eso de las 20:00 horas estalló el enfrentamiento entre los empleados y elementos de la Policía Municipal que llegaron al sitio para retirar los camiones y abrir las vías. Primero, los demandantes lanzaron piedras en contra de los agentes, quienes respondieron rompiendo los cristales de las unidades y golpeando a varios trabajadores y hasta a reporteros, incluido Jorge Ugalde, del portal Descontento Ciudadano, que transmitía en vivo el suceso y que en todo momento se identificó como prensa.

Luego de unos minutos, la manifestación fue dispersada y los policías aprehendieron a ocho personas, acusadas de lesionar a tres uniformados. Asimismo, la secretaria del Ayuntamiento, Flor Ruiz Cosío, apuntó que se interpondría una denuncia por obstrucción de vialidad y lesiones contra la empresa Intelligencia México.

Asimismo, la funcionaria aseguró que debido a que el amparo de Intelligencia México no es definitivo, el Ayuntamiento no tiene adeudo alguno con los trabajadores de esta firma.

Aumentan las manifestaciones

Los pequeños empresarios expresaron su disgusto por las cada vez más frecuentes manifestaciones y cierres de calle en la ciudad, pues apenas semanas antes, vecinos de al menos 35 colonias irregulares también cerraron vías para exigir que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) electrifique sus asentamientos. Aunque la situación culminó de manera pacífica en esa ocasión, los daños fueron para los negocios.

Por su parte, las cámaras empresariales, como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresaron su apoyo hacia las acciones que el Ayuntamiento emprendió contra los trabajadores de Intelligencia México, debido a que afectaron tanto la movilidad como la seguridad.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) confirmó que se ingresaron dos quejas por el ataque de los policías, una por parte de un trabajador de Intelligencia México y otra del periodista Jorge Ugalde. Confirmó que seis de los ocho detenidos por la Policía están hospitalizados en la clínica del IMSS de la Región 510.

Irónicamente, el día de los hechos, el Ayuntamiento cancunense informó que todo está listo para la creación de un cuerpo policiaco especializado en el manejo de manifestaciones, el cual dependerá de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito municipal, como parte de una recomendación emitida por la Cdheqroo tras la represión que sufrieron decenas de personas el pasado 9 de noviembre y en la que dos reporteros resultaron lesionados por las balas de los uniformados, lo que a la postre le costó el empleo tanto al secretario municipal Eduardo Santamaría, como al secretario estatal Alberto Capella Ibarra (aunque este último siguió en el cargo y cobrando hasta hace apenas unos días).

El origen del problema

Unos meses antes de concluir su gestión como alcalde títere del Niño Verde, Remberto Estrada Barba otorgó a la empresa Intelligencia México un contrato de 20 años para que se hiciera cargo del servicio de recoja y disposición final de la basura, con una cláusula que refiere que, en caso de revocación, imputable o no a la empresa, esta recibirá una indemnización de más de 2 mil 800 millones de pesos, es decir más de la mitad del presupuesto anual de la Comuna, que es de alrededor de 4 mil millones de pesos.

El contrato de la concesionaria, que inició el 1 de enero de 2018 y concluirá el 31 de diciembre de 2038, determina, además, que recibirá de la Comuna unos 12 millones 391 mil pesos, más IVA, al mes, para la recoja de basura.

Sin embargo, a principios de 2020 las calles pronto comenzaron a llenarse de desechos, debido al pésimo trabajo de Solución Integral de Residuos Sólidos (Siresol), órgano descentralizado de la Comuna que supervisaba y pagaba directamente a Intelligencia México.

Pero Mara no sólo no quiso solucionar el problema, sino que además intentó aprovecharse de este incrementando el costo del servicio en casi 400 por ciento, además de intentar establecer un nuevo impuesto por la imposición de unos contenedores “inteligentes” operados por la empresa Eco’ox.

Al final los incrementos y el impuesto no prosperaron, pero la alcaldesa aprovechó el momento para permitir en diciembre pasado la entrada “por sólo 15 días”, pero con una presentación con bombo y platillo, de la empresa Red Ambiental Recolector S.A. de C.V., originaria de Nuevo León, propiedad de Horacio Guerra Marroquín, operador del Niño Verde, teniendo como uno de sus socios a Daniel Berrón Lezama, hijo de Mara Lezama.

El conflicto legal

Tras finalizar los 15 días, la alcaldesa y ‘su Cabildo’ decidieron otorgarle a Red Ambiental Recolector la concesión del servicio de manera definitiva argumentando que Intelligencia México nunca tuvo la capacidad suficiente para garantizar el trabajo, a sabiendas de que rescindiendo el contrato tendría que erogar una cantidad de dinero –tan disparatada como el contrato mismo- a la voraz empresa de Canabal Ruiz, el exalcalde interino que había financiado en buena medida su campaña y su candidatura al Ayuntamiento y con quien había continuado el colosal negocio de la inmundicia callejera.

La alcaldesa nunca se tomó el tiempo para informar las condiciones de la contratación de la referida empresa. Sin embargo, trascendió que tan sólo por los 15 días que estuvo trabajando de manera temporal, Red Ambiental Recolector cobró 15 millones 750 mil pesos. Además, mientras que a Intelligencia México se le pagaban 340 pesos por tonelada de basura recogida, a la empresa regiomontana el Ayuntamiento le paga 730. Cambiaron los socios, cambiaron y se incrementaron los beneficios.

El dueño de Intelligencia México demandó el cumplimiento del contrato, por lo que en febrero pasado el juez segundo de Distrito ordenó la suspensión definitiva al contrato de Red Ambiental Recolector. Pero el Ayuntamiento hizo caso omiso y continuó con su plan, lo que causó desde entonces que dos empresas realicen la recoja de desechos, pero sólo pagándole a la que tiene vínculos con el Niño Verde, lo que al final terminó por provocar el enojo de los trabajadores de Intelligencia México, con las consecuencias antes mencionadas.

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