Si no se procesa a los culpables del desbloqueo bancario en favor del ‘narco’, la UIF y el actual Gobierno federal serán sus cómplices


La impunidad que por casi dos décadas ha disfrutado Eduardo Medina Mora parecía haberse terminado y que sería procesado penalmente luego de descubrirse, ya siendo ministro de la Corte, que recibía grandes depósitos bancarios ilícitos del extranjero. Pero no: el personaje sigue libre como el viento gozando de una fortuna que tiene rasgos tan ilegales como los servicios que brindó cuando menos a dos presidentes de la República y que, como a ellos, lo vinculan a las mafias de las drogas, aunque, además de acusarlo de corrupto y de esos posibles nexos con el ‘narco’, el Gobierno federal de López Obrador, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría federal de Hacienda, no hace más que denunciarlo de manera mediática sin promover el ejercicio de alguna acción penal en su contra, y menos contra los últimos dos presidentes anteriores que fueron sus jefes y de cuyas administraciones proceden las evidencias de los delitos. En octubre de 2019, en un hecho inédito en el país, el entonces ministro Medina Mora presentó su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de una serie de indagatorias emprendidas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para detectar actos de corrupción dentro del Poder Judicial. Medina Mora -quien como procurador general de la República de Felipe Calderón consignó a falsos culpables, alcaldes y policías, como narcos, en el gran fiasco procesal conocido como el ‘michoacanazo’, donde todos los inculpados fueron declarados inocentes, y luego inventó la llamada ‘Operación limpieza’, donde decenas de policías y agentes del Ministerio Público Federal identificados por la DEA como socios del ‘narco’ fueron mal consignados a propósito para que fuesen liberados, como ocurrió también más adelante, en efecto, por lo que fue premiado por Calderón como embajador de México en Gran Bretaña y luego en los Estados Unidos por su sucesor- fue ‘sembrado’ como ministro por el entonces presidente Enrique Peña Nieto para que lo protegiera ante cualquier intento de investigación en su contra, como se vio en octubre de 2018, cuando promovió entre sus colegas ministros y consiguió que le aprobaran un amparo en favor de la Consejería Jurídica de la Presidencia para evitar que la Fiscalía General de Chihuahua investigara a Peña o a su gabinete por haber protegido al exgobernador César Duarte y al exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, ante los desvíos del erario de esa entidad para las campañas en curso del tricolor. Pero esa no fue la única ocasión en que, como ministro, sirvió a los intereses criminales de la Presidencia de la República, ni la más grave. Información publicada por el portal Aristegui Noticias reveló que ese mismo año, en colaboración –disfrazada de orden judicial aprobada de manera unánime por los ministros de la Segunda Sala, presidida por el peñista, los mismos que le avalaron el amparo en favor de Peña y sus cómplices del gabinete- con Orlando Suárez López, entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, desbloqueó más de mil 100 millones de pesos de cuentas de familiares y empresarios al servicio de importantes jefes del crimen organizado. Medina Mora, quien continúa bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera por el presunto lavado de dos millones 130 mil dólares, estaría cada vez más cerca de ser aprehendido y de exponer a aquellos a quienes protegió. De acuerdo con las denuncias del actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y los datos exhibidos por el portal noticioso de Carmen Aristegui, este es un colosal crimen de Estado. Y si la UIF, la Fiscalía General de la República y la Presidencia no procesan penalmente a Peña, a Medina Mora, y a sus cómplices; y si no se integra un expediente judicial que merezca una sentencia ejemplar que ponga tras las rejas a toda ese grupo delictivo que usó el superior poder de la República y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tramar negocios con los jefes de las mayores bandas del ‘narco’ mexicano de su tiempo, entonces la UIF, la FGR y Presidencia quedarán como meras instancias de simulación y fábricas de propaganda. Porque si solo se hace trascender la información de tan enormes y punibles delitos, sin que se obre sistemática y penalmente en consecuencia contra presuntos criminales concretos, tan sonora sería la burla contra las instituciones del Estado de los socios del ‘narco’ en el Ejecutivo Federal y en el Poder Judicial durante el mandato de Peña, como en este. Porque mucha denuncia y cero castigo a los culpables no es más que ruido cómplice. Hay una secretaria de Gobernación que tiene influencia de sobra en la Corte como respetada ministra que fue. Y si se cuenta con las evidencias ministeriales con las que se dice que se cuenta en contra del criminal Medina Mora y de su exjefe presidencial y socios que los acompañaron, es hora de hacer la retórica mañanera a un lado y poner a los patos delante de las escopetas. Así de simple y así de fácil, que para eso es el ejercicio del poder y de la ley. En junio de 2018, fueron desbloqueados casi mil 100 millones de pesos y 18 millones de dólares de 722 cuentas ligadas al Cártel de Sinaloa, al de Juárez, al de Jalisco Nueva Generación y a otros. Cuentas de familiares de narcotraficantes como Caro Quintero, el Chapo Guzmán y los hermanos Beltrán Leva, y de socios y empresas sobre las que existían indicios muy objetivos de lavado de dinero y por los cuales dichos recursos bancarios fueron confiscados. Pero los ministros de la Corte que votaron de manera unánime en favor de reponer el uso de las cuentas retenidas a sus usuarios como lo propuso Medina Mora, presidente de la Sala de su adscripción, lo hicieron sobre el argumento de que la norma constitucional mexicana dispone que la retención solo es procedente tratándose de procesos internacionales que así lo demandan y no cuando deriva de una causa nacional, como fue el caso. Una solución judicial muy conveniente a las familias de los narcos y de los empresarios afines a ellos, y muy lesiva del interés público. La sentencia de los ministros era última e inatacable. ¿Pero no podía protestarla la Presidencia de la República, tras que había sido su Unidad de Inteligencia Financiera la que había congelado dichas cuentas a partir de las evidencias criminales disponibles y documentadas por la PGR? No. La lógica es simple: Presidencia sabía todo, por la PGR, por la Consejería Jurídica y por la UIF. Hizo la trampa del bloqueo de los fondos a sabiendas de lo que ordenaba la Constitución en la materia, y luego ordenó a Medina Mora operar el complemento para que pareciera un acto legal. Se llama prevaricación. ¿La Consejería Jurídica de Peña no estaba al tanto del impedimento legal de la UIF para ‘congelar’ el dinero, ni la PGR, y el exprocurador Medina Mora solo se enteró de la cosa hasta que lo hicieron ministro de la Corte y no tuvo entonces más remedio que emitir la orden judicial a la Secretaría de Hacienda para que les devolvieran su dinero a los familiares y socios de los ‘narcos’? No hay gatos encerrados. Hay cómplices del ‘narco’ que fueron del más alto nivel del Estado y del crimen que están libres, y hay un Gobierno federal que en lugar de solo denunciarlos debe procesarlos, y que si no lo hace será tan culpable como ellos.

Javier Ramírez

Desde su llegada a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador se propuso erradicar la corrupción en todos los niveles del Gobierno federal pero también dentro del Poder Judicial, responsable, finalmente, de que muchos criminales queden en libertad. Con la experiencia de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se tendió un acercamiento respetuoso con el magistrado presidente Arturo Zaldívar para poder iniciar acciones en contra de la corrupción de jueces federales y estatales.

En menos de un año, esta unión comenzó a dar frutos con la suspensión de diversos jueces en Hidalgo, Ciudad de México y Jalisco, algunos de ellos por presuntos vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Con el inicio de investigaciones en su contra por presunto lavado de dinero, Medina Mora terminó por renunciar a la Corte, pero hoy una investigación periodística volvió a evidenciar su nivel de corrupción.

Controvertida resolución

De acuerdo con información vertida por el portal Aristegui Noticias, un mes antes de las elecciones de 2018 se registró el desbloqueo de alrededor de mil 100 millones de pesos y 18 millones de dólares de 722 cuentas de personas y empresas ligadas a los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación, así como de compañías involucradas en la llamada ‘Estafa maestra’ (triangulación de fondos federales a empresas fantasma para el financiamiento de candidatos oficiales) y en el desvío de recursos públicos para las campañas del Partido Revolucionario Institucional.

El 4 de junio de ese año, alguien ingresó a ‘Hermes’, sistema utilizado en computadoras de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, y envió el requerimiento 110/E/564/2018 a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para cumplir con la instrucción del entonces titular de la UIF, Orlando Suárez López, de eliminar de la lista de personas bloqueadas a 722 de ellas y a compañías cuyas cuentas bancarias habían sido ‘congeladas’ por irregularidades, incluido el lavado de recursos de procedencia ilícita.

Dicha instrucción se realizó gracias a una resolución tomada por Eduardo Medina Mora, entonces ministro presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien argumentó que el bloqueo de cuentas era constitucional siempre y cuando fuera un requerimiento de un organismo internacional, como la DEA, la ONU, el FBI o algún juez de otro país. En cambio, el bloqueo no tendría validez y vulneraría la Constitución si se realizaba por un motivo estrictamente nacional, algo que, por supuesto, él sabía mucho antes de arribar a la Corte, como lo sabían en la Presidencia de la República y en su Consejería Jurídica y en la entonces PGR y en la UIF, y en cualquier despacho de abogados penalistas, como los del ‘narco’. ¿Pero entonces por qué bloquearon las cuentas si sabían que al cabo las iban a desbloquear?

Prevaricar para el crimen organizado

El reportaje menciona que entre las personas y empresas beneficiadas hay decenas identificadas por participar en la llamada ‘Estafa maestra’ -que permitió el desvío de millones de pesos de recursos públicos-, compañías que han lavado dinero para el Cártel de Juárez, o que han participado en la venta de jugadores mexicanos de fútbol a Europa, e incluso empresas con las que gobernadores del PRI canalizaban dinero para las campañas electorales.

En cuestión de segundos, familiares, prestanombres y operadores financieros de jefes del narco como Joaquín Guzmán Loera, Juan José Esparragoza Moreno y Rafael Caro Quintero, habían recuperado su dinero.

Se destaca que también se desbloquearon las cuentas de cientos de empresas factureras, mismas que emitían facturas de manera irregular para evadir el pago de millones de pesos en impuestos.

La operación de estas factureras había sido dada a conocer por la ministra Margarita Ríos Farjat, titular del SAT, quien informó que en junio del año pasado el Sistema de Administración Tributaria detectó que unas ocho mil empresas emitían facturas irregulares.

Denuncia AMLO millonario fraude de factureras

El 16 de junio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que exhibirá de manera detallada un fraude de 48 mil millones de pesos cometido por empresas factureras que presentaron facturas falsas en las pasadas administraciones para no pagar impuestos.

Se trata, dijo el mandatario, de un sistema de facturación falsa que se desarrolló y cuyo monto global evadido fue de 300 mil millones de pesos.

En este sentido, mencionó que mucha de la gente implicada ni siquiera sabe que sus facturas son falsas, por lo que se les dará la oportunidad a todos los contribuyentes para que se regularicen.

“Hay hasta personajes famosos, lo que pasa es que no quiero caer en lo espectacular. Las personas han ido al Servicio de Administración Tributaria y se han puesto al corriente. Habían manejado o sus contadores pagado impuestos con facturas falsas; ahora les vamos a notificar a todos los que están en esta situación para que vayan al SAT y se pongan al corriente”, expresó.

Apuntó que se alistan denuncias penales en contra de autoridades de Hacienda del sexenio pasado que promovieron dicho sistema de facturación.

Bazbaz Sascal, otro peón de Peña ‘en capilla’

En cuanto al desbloqueo de cuentas, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública ya procesan una denuncia en contra de los extitulares de la UIF, Alberto Bazbaz Sacal -exasesor de Medina Mora en la PRG y exprocurador de Justicia del Estado de México en la gubernatura de Peña- y Orlando Suárez López, y del exdirector de Procesos Legales de dicha dependencia, Mauricio Moreno Balbuena, por haber tomado decisiones “de manera ilícita y en contravención de sus atribuciones”, con actos administrativos carentes de sustento legal, para eliminar a cientos de la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF.

Bazbaz Sascal también había sido una pieza clave en el plan de Peña Nieto para protegerse, pues en enero de 2013 lo designó titular de la UIF hasta que en enero de 2018, cuando Medina Mora estaba a punto de conceder los amparos contra dicha UIF, lo designó director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el mayor centro de espionaje político del régimen, mismo cargo que Medina Mora había ocupado entre 2000 y 2005, durante el Gobierno foxista.

Como procurador del Estado de México durante el Gobierno de Peña, Bazbaz ensució las investigaciones en torno de la muerte Paulette, quien desapareció el 21 de marzo de 2010 y fue encontrada hasta diez días después en su propia recámara, y con cuya madre fue involucrado por los medios el entonces joven y ya viudo gobernador Enrique Peña. Tras el escándalo –y la búsqueda infructuosa de una niña dentro de su cuarto-, en mayo de ese año renunció al cargo.

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