Puerto Morelos: la mina de oro de Laura Fernández

Durante muchos años, Puerto Morelos fue el único paraje saludable en el norte del Caribe mexicano, hasta que, siendo aún parte del Municipio de Benito Juárez, se vio afectado por la construcción de decenas de desarrollos turísticos en el área conocida como la ‘Milla de oro’. Cientos de hectáreas de manglar se perdieron para crear una nueva zona hotelera que formaría parte del corredor de la Riviera Maya. Pero no fue sino hasta erigirse como el décimo primer Municipio de la entidad en 2015 y celebrar sus primeros comicios el año siguiente, cuando los negocios con el suelo y las invasiones y urbanizaciones con fines electorales comenzaron. Con Laura Lynn Fernández Piña al frente del Ayuntamiento, el valor catastral de los predios baldíos en la zona hotelera aumentó hasta en 300 por ciento sobre el argumento de que con ello la Comuna podría recaudar recursos para financiar sus primeras obras públicas. Sin embargo, se trató sólo de una sórdida estrategia para empujar a los dueños a caer en cartera vencida, embargar sus predios y venderlos a grandes inversionistas. De igual manera, comenzaron a proliferar las colonias irregulares, patrocinadas por las autoridades por dos razones: incrementar el padrón electoral y mantener cautivos a los electores para la reelección de 2018; una atrocidad fincada en la politiquería que debiera tener consecuencias penales debido a sus graves implicaciones (sociales, ambientales, fiscales y urbanísticas). La degradación de las urbes turísticas del Caribe mexicano y la proliferación en ellas de masivos arrabales ingobernables e invivibles –con toda suerte de malformaciones humanas, hacinamientos, insalubridad e inseguridad- se deben en buena medida a los turbios negocios particulares y a las iniciativas depredadoras de los alcaldes, como estos de la munícipe de Puerto Morelos. Laura Fernández, quien en 2016 se había convertido en presidenta municipal con una diferencia de apenas 578 votos a su favor, consiguió reelegirse con dicha estrategia, y entonces y ahora se ha dedicado a ganar dinero con su esposo Carlos Alberto Moyano Menchaca, propietario de la empresa Mexiled, beneficiaria de contratos como proveedora del Ayuntamiento. La munícipe verdecologista-madurada en la escuela del priismo borgista o de la ‘nueva generación’, como se le llamó al grupo de jóvenes rapaces llegados al poder estatal con Félix González Canto- ha exhibido siempre y sin recato la naturaleza artificiosa y simuladora de su condición pública y personal. Hoy día, por ejemplo, se alza como firme defensora de los derechos de las mujeres, y acaso pretende que se olvide su papel, como diputada que fue en la Décimo Segunda Legislatura local, de también firme defensora de la penalización del aborto en Quintana Roo. Sus últimas acciones, como ordenar la violenta detención de personas que exigían detener la remodelación del llamado Casco Viejo -obra de 19 millones de pesos que fue asignada el mismo día en que se licitó-, exhiben los métodos que utiliza para atacar a sus opositores y críticos. Laura Fernández ya está en campaña para los comicios del próximo año, cuando podría postularse como candidata a diputada federal por el PVEM, el partido más utilitario y de mayores dividendos de ese reformismo electorero de los últimos tiempos, que ha convertido los procesos modernizadores de la democracia mexicana en una industria de franquicias y garitos ideológicos y militantes de oportunistas, mercenarios y vividores del financiamiento público –para partidos, candidatos, campañas y burocracias autónomas electorales y anticorrupción-, a donde se han ido buena parte de los presupuestos y los endeudamientos de las administraciones públicas, y sólo para producir mandatos representativos de la peor condición política y humana.

Javier Ramírez

Durante los dos periodos que ha estado al frente del Ayuntamiento de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña ha sabido poner en práctica todo lo que aprendió al servicio del ahora exgobernador preso Roberto Borge Angulo: las licitaciones ‘fasttrack’, los despojos de tierras, el ocultamiento de información y los ‘madruguetes’ a la hora de llevar a cabo obras con ese sello del verdecologismo y de la ‘nueva generación’ priista llegada al Gobierno del Estado de la mano del entonces gobernador Félix González (artífice, con su invento sucesorio, el hoy presidiario Beto Borge, de la mayor quiebra financiera y fiscal de la entidad turística más rentable de México; una ruina histórica en la que la hoy alcaldesa participó como legisladora local y presidenta de la Comisión de Hacienda que autorizó la primera parte del impagable endeudamiento).

La remodelación del Casco Antiguo de la cabecera municipal, iniciada literalmente en ‘lo oscurito’, es hasta este momento la última muestra de su codicia.

Obras electoreras

Durante su primer periodo de Gobierno en Puerto Morelos, Fernández Piña modificó las tablas catastrales para que los portomorelenses pagaran hasta 300 veces más por predios baldíos, lo que dio como resultado que algunos recibieran exhortos de pago de hasta casi medio millón de pesos. El Municipio, convertido en usurero y traficante inmobiliario, consiguió embargar numerosos terrenos ubicados en la zona costera que finalmente habrían sido vendidos para el desarrollo de complejos turísticos.

Pero luego de un año de los ajustes catastrales, en 2017 apenas se habían realizado dos obras públicas en la zona urbana: la rehabilitación de la Avenida Zetina Gasca y la remodelación del malecón y el parque central.

En febrero de ese año, Estosdías presentó una solicitud de información de los términos bajo los cuales se realizó la licitación de ambas obras, así como el nombre de las empresas encargadas y la inversión realizada, pero la respuesta nunca llegó,aunque de acuerdo con información oficial el monto total de los tres trabajos habría sido de 85 millones de pesos.

Asimismo, pese al rezago de 75 por ciento en infraestructura urbana y social, la alcaldesa permitió la creación de colonias irregulares, a las que dotó incluso de servicios, con la finalidad de afianzar el voto en 2018. Casi tres mil personas se sumaron de esta manera al padrón de Puerto Morelos. Y a la postre, Laura Fernández alcanzó la reelección.

Millonaria e innecesaria obra

El 30 de enero de este año, Laura Fernández intentó sorprender a sus gobernados al iniciar casi a medianoche las obras de remodelación del Casco Antiguo, mismo que no tiene manglares ni fauna silvestre protegida, pero que guarda un alto valor recreativo paras las familias fundadoras del lugar.

Dicho proyecto había sido promovido en octubre del año pasado con el nombre de “Construcción y equipamiento de plaza cívica”, sin haberlo consultado con los habitantes, quienes requerían obras de otro tipo, como un hospital, escuelas, drenaje y pavimentación, por lo que éstos respondieron acudiendo al sitio para protestar e impedir que las máquinas entraran.

Los inconformes dieron a conocer que el mismo día que la licitación de la obra fue publicada, el 11 de octubre de 2019, se realizó el concurso y se asignó el contrato por 19 millones de pesos a una empresa desconocida.

Desde entonces, los pobladores tomaron pacíficamente el kiosco y desarrollaron conciertos, espectáculos y talleres, en los que juntaron cuatro mil firmas físicas y más de 10 mil digitales en contra de las obras de remodelación.

El 20 de marzo, policías enviados por la alcaldesa procedieron a desalojar a los inconformes, retirando –de lo que llamaron los manifestantes el ‘muro de la vergüenza’- lonas y pancartas en las que se exhibían los rostros de la munícipe y de los integrantes del Cabildo.

Debido a la contingencia sanitaria, el Gobierno municipal anunció la suspensión de los trabajos de construcción, aunque tapiaron el lugar para impedir la entrada de la gente.

Ordenó violento desalojo

Con el relajamiento de las medidas sanitarias, el Gobierno de Laura Fernández vio la oportunidad de reiniciar los trabajos del Casco Antiguo, y el 5 de junio pasado las máquinas entraron durante la noche para destruir el parque.

Al amanecer, y pese a la fuerte lluvia que caía, decenas de pobladores acudieron al sitio para protestar, pero fueron brutalmente reprimidos por elementos de la Policía Municipal.

No pocos testigos presenciales captaron el momento en que tres mujeres policías golpearon y sometieron a cinco personas -entre ellas un ciudadano francés- para llevárselas detenidas. Las escenas fueron mostradas a nivel nacional e internacional, y merecieron una llamada de atención del jefe policiaco de la entidad, Alberto Capella, quien informó que en conjunto con la Fiscalía General del Estado evaluarían lo que sucedió.

Frente a la evidencia de lo sucedido, Fernández Piña no tuvo más remedio que aceptar las acusaciones sobre los excesos de los elementos policiacos ordenados por ella misma, y en descargo de sus propias culpas ordenó cesar e investigar a los policías, asegurando que su Gobierno “siempre se ha caracterizado por privilegiar la conciliación y el respeto a la libertad de expresión y de las garantías individuales”.

Empresa de su esposo, beneficiaria

En diversas ocasiones la alcaldesa ha sido señalada de entregar, de manera indirecta y encubieta, contratos de la Comuna a su esposo, el empresario Carlos Alberto Moyano Menchaca, de 61 años de edad, propietario de la empresa Mexiled S.A. de C.V. que opera en distintos lugares del país, principalmente en Jalisco, donde tiene su sede.

Dicha empresa se ha convertido en la principal beneficiaria de los servicios de alumbrado público del Municipio-sector en el que el Ayuntamiento invirtió en 2019 más de 20 millones de pesos-;de obras como la rehabilitación, ampliación y modernización de la red de alumbrado de las Supermanzanas 01 y 02 de Puerto Morelos, y de la modernización del alumbrado público en las supermanzanas del primer cuadro de la cabecera municipal.

De acuerdo con trabajadores de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, Mexiled no ha tenido una participación directa en las obras, pero sí ha fungido como intermediaria en el suministro de los insumos y la mano de obra.

El año pasado la alcaldesa puso en marcha un programa para ampliar la red de alumbrado público en Leona Vicario, con 26 millones de pesos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). Sin embargo, ninguno de los contratos es público y por esa razón la administración de Laura Fernández es investigada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Iniciada en el PRI

Laura Lynn Fernández Piña, originaria de Torreón, Coahuila, comenzó su carrera en la política dentro del Partido Revolucionario Institucional, trabajando en la Dirección de Turismo y Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Benito Juárez bajó las órdenes de Magaly Achach Solís, en 1999.

Luego, en 2002, se convirtió en delegada del Instituto Quintanarroense de la Mujer en la administración municipal de Juan Ignacio García Zalvidea. Tras dejar el cargo en 2005, el siguiente alcalde benitojuarense, el recientemente fallecido Francisco Alor Quezada, la nombró secretaria técnica del Gabinete.

Antes de que Alor Quezada terminara su periodo, Laura Fernández, apoyada por el Partido Revolucionario Institucional, alcanzó una diputación por el Distrito Electoral X de Quintana Roo, donde del 2008 al 2011 fungió como presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, la cual autorizó que el endeudamiento del Estado se multiplicará por diez, al pasar de mil 880 millones de pesos a 13 mil millones de pesos.

Tras concluir su cargo como legisladora, en 2010 buscó ser candidata del PRI a la Presidencia Municipal de Benito Juárez, pero el partido le dio la oportunidad a Guadalupe Novelo Espadas, que perdió. Dos años después se convertiría en candidata del PRI a diputada federal por el III Distrito Electoral de Cancún, y perdió.

Impuesta por Félix González

Tras su segundo tropiezo electoral, finalmente fue rescatada por el entonces mandatario Roberto Borge Angulo, quien la designó secretaria de Turismo, cargo donde estuvo hasta 2016, cuando se postuló y ganó la Presidencia Municipal de Puerto Morelos.

En septiembre de 2016, unas semanas antes de asumir el Ayuntamiento, anunció su salida del PRI, donde militó durante casi 25 años, para sumarse al Partido Verde Ecologista de México en lo que llamó un “acto de congruencia” debido a que fue el partido que la nominó.

Sin embargo, según lo declarado por la exsenadora Ludivina Menchaca a finales de mayo de ese año, Fernández no fue designada candidata por el PVEM sino que fue impuesta por el entonces exgobernador y senador priista Félix González Canto.

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