Frena AMLO el endeudamiento de los gobernadores para evitar más despilfarros electoreros

A comienzos de este año, algunos gobernadores de oposición comenzaron una campaña para presionar al Gobierno federal, advirtiendo que saldrían del pacto fiscal si no comenzaban a recibir más recursos federales. Argumentan que sus entidades son las que más aportan en materia de impuestos pero que a la hora de las devoluciones el Gobierno federal entrega más participaciones a los Estados del sureste. Entre los mandatarios que promueven dicha bandera de la equidad distributiva y la rebelión fiscal en año de vísperas electorales están Miguel Ángel Riquelme Solís, Javier Corral Jurado, Jaime Rodríguez Calderón y Enrique Alfaro Ramírez -de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, y Jalisco, respectivamente, entidades que encabezan el ranking de los más endeudados del país-. Ellos, y los gobernadores que los antecedieron, elevaron al infinito sus deudas, volviendo sus administraciones estatales tan insolventes que han tenido que reestructurar sus pasivos y contratar nuevos créditos para financiar el gasto. Cuando los precios del petróleo eran altos y recibían grandes excedentes, los gobernadores utilizaron ese dinero para enriquecerse y financiar las campañas de sus respectivos candidatos. Se les hacía fácil, entonces, renegociar sus empréstitos, porque al fin y al cabo se volvería el problema de otro, un mecanismo que en Quintana Roo se vivió durante las administraciones de Joaquín Hendricks Díaz, Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, siendo este último el único que terminó pagando los excesos cometidos al amparo del poder. Ahora, sin excedentes petroleros disponibles y una gestión hacendaria federal que sí los vigila y no les avala sus endeudamientos de manera automática como antes –cuando la Presidencia de la República negociaba, a cambio de recursos fiscales, las reformas que le convenían, con los gobernadores de la oposición y con los legisladores federales candidateados y financiados por ellos-, los gobernadores de la oposición acusan al Gobierno federal de violentar los derechos de sus entidades por negarse a la complicidad de autorizarles empréstitos que ellos destinarán a lo de siempre en la era democrática: financiar candidaturas propias y heredar los pasivos a sus sucesores –que a su vez los acumularían, los renegociarían, y los heredarían por los siglos de los siglos a las nuevas administraciones, que, por supuesto, los cargarían a los contribuyentes-. De modo que para evitar que casos como los de Coahuila, Tamaulipas y Quintana Roo sigan repitiéndose, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al ver que sus recomendaciones eran echadas en saco roto, decidió que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deje de avalar nuevas deudas o reestructuraciones de los Estados por lo menos hasta después de las elecciones. Molestos por esta decisión, los gobernadores, la mayoría de origen panista y priista, han arreciado sus ataques contra la Federación.

Javier Ramírez

Cuando comenzó este año, 21 Estados ya habían contratado millonarios créditos para comenzar inversión pública y, más que nada, refinanciar sus deudas.

Los gobernadores, confiados en que las participaciones federales los ayudarían a pagar las 78 obligaciones financieras contraídas por un monto de más de 62 mil millones de pesos, pusieron el grito en el cielo cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informó que, derivado de la contingencia sanitaria y otros factores, habría un ajuste a la baja en el dinero que recibirían.

Ahora han sumado fuerzas para atacar al Gobierno de la República, acusándolo de no apoyar a los ciudadanos en estos momentos, pero las amenazas parecen no afectar al Ejecutivo federal, quien está decidido a que las entidades se abrochen los cinturones, como lo está haciendo Tlaxcala, al cual puso de ejemplo nacional.

Deuda de 62 mil MDP en solo cuatro meses

Entre los gobernadores que desde mayo pasado han iniciado una campaña para denostar al Gobierno federal destacan Enrique Alfaro, de Jalisco; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León; Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila; y Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán.

Todos ellos comparten un rasgo distintivo: sus entidades se ubican entre las más endeudadas pese a que desde hace décadas se han jactado de ser las más desarrolladas del país.

Así, en los primeros cuatro meses de este año, 21 gobernadores ya habían endeudado nuevamente a sus Estados con hasta 15 obligaciones financieras. Se trata de Nuevo León, con 15 obligaciones; Veracruz, con nueve; Chihuahua, con siete; Michoacán y Oaxaca con seis cada uno; Tabasco y Durango, con cinco; Sonora y Nayarit, con cuatro; Jalisco, con tres; Baja California, Tamaulipas y Yucatán con dos; y Baja California Sur, Chiapas, Colima, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Morelos y Quintana Roo, con una cada uno.

De esta manera, la lista de los gobernadores con más deuda contraída en lo que va de este año está encabezada por Cuitláhuac García, de Veracruz, con 17 mil 522 millones de pesos, seguido de Alejandro Murat, de Oaxaca, con 14 mil 310 millones; Silvano Aureoles, de Michoacán, con 8 mil 558 millones; Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León, con 4 mil 941 millones; Adán Augusto López, de Tabasco, con 2 mil 500 millones; y Enrique Alfaro, de Jalisco, con 2 mil 482 millones de pesos.

En total, se comprometieron 62 mil 442 millones de pesos, cantidad con la que se podrían pagar los gastos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana -incluyendo la Guardia Nacional-, cuyo presupuesto para este año es de 60 mil 150 millones de pesos. Para pagarlo, se comprometió el Fondo General de Participaciones, constituido por el 20 por ciento de la recaudación federal participable.

Tlaxcala, ejemplo nacional en austeridad

Cuando la contingencia sanitaria comenzó a provocar sus primeros estragos, los gobernadores se reunieron en una videoconferencia con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, para exigirle la entrega de recursos extraordinarios para enfrentar la pandemia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador los exhortó a ser responsables y no endeudar al país, sino implementar un plan de austeridad republicana en lugar de hacer préstamos para obtener recursos extras.

“Es recomendable que los Gobiernos municipales y los Gobiernos estatales, den a conocer y apliquen un plan de austeridad republicana, que haya disminución de sueldos, que no haya lujos, que no puedan comprar vehículos nuevos, que se reduzca la partida de viáticos y la partida de publicidad, y van a ahorrar mucho, como se está haciendo en el Gobierno federal. Y lo digo con todo respeto, estamos predicando con el ejemplo”, expresó.

En ese sentido, destacó que Tlaxcala es la única entidad que no tiene deuda debido a que el exgobernador Antonio Álvarez Lima envió una iniciativa de reforma a la Constitución local para que no pueda haber deuda en dicha entidad.

Retiran aval de la SHCP

Varios mandatarios intentaron contratar nueva deuda por medio de su respectivo Congreso, por lo que el jefe del Ejecutivo Federal instruyó a su secretario de Hacienda a no otorgarle su aval para contratar deuda o créditos. Y es que la Ley de Deuda Pública y Disciplina Fiscal exige que las solicitudes de crédito cuenten con la firma del titular de Hacienda.

El primero en recibir el freno de la Federación –y quien podría ser encausado por facturaciones ilícitas de su administración del orden de los mil millones de pesos- fue el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que intentó contratar 4 mil 600 millones de pesos de endeudamiento para su Estado. Y el siguiente podría ser el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro, quien busca un crédito de 6 mil 200 millones de pesos.

López Obrador tomó la decisión luego de recibir un informe de Inteligencia federal acerca de los aviones privados con los que seis de los nueve mandatarios panistas (Javier Corral, Carlos Mendoza, Francisco García Cabeza de Vaca, José Rosas Aispuro, Mauricio Vila y Carlos Joaquín González) acudieron a la reunión realizada en Dolores Hidalgo, Guanajuato, el pasado 13 de los corrientes.

“Esos que se reunieron todavía tienen los aviones privados y están contratando deuda, y siguen gastando como si viviésemos en los tiempos del derroche, de los gastos superfluos. No se aprietan el cinturón”, señaló el presidente, quien expresó su desconfianza de que el dinero que están pidiendo como deuda de sus Estados lo utilicen para influir en los comicios del próximo año.

Los mandatarios aludidos respondieron a la acusación exigiéndole que autorice tres peticiones: otorgar recursos federales para un plan emergente de apoyo a pequeñas y medianas empresas en sus Estados, iniciar un programa de largo alcance contra la crisis, activar un seguro de desempleo, y suspender los trabajos en Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya.

Por su parte, Cabeza de Vaca fue más allá al anunciar que su Gobierno impondrá un impuesto a la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y a sus empresas proveedoras que operan en la entidad, por las emisiones de gases de efecto invernadero al utilizar combustóleo para generar la producción. Y propuso a sus compañeros dentro del referido grupo imponer también impuestos a las empresas federales “consentidas” de López Obrador.

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