Un magnicidio contra Andrés Manuel López Obrador preocupa a los servicios de Inteligencia. “Tengo miedo, pero no soy cobarde”, asevera el jefe de la nación

El Bestiario

El Cártel Jalisco Nueva Generación ha dejado filtrar una lista en la que amenaza de muerte a AMLO y a tres altos cargos de su actual Gobierno: Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF, por sus siglas), una instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México encargada de prevenir y combatir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (comúnmente conocidos como lavado de dinero) y del financiamiento al terrorismo; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México; y Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), aprovechó una fractura en la Unión Tepito, en diciembre de 2017, para planear la conquista de la Ciudad de México que, hasta entonces, usaba sólo como centro financiero. La vía para el dominio de la capital fue Sergio Flores Concha, ‘El Tortas’, fundador del cártel Anti Unión Tepito, quien conoció a hombres del Mencho en una prisión federal. Meses después el Tortas pidió la ayuda al CJNG para exterminar a Unión Tepito, pues líderes de ese grupo, al que sirvió por años, ordenaron el asesinato de su hermano por no pagar una extorsión. Armas, sicarios y droga fue lo que ofreció el CJNG al Tortas. A la fecha el grupo comandado por el Mencho tiene presencia en siete de las 16 alcaldías de la capital, donde el número de crímenes se incrementó.

La Policía de Investigación y de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, bajo el mando de Omar García Harfuch, ha dado, en poco más de un año, golpes contundentes al CJNG, al detener a tres jefes de plaza y a un jefe de sicarios del Mencho. Una de esas acciones, en septiembre de 2019, resultó además inédita. Y es que en aquella ocasión, agentes dirigidos por García Harfuch irrumpieron en las entrañas del principal centro de operación del Mencho. Junto con personal del Ejército, los agentes capitalinos llegaron a Zapopan, Jalisco, donde detuvieron a Mauricio Hiram Suárez, ‘El Mawicho’, sicario que el Mencho mandó a la capital para saldar una cuenta. El Mawicho fue identificado como uno los autores materiales del homicidio de los ciudadanos de origen israelí Ben Sutchi y Alon Azoulay, ocurrido en julio de 2019 en un restaurante ubicado en Plaza Artz. Las investigaciones del crimen revelaron que detrás del doble homicidio estaba el CJNG, y que uno de los autores materiales llegó de Jalisco para cometer la agresión. Se siguieron los movimientos de estas personas y se supo de su paradero en un domicilio ubicado en Zapopan, Jalisco, donde se refugió tras el crimen, bajo el amparo de miembros del CJNG. La acción resultó un éxito, pues el Mawicho fue detenido y está preso en un penal de máxima seguridad, donde enfrenta cargos por el doble homicidio.

Otras de las acciones que la policía al mando de García Harfuch ha realizado contra el CJNG es la detención de tres enviados del Mencho para dirigir las acciones en la Ciudad de México. El 29 de mayo de 2019 fue detenido, en la Alcaldía Venustiano Carranza, Aldo Jesús Azcona Cortés, ‘El Enano’ y/o ‘El Chucky’. Casi 10 meses después, el 12 de febrero de 2020, fue detenido Carlos Fernando Huerta Núñez, ‘El Viejón’, quien había suplido al Enano como jefe de plaza del CJNG en la capital, y quien coordinó el atentado en Plaza Artz. La tercera detención fue el 10 de abril, cuando capturaron a María del Carmen Albarrán García, ‘Cecy Albarrán’, encargada de la plaza y cuya misión principal era combatir al cártel La Unión Tepito. Además, en cuestión de horas, el viernes pasado detuvieron a José Armando B., ‘El Vaca’, quien llegó a la Ciudad de México desde Tonalá, Jalisco, para planear el atentado contra García Harfuch, jefe de la policía de la Ciudad de México.

Santiago J. Santamaría Gurtubay

La lista de altos funcionarios mexicanos, condenados a muerte, fue obtenida por los servicios secretos de un país extranjero’, según el investigador de la Universidad de Columbia de los Estados Unidos, Edgardo Buscaglia. Todas las hipótesis apuntan al Mosad, servicios de inteligencia de Israel, como ‘venganza’ por el asesinato de los ciudadanos judíos Ben Sutchi y Alon Azoulay, ocurrido en la capital de nuestro país. Esa macabra relación de líderes políticos elegidos para ser asesinados me evoca el film titulado ‘La lista de Schindler’, que data de 1993, basada en la novela ‘El arca de Schindler’ del escritor australiano Thomas Keneally, dirigida y coproducida por Steven Spielberg. Relata un período de la vida de Oskar Schindler, un empresario de etnia alemana que salvó de morir en el Holocausto a más de mil judíos polacos durante la Segunda Guerra Mundial empleándolos como trabajadores de sus fábricas. Los papeles protagonistas son interpretados por Liam Neeson como Schindler, Ralph Fiennes como el oficial de las SS Amon Göth y Ben Kingsley como el contable judío Itzhak Stern. El rodaje tuvo lugar en Cracovia, Polonia, durante 72 días en el año 1993. Spielberg filmó en blanco y negro y le dio un tono documental en busca de conferir realismo a la historia. El director de fotografía Janusz Kaminski quiso dar a las imágenes de la película un sentido atemporal. John Williams compuso la galardonada banda sonora y el violinista Itzhak Perlman interpretó el tema principal. La cinta explora el tema del bien contra el mal y usa a su protagonista como “el buen alemán»”, un personaje popular en el cine estadounidense. Mientras que Amon Göth es presentado como la maldad personificada, Schindler evoluciona gradualmente de apoyar al nazismo a rescatador y héroe. Asimismo, se introduce otro tema, la redención, cuando Schindler, un empresario con pocos escrúpulos que se mueve en los límites de la respetabilidad, se convierte en una figura paternal responsable de salvar las vidas de más de mil personas.

Aunque la película está filmada casi enteramente en blanco y negro, aparece un abrigo de llamativo color rojo que viste una niña durante el brutal desalojo del gueto de Cracovia. Más tarde Schindler ve su cadáver, reconocible por la prenda roja. Spielberg dijo que esa nota de color pretendía simbolizar cómo los miembros del más alto nivel del gobierno de Estados Unidos sabían que el Holocausto estaba ocurriendo y no hicieron nada por evitarlo. “Era tan obvio como una niña vestida con abrigo rojo, caminando calle abajo, y a pesar de ello no se hizo nada, como bombardear las vías férreas alemanas. Nada se hizo para pararlo… la aniquilación de los judíos europeos […] Así que ese era mi mensaje al incluir el color en esa escena”. La niña fue interpretada por la polaca Oliwia Dąbrowska, que tenía tres años cuando rodó la escena. Spielberg le pidió a Dąbrowska que no viera la película hasta que fuera mayor de edad, pero la vio con once años y quedó “horrorizada”. Después de revisitar el filme en la edad adulta, se sintió orgullosa de haber participado en ella. Aunque no fue intencionado, el personaje es similar a Roma Ligocka, una niña del gueto de Cracovia que vestía un abrigo rojo y que, a diferencia de la niña de la película, sobrevivió al Holocausto. Después del estreno del largometraje, ella escribió y publicó su propia historia, ‘La niña del abrigo rojo: memorias’.

The Washington Post se pregunta, ‘¿Cómo llegamos a que el narco atentara contra el jefe de la Policía en CDMX?’

‘¿Cómo llegamos a que el narco atentara contra el jefe de la Policía en CDMX?’, titula The Washington Post, una columna de opinión de Sandra Romandía, periodista de investigación y coautora del libro ‘Narco CDMX’. Acompaña al artículo una fotografía de gran tamaño de la Fiscalía de la Ciudad de México de la camioneta del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, después de ser baleada por un grupo del crimen organizado el 26 de junio de 2020… La señora Gabriela Gómez y su hermana Tania, originarias de un pequeño pueblo del Estado de México, iban en camino a instalar su puesto ambulante de comida a las 6:38 de la mañana de este viernes 26, cuando les llegó una ráfaga de balas. Gabriela murió y su hermana quedó herida. El ataque iba dirigido al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Un camión se atravesó en el paso de la camioneta del funcionario y otro vehículo se paró a su lado, con hombres armados con fusiles Barret, granadas y otras armas largas con las que lo atacaron por varios segundos. En plena capital mexicana, en la zona de Lomas de Chapultepec, llena de casas de diplomáticos, políticos y familias de alto poder económico, un comando atacó al funcionario público más importante en temas de seguridad de Ciudad de México. Algo inédito en la historia de la ciudad, y más en una zona con ese nivel de vigilancia y afluencia. El jefe de la Policía se salvó pero tiene tres balas en el cuerpo. Tres personas murieron.

“Aunque no hay antecedentes de un evento similar en la capital, es el último de una larga lista de hechos criminales que han ido escalando desde hace más de una década. La primera alerta llegó en 2008, cuando dos cabezas humanas fueron encontradas en una camioneta a unos metros del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Era una señal de que los grupos que movían la droga desde la capital empezaban a disputarse de manera violenta y visible el negocio. Unas semanas después, en febrero, una bomba le explotó a un hombre que la llevaba hacia las oficinas de la entonces Secretaría de Seguridad Pública, ubicadas en una zona céntrica. Según las investigaciones, el atentado iba dirigido a un mando de la corporación por órdenes del Cártel de los Beltrán Leyva. Desde entonces, los acontecimientos han ido escalando en violencia y visibilidad: una masacre de 24 personas en la zona de La Marquesa ese mismo año; la desaparición y matanza de 13 jóvenes en un bar en plena zona turística en 2013. Cuerpos descuartizados sobre la Avenida de los Insurgentes, una de las más importantes de la ciudad, en 2018; una balacera en Garibaldi, lugar turístico por sus mariachis, meses después…”.

Con Claudia Sheinbaum se aceptó la presencia de grupos del crimen y se les ha combatido, pero quizás fue demasiado tarde

Durante años las autoridades capitalinas negaron la presencia de grupos del crimen organizado en Ciudad de México. Por lo tanto no se actuó contra ellos, y el nivel corrupción y colusión policial sobrepasó los límites. También en 2018 llegó un nuevo gobierno, encabezado por Claudia Sheinbaum, y la narrativa se modificó: se aceptó la presencia de estos grupos del crimen y se les ha combatido, pero quizás fue demasiado tarde. Omar García Harfuch ya había formado parte de investigaciones en contra del crimen organizado dentro de la anterior Procuraduría de Justicia capitalina y luego pasó a ser el jefe de la Policía en octubre de 2019. Desde entonces creció el número de detenciones de líderes de los tres principales grupos criminales en la ciudad: La Unión, Cártel de Jalisco Nueva Generación y Cártel de Tláhuac. Pero cuando se intentó controlar, ya los criminales tenían demasiada fuerza. La muestra es el atentado de este pasado viernes, del cual el funcionario culpa al Cártel de Jalisco Nueva Generación. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que el atentado es una muestra de que están combatiendo a los criminales, lo cual es cierto, pero debe ser una alerta mayor a la de todos los eventos señalados antes, los cuales muestran que la presencia del crimen organizado puede crecer aún más.

Esta es la alarma más llamativa en cuanto a su significado por lo que podría pasar después si los gobiernos no actúan de manera eficaz: los grupos criminales no le tienen miedo a nada y enviaron un mensaje de que no se saldrán de su objetivo. La impunidad es el mayor aliciente para permitir que crezca el monstruo, algo que se debe evitar a toda costa. De no ser así, más víctimas inocentes, como Gabriela y Tania, resentirán que otra alerta se dejó pasar sin efectuar una estrategia contundente para acabar, por fin, con los grupos del crimen organizado que tienen controlada y secuestrada y aterrorizada a la ciudad desde hace más de una década.

Priorizar la atención a los problemas estructurales del país ante la inseguridad, distanciándose de la “guerra contra el narcotráfico”

Alejandro Chanona, profesor titular y director del Proyecto de Investigación “Los regionalismos frente a los retos y la complejidad de las amenazas a la seguridad y defensa contemporáneas” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha realizado un interesante trabajo titulado ‘México: la reforma del sector seguridad y la estrategia contra la delincuencia organizada de Andrés Manuel López Obrador’. El presidente dio a conocer su estrategia para afrontar la crisis de inseguridad del país y la delincuencia organizada, lo que comprendió la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, que está bajo mando militar. En este análisis se revisan los aspectos más relevantes de estos planes y se identifican los retos de la nueva administración. “Este documento -recalca Alejandro Chanona- presenta un análisis de las principales estrategias que ha dado a conocer el nuevo gobierno de México para afrontar la crisis de inseguridad y a las organizaciones de la delincuencia organizada en el país. Se abordan los cambios en el discurso y en la toma de decisiones respecto al papel de los militares en la estrategia, la centralidad que el tema de la seguridad pública tiene para la nueva administración y los asuntos que se han identificado como prioritarios. Asimismo, se presenta un balance de lo que hasta ahora se ha delineado como la reforma al sector seguridad a partir de la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y lo planteado en el Plan Nacional de Paz y Seguridad, que incluyó la puesta en operación de la Guardia Nacional. El objetivo del análisis es identificar si el nuevo gobierno está proponiendo cambios de fondo respecto a las estrategias anteriores, o bien si se mantienen o profundizan algunas de las dinámicas históricas frente a los retos de inseguridad del país”.

Entre los temas más apremiantes para el nuevo Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se encuentra la atención inmediata a la crisis de inseguridad del país, lo que incluye la redefinición de la estrategia contra la delincuencia organizada y una reestructuración del sector de seguridad. La reforma que da origen a la nueva “súper” Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el anuncio de un “Plan Nacional de Paz y Seguridad” y la presentación de la iniciativa de reforma constitucional para formar, reclutar y entrenar una Guardia Nacional, dibujan, o tratan de dibujar, el nuevo diseño institucional y la estrategia integral de seguridad de la entrante administración. Vaticinar su éxito o fracaso sería estéril, pues apenas inicia su instrumentación y el “Plan Nacional de Paz y Seguridad” delinea ocho puntos sin profundizar en las acciones que se emprenderán. Lo cierto es que se edifica sobre las ruinas del fracaso de las estrategias emprendidas a lo largo de los últimos sexenios. El objetivo de este texto es analizar si estamos o no frente a la ruptura de paradigmas o si será “más de lo mismo”, lo cual podrá darnos claves sobre su futura eficacia.

La expectativa de cambio y el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador con más de 3 millones de votos

Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia de la República de manera contundente con más de 30 millones de votos. Esta fuente de legitimidad tuvo como contexto las peores calificaciones para gobierno alguno en el México contemporáneo: de acuerdo con las encuestas de opinión el 74% de los mexicanos desaprueban el Gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto (Consulta Mitofsky), al tiempo que la inseguridad, corrupción, pobreza, exclusión y la crisis en general se colocan como principales preocupaciones de las personas. Peña Nieto entregó un país con cuentas muy malas: el peor posicionamiento internacional en materia de corrupción e impunidad, una profunda crisis de inseguridad y una crisis social que se refleja en los altos niveles de pobreza y marginación de la mayoría de la población. México se coloca como uno de los países más desiguales de América Latina y de la OCDE. El año 2018 se cerró como el más violento de la historia contemporánea del país: durante el gobierno de Peña Nieto se registraron más de 200.000 homicidios dolosos y las cifras conservadoras de la Secretaría de Gobernación ubican en alrededor de 37,000 los desaparecidos (un dato muy cuestionable por su metodología basada únicamente en las denuncias). Durante la campaña electoral, AMLO generó grandes expectativas sobre una ruptura de fondo con el modelo de seguridad hasta ahora imperante y con las estrategias contra la delincuencia organizada, centradas esencialmente en el descabezamiento de las grandes organizaciones dedicadas al trasiego de drogas. Frente a este modelo, insistió en priorizar la atención a los problemas estructurales del país, como la pobreza, la exclusión, la corrupción y la impunidad, como solución a los problemas de seguridad. Su discurso se distanciaba de la “guerra contra el narcotráfico” y abrazó a idea de la pacificación del país.

De esta manera, en el marco de las promesas de campaña López Obrador hizo un conjunto de propuestas para darle un giro radical a la política de seguridad del Estado. La idea de retirar a las Fuerzas Armadas de las calles se acompañó con el compromiso de crear un paradigma de pacificación y reconciliación nacional distintos al imperante. En efecto, el fracaso de los gobiernos previos en materia de seguridad pública y la violencia galopante llamaban a buscar un nuevo modelo sin el protagonismo militar. Máxime, cuando uno de los debates más relevantes en México durante esos meses fue el futuro de la Ley de Seguridad Interior y el papel de los militares en estas tareas. En el debate social se fortaleció la idea de que se podía establecer un período corto para transitar de un modelo de uso de las Fuerzas Armadas a otro con fuerzas policiales fortalecidas que se hicieran cargo de la seguridad de los ciudadanos.

Sin embargo, hay que señalar que, desde el inicio, no quedaba claro cuál era la estrategia, debido a que los discursos y las propuestas del candidato se fueron adaptando durante los meses de la campaña electoral. Temas como la creación de la Guardia Nacional, incluido en la plataforma electoral y programa de gobierno, denominados en conjunto “Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024”, se mantuvieron con bajo perfil, al tiempo que la denominada “amnistía” generó las mayores controversias. A partir del 1 de julio de 2018, con el avasallante triunfo electoral, AMLO comenzó a tomar el poder, el control del país. De manera atípica en la historia reciente de los relevos de poder en México, entre el presidente saliente y el presidente entrante no habíamos atestiguado una toma de facto de la Presidencia de la República del mandatario electo. Durante los cinco meses que transcurrieron entre el triunfo electoral y la ceremonia de la toma de posesión, López Obrador tomó un número importante de decisiones para impulsar políticas públicas y reformas constitucionales, con el apoyo de su mayoría parlamentaria y con el silencio absoluto del presidente Peña, reformas que intentan dibujar líneas claves de lo que él bautiza como “la cuarta transformación”.

El drama que vive el país requiere a pasos agigantados decisiones de Estado que recuperen la seguridad y la gobernabilidad democrática

En materia de seguridad y lucha contra la delincuencia organizada se impulsaron tres temas sustantivos: Se matizó el tema de la amnistía, orientándolo hacia un modelo de justicia transicional y en la atención a las familias de los desaparecidos. Se llevaron a cabo la Consulta Nacional y los Foros de Escucha para la Construcción de la Paz y la Reconciliación Nacional, con alcances parciales debido a que la mayoría de las familias de los desaparecidos exigen conocer la verdad y acceder a la justicia, frente a la posición de López Obrador de promover el perdón, a partir de la frase “olvido no, perdón sí”, que pronunció durante el primer foro realizado en Ciudad Juárez, Chihuahua. La metodología de los Foros y la posición sobre el perdón fueron criticados por miembros de los colectivos de víctimas, líderes y organizaciones sociales. Se delinearon posicionamientos sobre la posibilidad de replantear la política de drogas del país, lo que incluyó declaraciones sobre impulsar reformas a favor del uso recreativo del cannabis y explorar las posibilidades de legalizar los cultivos de amapola en la sierra de Guerrero para orientarlos a la producción de medicamentos. Al respecto, en nombre del grupo parlamentario de Morena, Olga Sánchez Cordero presentó en el Senado de la República la iniciativa de Ley General para la Regulación y el Control del Cannabis. Se anunció la creación de una nueva Secretaría de Estado encargada de los temas de la seguridad pública y se envió la iniciativa de ley para tal efecto al Legislativo. En un principio, parecía que la nueva Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana constituiría el referente de los cambios en la estrategia de seguridad y del combate a los grupos de criminalidad organizada. La nueva administración sabe que tiene que dar resultados pronto y, a la mayor brevedad, reducir los altos índices de violencia. El drama que vive el país requiere a pasos agigantados decisiones de Estado que recuperen el camino de la seguridad y la gobernabilidad democrática.

Entre las iniciativas de Ley presentadas, en el período de transición gubernamental, destaca la que se presentó con objeto de crear la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La premisa básica de la propuesta es que se debe restablecer el modelo en el que había una Secretaría de Estado encargada de la seguridad pública, separada de la Secretaría de Gobernación. La nueva instancia ha sido denominada Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, institución que se encargará también de atender los asuntos relacionados con la seguridad nacional. En el diagnóstico presentado en la iniciativa de Ley que da origen a su creación (Iniciativa de Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal) se asume que la seguridad pública es un componente esencial de la seguridad nacional y que la mayor amenaza a esta última es precisamente “la inseguridad pública, las acciones del crimen organizado y la debilidad o franca inoperancia, por incapacidad o corrupción, de los cuerpos de policía”.

El Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 parte de un diagnóstico claro: el país afronta una emergencia nacional por la crisis de inseguridad

En efecto, en principio se ha pretendido que la nueva Secretaría de Estado se erija como una institución robusta, encargada de un abanico de temas que incluyen desde la protección civil (desastres naturales), pasando por el mando de la Policía Federal, hasta la inteligencia del Estado, al absorber también al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) que se convertirá en el Centro Nacional de Inteligencia. La denominada “super Secretaría” abarca el amplio espectro de la seguridad pública y la seguridad nacional, incluyendo, entre otros temas: la lucha contra la delincuencia organizada, el desarrollo del sistema policial, el apoyo y coordinación con los estados y municipios; la información relacionada con el registro de personas desaparecidas; la administración del sistema penitenciario federal; y la coordinación nacional para hacer frente a la delincuencia. De esta manera, la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pretendió erigirse como la piedra angular de la reforma del sector seguridad en México. Sin embargo, en la medida en que la Guardia Nacional estará bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se tendrá que esperar para ver cómo se distribuirán las facultades entre ambas Secretarías, así como la coordinación entre las mismas. Cabe también señalar que, dentro de esta nueva lógica, el presidente de la República asumirá la coordinación de las tareas de seguridad y procuración de justicia, sosteniendo reuniones diarias con su gabinete. Hay en el fondo del planteamiento una lógica centralista que posteriormente se reforzó con la idea de que los representantes presidenciales en los estados -los denominados “súper delegados”- tendrían facultades para coordinar las mesas estatales de seguridad. Esta situación generó fricciones con los gobernadores de oposición, por violar el pacto federal. Finalmente, se llegó a un acuerdo con los gobiernos estatales, de que los delegados presidenciales sólo participarán como secretarios técnicos de las mesas de coordinación, en tanto que los gobernadores retienen sus facultades y responsabilidades en materia de seguridad.

El Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 parte de un diagnóstico claro: el país afronta una emergencia nacional derivada de la crisis de inseguridad que se refleja en los niveles de violencia, los homicidios, las violaciones a los derechos humanos y la pérdida de confianza en las instituciones. Hay también una crítica al modelo imperante con el que se ha hecho frente a la criminalidad organizada y a los retos de la delincuencia y la violencia, al tiempo que hace énfasis en la importancia de clarificar los conceptos de seguridad nacional, interior y pública, para “formular nuevos paradigmas… que permitan sustentar estrategias de recuperación de la paz, restablecimiento de la seguridad pública, prevención del delito, procuración e impartición de justicia, restablecimiento del Estado de Derecho y reinserción de infractores”. En este sentido, el nuevo gobierno asume que tiene que impulsar una serie de estrategias “multidimensionales, transversales, incluyentes y, necesariamente, radicales”.

El Plan se sostiene en ocho ejes que pretenden atender de manera transversal la crisis de inseguridad del país: (1) la erradicación de la corrupción y la reactivación de la procuración de justicia; (2) la garantía del empleo, la educación, la salud y el bienestar; (3) el pleno respeto y la promoción de los Derechos Humanos; (4) la regeneración ética de la sociedad; (5) la reformulación del combate contra las drogas; (6) comenzar a construir la paz; (7) la recuperación y dignificación de las cárceles; y (8) asegurar la seguridad pública, la seguridad nacional y la paz. Como puede observarse, se trata de un documento en el que se incorporan elementos que se diferencian de las estrategias anteriores, como: El discurso y el planteamiento del documento y de las estrategias que se desprenderán de éste, centradas como su nombre lo indica en la idea de Paz y Seguridad. En principio, éste es por sí mismo un planteamiento distinto de la denominada “guerra contra el narcotráfico”, emprendida desde el gobierno de Felipe Calderón y mantenida en los hechos durante el de Enrique Peña Nieto. El cambio de discurso responde a los planteamientos realizados durante la campaña presidencial, en cuyo marco se insistió recurrentemente en la necesidad de pacificar al país.

La inseguridad, incluida la derivada de la delincuencia organizada, está vinculada con la desigualdad y la falta de oportunidades

El reconocimiento de que las diversas modalidades de la delincuencia organizada “no se podrían perpetrar sin el contubernio estructurado de funcionarios públicos” denuncia la cooptación del Estado por parte de estos grupos y las cadenas de corrupción e impunidad que se recrean en un marco de debilidad institucional y de fragilidad del Estado de Derecho. Este no es un aspecto menor, en la medida en que los niveles de violencia y daño que generan las organizaciones de la delincuencia organizada están también relacionadas al tipo de espacios en los que operan, facilitando su proliferación en casos donde el Estado de Derecho es frágil y las instituciones fácilmente penetrables de la mano de altos niveles de corrupción e impunidad.

El Plan Nacional de Paz y Seguridad asume como premisa básica que buena parte de la crisis de inseguridad que afronta México, incluida la relacionada con los grupos de delincuencia organizada, está vinculada con la desigualdad y la falta de oportunidades. Este argumento constituye un cambio en el discurso respecto a las administraciones anteriores. En este sentido, se pone énfasis en la relación bienestar-seguridad, así como en la importancia de la defensa y protección de los derechos humanos por parte del Estado mexicano. Esto, sin duda, es relevante en dos sentidos. Por un lado, se pone atención en atender las causas estructurales de la violencia y la delincuencia –por ejemplo, es urgente dar mayores oportunidades a las personas jóvenes–. Lo que debe evitarse a toda costa es criminalizar la pobreza y la exclusión a partir de una lógica simple, e ir más allá para identificar estas situaciones como factores de riesgo que se combinan con otros fenómenos, como las debilidades institucionales, la ausencia de Estado de Derecho y la fortaleza de los grupos de delincuencia organizada, tanto en términos organizacionales como sociales (narco-cultura, referentes de progreso social, arraigo en algunas poblaciones por la percepción sobre sus contribuciones al desarrollo). Por otra parte, se reconoce que el país afronta una grave crisis relacionada con la violación de derechos humanos y que para recuperar la seguridad será necesaria su respeto irrestricto. En consecuencia, se propone fortalecer el carácter de las recomendaciones de las Comisiones de Derechos Humanos (tanto a nivel nacional como estatal). Hay una crítica al modelo prohibicionista de combate contra las drogas, señalando que el modelo “es ineficaz desde el punto de vista de salud pública” y que “criminaliza de manera inevitable a los consumidores”. Desde la administración de Peña Nieto, México ha impulsado el debate sobre las políticas de drogas a nivel internacional, y se llevó adelante el Debate Nacional sobre la Marihuana, sin que se tradujera en acciones concretas sobre este tema. El nuevo gobierno se ha pronunciado por un cambio en la política prohibicionista y a favor de un modelo de regularización como elemento para “poner fin a uno de los motores centrales de la violencia” (p. 11). No obstante, no hay claridad sobre la forma en que se concibe esta política y sus alcances.

A pesar de estos cambios propuestos, el Plan Nacional de Paz y Seguridad también presenta líneas de continuidad respecto a las estrategias implementadas contra la violencia y la delincuencia organizada, particularmente en cuanto al uso de las Fuerzas Armadas se refiere. Por otro lado, si bien se incorporan elementos como la relevancia de rescatar el sistema carcelario, están ausentes referentes sobre la procuración de justicia (fortalecimiento del sistema de justicia) y el modelo policial civil a impulsar. Es importante señalar que el Plan presentado es un documento guía que dibuja algunas medidas que tomará el nuevo gobierno, sin entrar en detalles de fondo en temas sustantivos como, por ejemplo, la forma en que se va a replantear el paradigma de combate a la delincuencia organizada, la política de drogas y, en su caso, la regulación de estas. Así, por ejemplo, se reconoce el carácter transnacional del fenómeno (p. 9) pero no hay referencias sobre la importancia de la cooperación internacional para afrontar las redes criminales transnacionales.

El diagnóstico sobre las capacidades y confiabilidad de la Policía Federal y de las policías estatales y municipales fue desastroso

Como se ha señalado líneas arriba, la expectativa del nuevo gobierno de México era que iba a plantear cambios de fondo en la estrategia contra los grupos de delincuencia organizada y, particularmente, respecto al papel de los militares en la estrategia de seguridad. Sin embargo, muy pronto la realidad ubicó a los estrategas del presidente electo López Obrador para tomar decisiones distintas a las promesas de campaña. El diagnóstico sobre las capacidades y confiabilidad de la Policía Federal y de las policías estatales y municipales fue desastroso, por lo que en el Plan Nacional de Paz y Seguridad se confirmó la creación inmediata de la Guardia Nacional con efectivos militares y civiles (alrededor de 30,000 policías militares, 10,000 efectivos de la Policía Naval y 20,000 policías federales, de acuerdo con lo señalado por López Obrador durante la ceremonia de Salutación a las Fuerzas Armadas en Campo Marte el 2 de diciembre de 2018). Sin duda, esta decisión se basó en el reconocimiento de que para combatir la principal amenaza a la seguridad interior –el crimen organizado– se tendría que seguir recurriendo a las Fuerzas Armadas. Aún más, el mando de esta guardia recae en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Así, en el preámbulo de la iniciativa de reforma constitucional presentada por Morena, el partido del presidente López Obrador, se reconoce que:

“Hoy en día las Fuerzas Armadas siguen siendo el principal y el más confiable pilar de la seguridad en nuestro país; pero a 12 años de que fueran involucradas en esa misión por el mando civil, siguen careciendo de un marco legal específico y de una formulación institucional adecuada para participar en esa tarea. Como consecuencia, los institutos castrenses han pagado un alto costo en vidas de soldados y marinos, han experimentado un desgaste injustificable, han sido distraídos de sus funciones constitucionales explícitas y se ha generado una indeseable erosión en sus vínculos con la población civil. “Sin embargo, en la crisis de violencia e inseguridad actual es evidente que el Estado no puede asegurar el cumplimiento de la legalidad ni reconstruir la paz sin el concurso de los institutos armados. El retiro de los soldados y marinos de las tareas de seguridad pública colocaría a diversas regiones y a sus habitantes en una total indefensión ante la criminalidad organizada.”

Emergencia debido a los niveles de violencia y a la falta de capacidades de las instituciones policiales, tanto locales como federales

Así, a pesar de que el Plan Nacional de Paz y Seguridad se ha planteado como una estrategia distinta a las emprendidas por los gobiernos anteriores, se apuesta por mantener, y, de hecho, profundizar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles realizando tareas de seguridad pública. La diferencia es que ahora se hará a través de la institucionalización de una nueva fuerza integrada fundamentalmente con elementos militares. El presidente y su equipo justifican esta decisión argumentando que el país está frente a una emergencia debido a los niveles de violencia de la delincuencia organizada y a la falta de capacidades de las instituciones policiales, tanto locales como federales. El debate no es menor, si bien la Guardia Nacional pretende plantearse como una especie de fuerza intermedia o híbrida, lo cierto es que la premura con la que se establece y el hecho de que se mantenga bajo el mando militar han despertado una serie de críticas respecto a su implementación y al futuro de la corporación. La propuesta de la creación de la Guardia Nacional parte de la idea de que se van a “fusionar” tres instituciones que son distintas en términos de organización, doctrina y funcionamiento: la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval. No hay claridad sobre el tema del entrenamiento, los protocolos de uso de fuerza y la forma en que operarán.

Cabe también señalar que, lejos de funcionar como una fuerza especializada contra cierto tipo de amenazas, como la delincuencia organizada, se pretende que la Guardia Nacional se encargue de un sinnúmero de funciones. Expresamente se afirma que “participará en la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad, y el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas, protegiendo su seguridad, sus bienes, así como preservar el orden, la paz pública, los bienes y recursos de la Nación”. Es decir, se amplían las funciones de esta nueva corporación con el riesgo de que abarquen todas las tareas de la seguridad pública y la seguridad interior y que no se consolide un cuerpo de elite especializado en combate a la delincuencia organizada.

“Se asume que sin las Fuerzas Armadas el Estado mexicano, pero sobre todo la ciudadanía, estaría literalmente en estado de indefensión”

“El nuevo Gobierno de México -Alejandro Chanona destaca en sus conclusiones de su trabajo- ha propuesto un cambio en la estrategia para afrontar la delincuencia organizada. Durante la campaña electoral, López Obrador y su equipo pusieron énfasis en temas como la desarticulación de las organizaciones criminales utilizando estrategias de inteligencia financiera y lucha contra el lavado de dinero. Se propuso un modelo que trascendiera la lógica de la “guerra contra las drogas”, lo que incluía la retirada de las Fuerzas Armadas de las calles. Sin embargo, hasta ahora no se ha presentado una estrategia concreta sobre la forma en que se enfrentarán a las organizaciones de la delincuencia organizada. Dada la emergencia nacional relacionada con los altos niveles de violencia en el país, es comprensible que la estrategia pretenda centrarse en la reducción de ésta y en atender las demandas sociales de pacificación nacional. Se asume que la principal amenaza para la seguridad nacional son la inseguridad pública y las acciones de la delincuencia organizada. Sin embargo, aún no puede verse de manera clara y definida una estrategia contra las organizaciones criminales que sea diametralmente distinta a las acciones emprendidas por las administraciones anteriores. La respuesta inmediata del nuevo gobierno es la creación de la Guardia Nacional, hecho que deja en evidencia una realidad: frente a sistemas policiales que están rebasados, ante la dinámica delictiva en el país, se continúa privilegiando el uso de las Fuerzas Armadas que son consideradas dentro de las instituciones más confiables y sólidas. Se asume que sin las Fuerzas Armadas el Estado mexicano, pero sobre todo la ciudadanía, estaría literalmente en estado de indefensión ante los embates de la delincuencia organizada.

El problema es que, la apuesta por la Guardia Nacional profundiza la tendencia de utilizar a las Fuerzas Armadas en seguridad pública. La retirada de los militares de estas tareas debe ser un objetivo del nuevo Gobierno, pero para ello se tendría que hacer una apuesta, de largo plazo, por el desarrollo de un modelo policial a nivel nacional que permita dar sostenibilidad a las policías de todos los niveles, promover el fortalecimiento de la procuración e impartición de justicia e implementar cambios de fondo de la estrategia del combate contra las organizaciones de delincuencia organizada. El nivel de generalidad del Plan deja muchas partes imprecisas. No se enuncian claramente los tiempos y las acciones concretas a emprender para alcanzar las metas. Tampoco hay una visión sobre la importancia de la cooperación internacional para afrontar el desafío de los grupos de delincuencia organizada, particularmente con EEUU y los países de Centroamérica. La Guardia Nacional está prevista en una fase inmediata con el despliegue de más de 50,000 efectivos provenientes de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval. Se han anunciado entre 100,000 y 150,000 reclutas adicionales para la segunda parte del sexenio. El futuro de la nueva corporación plantea grandes dudas sobre el modelo de capacitación policial y los alcances de sus funciones. Asimismo, podría desestimular el fortalecimiento y desarrollo de policías suficientemente capacitadas para afrontar la amenaza compleja de la delincuencia organizada”.

Huir de la confrontación y tender puentes es el único camino posible para lograr los avances que la sociedad mexicana necesita

Hace ahora dos años, Andrés Manuel López Obrador logró la presidencia de México con una rotunda victoria electoral, la más amplia que se recuerda en la historia democrática del país. Desde entonces (aunque tomó posesión seis meses después), emprendió lo que él llama la cuarta transformación de la República, esto es, un cambio de régimen, centrado en la lucha contra la pobreza y la corrupción. López Obrador se presenta como un presidente de izquierdas, con un indiscutible origen en las luchas sociales, aunque no necesariamente partidario de los postulados generalmente aceptados por los movimientos progresistas. El camino era ya de por sí difícil. Pero la tendencia del presidente a la confrontación ha tensado el país y le ha alejado del pragmatismo que mostró durante la campaña y con el que en su día gobernó la Ciudad de México.

No hay duda de que muchas de las banderas que llevaron al poder al ahora presidente de México siguen estando vigentes. La necesidad de sacar a millones de personas de la pobreza; el combate contra la corrupción, que especialmente en el anterior sexenio permeó la vida pública mexicana; la urgencia por avanzar en derechos sociales como el aborto o poner fin a la epidemia homicida que desde hace más de una década ha teñido México de sangre son objetivos indiscutibles. Nadie puede negar que estas son las prioridades que ayudarán a construir un pleno Estado de derecho como el que merece el país de habla hispana más grande del mundo. López Obrador sigue contando con un amplio respaldo social. Un 68% de los mexicanos aprueba su labor al frente del Gobierno, pese a rechazar su gestión de la inseguridad y los feminicidios, según una encuesta que ha publicado este diario con motivo de los dos años de la victoria electoral. Uno de los desafíos más inmediatos del presidente es detener la lacra homicida de las batallas con y entre el crimen organizado. Pero también la violencia machista, que mata a 10 mujeres al día. Para conseguir ambos objetivos resulta imperativo que el Gobierno aclare su estrategia de seguridad, si tiene alguna.

Los datos confirman el apoyo mayoritario de la sociedad a López Obrador -aunque se muestre dividida ante los resultados concretos de su gestión o alguno de sus proyectos fetiche-. También prueban que México es más profundo que las polémicas entre élites. López Obrador lo sabe. Quizá por ello el mandatario persiste desde que asumió el poder en mantener una actitud de confrontación con todo aquel que discrepe con él, sean las empresas privadas, los medios de comunicación a los que ataca con vehemencia, e incluso una parte de su Gobierno, al que ha enviado distintos mensajes. El presidente debería ser consciente de que gobierna para todos los mexicanos, no solo para sus seguidores, y que el bienestar del país está por encima de cualquier objetivo personal. Más aún en un momento en el que la pandemia del coronavirus ha colocado al mundo frente a un futuro incierto. Huir de la confrontación y tender puentes con sus críticos es el único camino posible para lograr los avances que la sociedad mexicana necesita con urgencia.

Las pasiones que inspira a favor y en contra han sustituido al fútbol, a las series de Netflix o a los escándalos de Luis Miguel

‘¿De qué hablamos cuando hablamos de López Obrador?’ se pregunta el escritor mexicano Jorfe Zepeda Patterson, en un artículo de opinión en la nueva Edición América del periódico El País, que se edita en Madrid. Javier Moreno Barber es un periodista español. Fue director del diario de mayor tirada en lengua castellana entre mayo de 2006 y febrero de 2014, y retomó de nuevo la dirección el 15 de junio de 2020, en sustitución de Soledad Gallego-Díaz. El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue siendo un enigma para los mexicanos pese a que su voz y su rostro se han hecho omnipresentes en la vida del país. Las pasiones que inspira a favor y en contra han sustituido al fútbol, a las series de Netflix o a los escándalos de Luis Miguel como el principal tema de conversación en círculos mediáticos y en las charlas de sobremesa de los mexicanos. Material no falta, gracias al manantial inagotable que arrojan dos horas diarias de conferencia matutina de lunes a viernes y videos a la Nación los sábados y domingos. Antes de que la comentocracia y las redes sociales terminen de deglutir los planteamientos, denuestos y expresiones ofrecidas por el presidente, deben enfrentarse a una nueva andanada. Cuando ellos van, López Obrador ya viene de regreso con más material igualmente polémico…

“Y pese a esta sobre exposición, el presidente es un misterio, aun cuando todos creamos que le hemos tomado la medida. Y esto es así porque la concepción que la mayoría tenemos de él se alimenta de las estampas y los clichés a través de los cuales hemos acuñado eso que llamamos AMLO. Populista, trasnochado, provinciano, anacrónico, ignorante, caprichoso, vengativo, belicoso, una amenaza para México, según sus detractores; luchador infatigable, sabio, justo, incorruptible, conocedor profundo del alma mexicana, líder espiritual, según sus seguidores. Para nuestra desgracia es todo lo anterior de manera fragmentaria, lo cual lo convierte en un hombre en cierta forma indefinible. Un haz de contradicciones, una suma de ambigüedades expresadas siempre de manera categórica. Tenemos una verdadera paradoja en Palacio Nacional: es profundamente desconfiado de la iniciativa privada y un estatista convencido, pero está dedicado a adelgazar al Estado; un nacionalista a ultranza genuinamente convertido en amigo de Donald Trump, el denostador de los mexicanos; un hombre progresista arraigado en el pasado; un luchador social que rechaza cualquier camino que no sea la democracia, empeñado en debilitar a los órganos democráticos; un fiero opositor de los neoliberales pero en materia de finanzas públicas más ortodoxo que los neoliberales; un permanente rijoso que pregona abrazos en lugar de balazos; un hombre inflexible en sus ideas que repudia todo acto de represión; un intransigente que nunca pierde la paciencia; un amante de la naturaleza obsesionado con las energías más contaminantes…”. 

“No es Hugo Chávez ni Nicolás Maduro por más que intenten convencernos y carece de narrativa antiimperialista”

“Frente a esta compilación de contradicciones, los mexicanos hemos creado un López Obrador en nuestra cabeza a modo y forma de nuestra concepción del mundo o de nuestros intereses. Y cada cual hemos podido encontrar en la realidad los fragmentos que mejor acomodan a nuestra visión. El problema es que en cuanto intentamos ampliar nuestra perspectiva e incluir otros fragmentos, si es que deseamos ser honestos, nuestro esquema se hace trizas. No, no es Chávez ni Maduro por más que intenten convencernos quienes lo repudian y desearían que AMLO inflara la burocracia, propiciara el endeudamiento o incurriera en una narrativa antiimperialista para justificar la estampita que han creado, pero no es así. Tampoco es un hombre de izquierda pese a lo que hubiéramos querido los críticos del antiguo régimen, como queda demostrado, entre otras cosas, por su desdén a la agenda feminista o a la ambientalista y por el extraño apego a Donald Trump (que, todo indica, va más allá de una actitud pragmática). López Obrador es lo que es. Un hombre que pone en juego sus virtudes y defectos para cumplir lo que concibe como un mandato histórico: encabezar las reivindicaciones del México sumergido, acabar con la corrupción de los de arriba y propiciar el bienestar de los ignorados y oprimidos. Una noción que puede sonar anacrónica y simplista en los barrios acomodados y en los centros financieros de Paseo de la Reforma, pero urgente y obvia en la sierra de Oaxaca o la línea 5 del Metro en la ciudad de México. AMLO es tan complejo y variopinto como el pueblo ignorado y oprimido a nombre del cual gobierna. Porque si nosotros hemos hecho una construcción de López Obrador, él también lo ha hecho de lo que llama ‘pueblo’, una entidad a la que él que representa y en la cual se funde porque él ‘ya no se pertenece’…”.

“Y de estas dos ambigüedades está hecho el sexenio o las percepciones del sexenio. El AMLO acartonado y parcializado que los mexicanos hemos construido, y el pueblo infalible, sabio y admirable que solo existe en su cabeza. Su idea cosificada de pueblo se ha mantenido a pesar de las golpes de realidad que el presidente ha querido ignorar: los abucheos populares cuando los ha habido, las matanzas entre indígenas, los linchamientos absurdos y salvajes, los bloqueos de vías y los saqueos de almacenes, el fracaso de sus exhortos para no entregarse al crimen organizado, el desdén a sus abrazos no balazos, la persistencia de la corrupción también entre los de abajo pese a sus reiterados anuncios de que esto ya había cambiado. Y con todo, frente los mandatarios anteriores que decían gobernar para todos los mexicanos y en realidad lo hacían para los suyos, ya de por sí privilegiados, prefiero un presidente que gobierna para los empobrecidos, idealizados o no. A tirones y jalones, entre exabruptos y provocaciones, plagado de negros en el arroz y embates innecesarios y desgastantes por el estilo presidencial, lo cierto es que está en marcha un proceso de cambio real. Podría ser mejor, de otra manera o más amplio, pero es el que hay y difícilmente habrá otro distinto, porque está hecho a la imagen de este hombre fragmentado, tozudo y contradictorio. Y sin embargo allí está: el combate a la corrupción es real, el gasto suntuario y privilegiado de la clase política está desapareciendo, la evasión fiscal de los poderosos se acota por vez primera, la transferencia real a los sectores oprimidos está en proceso, la atención al sureste abandonado que no existía, la transparencia y la rendición de cuentas desconocidas para Enrique Peña Nieto, el extinguido chayote destinado a la prensa, la infraestructura de salud que pese a recibirla desmantelada ha resistido una pandemia. Más allá de los clichés reduccionistas que intentan hacerse una idea de un López Obrador inaprensible, el presidente opera un cambio de régimen más para bien que para mal, a veces a pesar de sí mismo o de la idea de sí mismo que los mexicanos hemos construido”.

‘Guanajuato es zona de guerra entre carteles’, según BBC News Mundo de Londres, al informar sobre la mayor matanza del 2020

‘Comando irrumpe en anexo y masacra a 24 personas en Irapuato’, titulan los mass media impresos y online’, cuando estábamos terminando nuestra columna. “Un grupo fuertemente armado irrumpió en un anexo para la rehabilitación de personas con adicciones en esta ciudad, asesinando a 24 de los internos e hiriendo a otros siete, en la peor matanza ocurrida en medio de la violencia desatada entre grupos delincuenciales en el estado. Es la cuarta ocasión en que se perpetran ataques a este tipo de centros de rehabilitación en Irapuato en siete meses. En el penúltimo, ocurrido el 6 de junio, diez hombres fueron acribillados, entre internos y encargados del lugar. El anexo “Recuperando mi vida” se ubica en la calle Privada Guanajuato, en la colonia Arandas. Poco después de las 5 de la tarde de este miércoles, según un reporte de corporaciones policiacas, los vecinos escucharon una sucesión de disparos y llamaron al 911. Algunas personas vieron arribar una camioneta roja que llegó hasta las puertas del inmueble, de donde descendieron varios hombres con armas de grueso calibre. Los sicarios entraron violentamente a la casa, sometieron a todas las personas que se encontraban en el interior; aparentemente las obligaron a tirarse boca abajo en el piso y allí las acribillaron, para después escapar. Inicialmente los reportes indicaban que había más de una docena de personas heridas. Sin embargo, al arribar corporaciones federales, estatales y policías municipales, confirmaron que 24 de los internos habían muerto. Ambulancias de Irapuato y otros municipios vecinos como Abasolo y Salamanca fueron llamadas para trasladar a los heridos a recibir atención médica a diversos hospitales. El 6 de junio, en la calle Eratzicutzio de esta misma ciudad, en otro ataque al anexo “Empezando una nueva vida”, diez personas fueron asesinadas. Este mismo centro se ubicaba anteriormente en la colonia Progresiva del Jaral, en esta misma ciudad, donde a principios de febrero fue también objeto de una agresión a cargo de un comando de civiles armados, que incluso lanzaron granadas e incendiaron otras viviendas de esa calle. El 5 de diciembre, encapuchados entraron también con lujo de violencia en un centro similar ubicado en la colonia Los Reyes y privaron de su libertad a unos 23 de los internos, que tras ser interrogados por integrantes de un grupo delictivo, fueron liberados horas después…”, escribe Verónica Espinosa, en la revista Proceso. Masacre en Irapuato. Es el crimen con más víctimas en lo que llevamos del 2020. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (León, Guanajuato, 15 de noviembre de 1980). Es un político mexicano, miembro del Partido Acción Nacional y  Gobernador de Guanajuato para el periodo 2018-2024. Ha sido diputado federal y secretario de Desarrollo Social y Humano del gobierno de dicho estado. ‘Exigen a gobernador de Guanajuato una nueva estrategia de seguridad’, titula La Jornada, la crónica de su corresponsal Carlos García. “Ante la inseguridad y el terror con que viven los guanajuatenses”, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo debe “establecer una nueva estrategia de seguridad” en coordinación con la federación y los municipios, señalaron en una misiva un grupo de alcaldes y legisladores de Morena, así como la presidenta del partido en el estado, Alma Alcaraz. La carta fue firmada por las senadoras de Antares Vázquez Alatorre y Lucía Micher Camarena; los diputados María Magdalena Rosales Cruz y Raúl Márquez Albo; además de la presidenta de Morena en Guanajuato, Alma Alcaraz. También signaron los alcaldes de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz; de Apaseo el Alto, María del Carmen Ortiz Terrazas; de Acámbaro, Alejandro Tirado Zúñiga; de Comonfort, José Carlos Nieto Juárez y de San José Iturbide, Genaro Zúñiga Soto.

En el documento expresaron que es “momento de unir esfuerzos para sacar al estado del nivel de inseguridad en el que vive. Es un llamado para que el gobierno estatal y federal se sienten para revisar juntos y desde los municipios la estrategia de seguridad” para recuperar la tranquilidad. El bloque de funcionarios de Morena pidió a Rodríguez Vallejo seguridad y colocar en segundo plano la militancia partidista. “Exigimos respetuosamente que se trabaje de inmediato en el diseño y operación de una estrategia de seguridad que en verdad funcione, para terminar con esta ola de cruda violencia que ha marcado a las familias”. Agregaron que la ciudadanía demanda acciones firmes que acaben con la crisis y la ola de violencia que se recrudeció el fin de semana, cuando hubo quema de vehículos para bloquear vialidades y ataques a negocios, derivados del arresto de 26 presuntos integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima, entre ellos, la mamá, la hermana y una prima de su líder, José Antonio Yépez ‘el Marro’. “La población nos exige respuestas sobre los errores descomunales que se han cometido una y otra vez en la estrategia de seguridad. Nos piden cuentas de por qué no ha dado resultados”, argumentan los políticos. Los firmantes señalan que esperarán a que el gobernador haga un llamado para concretar una reunión donde el Estado, la Federación y los Municipios diseñen la nueva estrategia. “Por el bien de todos, juntas y juntos debemos hacer las cosas bien y derrotar a la violencia y a los violentos. Solo queremos vivir en paz”, puntualizaron. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo es deseable que oiga a los ciudadanos que están hartos de la necrofilia que infecta Guanajuato.

Los centros de rehabilitación de drogadictos de Guanajuato han sido objeto de numerosos ataques en los últimos años

‘Guanajuato es zona de guerra entre carteles’, según BBC News Mundo de Londres. Guanajuato es el estado que registra el mayor número de homicidios en el país, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en la entidad se cometen, cotidianamente, el 18% de los asesinatos en México. De acuerdo con especialistas, la violencia en Guanajuato es parte de una cruenta disputa por el control del robo de combustible. En el Estado existe una de las mayores refinerías del país y por su territorio cruzan los ductos más importantes para abastecer de combustible al occidente del país. Irapuato es una de las ciudades que más se ha beneficiado con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado en 1994 y sustituido este 1 de julio por el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. En Irapuato se encuentran varias de las mayores empresas agroindustriales y armadoras de automóviles del país. Pero también se ubica en el centro del territorio que, desde hace tres años disputan el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la banda de robo de combustible conocida como Cartel de Santa Rosa de Lima. La guerra entre los grupos ha causado la muerte a cientos de personas según datos oficiales. Las operaciones contra las bandas también han causado problemas. El pasado 21 de junio, el Ejército detuvo a familiares de José Antonio Yépez Ortíz, alias ‘El Marro’, fundador del grupo de Santa Rosa de Lima. En respuesta el grupo incendió decenas de automóviles, autobuses de pasajeros y camiones de carga en Celaya, ciudad vecina de Irapuato donde ocurrió la masacre de este miércoles.

Los centros de rehabilitación de drogadictos de Guanajuato han sido objeto de numerosos ataques en los últimos años. En algunas ocasiones han tratado de vengarse porque los jóvenes internos querían salirse del cártel de las drogas al que pertenecían o como una forma de amedrentamiento por una organización criminal que quiere ponerlos a su servicio. Otras veces, el centro de rehabilitación es una fachada de lo que es en realidad una casa de seguridad de un cártel. “No está claro si la masacre en el albergue de rehabilitación es parte de la guerra entre estos grupos de delincuencia organizada”. El secretario Cortés Zavala reconoce que tienen pocos elementos para la investigación. “No tenemos información de los responsables, no hay datos respecto a vehículos o personas (agresoras) por lo que se dificultó el tema de la reacción” de la policía, dijo a medios locales. ¿Cómo puede justificar la inacción policial y gubernamental este ‘secretario’ Cortés Zavala en los “pocos elementos disponibles para la investigación?

“Vamos a actuar y a evitar que se cometan atentados y no vamos a hacer ningún acuerdo con la delincuencia organizada, como era antes”

El presidente Andrés Manuel López Obrador protagonizará su primera visita oficial en el exterior. Se reunirá en Washington con su homólogo estadounidense, Donald Trump. La agenda girará en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado por Estados Unidos, Canadá y México, en vigor en su última versión, desde el 1 de julio. AMLO, antes de viajar a la Casa Blanca, aseguró que su gobierno no se va a dejar intimidar por acciones como el atentado en contra del secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. En la cumbre prevista se abordará las repercusiones de este acto terrorista y la urgente necesidad de una mayor colaboración entre los servicios de inteligencia de México y Estados Unidos. Reconoció, no obstante, tener miedo. “Tenemos miedo porque somos seres humanos, tenemos miedo como tienen miedo todos los seres humanos, nada más que hay una diferencia importante: no somos cobardes. Entonces vamos hacia adelante, a que podamos conseguir la paz y la tranquilidad, con justicia, con rectitud, llamando a todos a que nos portemos bien”, señaló. En su mensaje, el mandatario aseguró que tampoco va ni a declararle la guerra ni a pactar con el crimen organizado. “No nos vamos a dejar intimidar. Y es muy importante que quede claro: nosotros no vamos a declararle la guerra a nadie, nosotros no vamos a usar esas balandronadas, tampoco vamos a violar derechos humanos, no se van a permitir masacres, pero sí vamos a actuar y a evitar que se cometan estos atentados y no vamos a hacer ningún acuerdo con la delincuencia organizada, como era antes”. Agregó que “hay una frontera, hay un límite, hay una raya bien pintada. Una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia”, señaló. El mandatario reveló que gracias a labores de inteligencia, ya estaban advertidos de que este ataque podría ocurrir y se le advirtió al secretario, por ello traía un vehículo “más resistente” y “él también andaba más atento, precavido, y traía apoyo”. Subrayó que eso fue gracias a la transformación del CISEN, que solo era para escuchar llamadas telefónicas y espiar a opositores políticos, en un verdadero centro de inteligencia. López Obrador lamentó la muerte de dos escoltas que eran personas cercanas a García Harfuch, y de una joven de Xalatlaco, Estado de México, que recibió una bala del atentado cuando venía hacia la Ciudad de México a vender alimentos. También recordó que el martes con el terremoto de magnitud 7.5 originado en Oaxaca se perdieron vidas, aunque los daños no hayan sido tan graves, por lo que consideró que esa fue una semana difícil. Este primero de julio, la hoguera que oscurece México aumentó sus llamas con una nueva masacre, en una tierra gobernada por un joven panista ‘antiAndrésManuelovich’. Diego Sinhue se negó durante dos años a colaborar con AMLO en seguridad. Hoy le pide auxilio.Tuvo que pasar lo que nadie quería que pasara para que el primer mandatario de Guanajuato por fin accediera a colaborar con la Federación en materia de seguridad. Hasta hace unos días, Diego Sinuhe rechazó en todo momento asistir a las reuniones de coordinación de seguridad con las autoridades federales, dos años en los que mostró su reiterada negativa. Hoy, rebasado, con el desastre en las manos, pide ayuda. Rodríguez Vallejo, llamó a que autoridades federales y estatales intervengan coordinadamente para enfrentar el contexto de violencia que vive la entidad, esto luego de que 24 hombres fueron asesinados en un centro de rehabilitación ubicado en Irapuato. El Gobernador no suele comentar temas de violencia, ni aun cuando la entidad está bajo fuego. De hecho, no acude a las reuniones de seguridad (como sí lo hacen casi todos los mandatarios en el país) y ha nombrado a una vocera para esos temas, evitando aparecer él a cuadro. Sólo habla de seguridad cuando se trata de temas políticos: cuando está con los demás gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) o para responderle al Presidente de México, como lo hizo el pasado 29 de junio.

“Las vidas arrebatadas por la violencia duelen. Guanajuato y sus instituciones tenemos un compromiso absoluto con la Justicia. Hoy más que nunca es necesaria la intervención coordinada de autoridades federales y estatales, como única vía para afrontar con éxito esta situación”, expuso esta noche el mandatario en su cuenta de Twitter sobre el ataque en Irapuato. El llamado del Gobernador panista destaca porque hace solo dos días cuestionó a la Fiscalía General de la República (FGR) por el operativo en el que fueron detenidas 31 personas, entre ellas familiares de José Antonio Yépez Ortiz, alias ‘el Marro’, identificado por autoridades como líder del cártel Santa Rosa de Lima, quienes posteriormente fueron liberadas por falta de pruebas. Rodríguez Vallejo opinó el 29 de junio que la FGR “debió atraer el caso” para que las personas arrestadas permanecieran en prisión. En esa ocasión también defendió al Fiscal de la entidad, Carlos Zamarripa Aguirre, al asegurar que fue ratificado por el poder Legislativo de la entidad, esto después de que López Obrador comentara en su conferencia matutina que el funcionario lleva ya más de una década en el puesto sin dar resultados. Ahora, condenó el ataque armado registrado esta tarde, así como “la violencia generada por la delincuencia organizada” porque, dijo, ésta “no solamente priva de la vida a los jóvenes, sino además roba la paz de las familias guanajuatenses”.

Rodríguez Vallejo aseguró que está comprometido con las víctimas de la violencia en la entidad para que el caso se esclarezca. “Mi compromiso personal e institucional se encuentra con las víctimas de quien hoy perdieron la vida o fueron heridas en este cobarde ataque. Estamos trabajando y no descansaremos hasta devolver la tranquilidad a Guanajuato. Tenemos que salir adelante”, añadió. El Fiscal General Zamarripa Aguirre también se pronunció después de un silencio de casi dos meses en sus redes sociales. Informó que designó a un equipo especializado para la investigación y el esclarecimiento del crimen. “Capturaremos a los inculpados y los llevaremos ante la justicia”, afirmó. No entendía el Gobernador que en un tema como la inseguridad ciudadana promovida por el crimen organizado se impone la unidad. Es un asunto de Estado, no de partidos. ¿De qué se reía el Gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo?

@SantiGurtubay

@BestiarioCancun

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