Eliminación de fideicomisos, ¿austeridad o capricho presidencial?

El pasado 1 de octubre la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular, con 26 votos a favor, nueve en contra y una abstención, la eliminación de 109 fondos y fideicomisos públicos, a fin de reasignar recursos para la Federación por unos 68 mil millones de pesos al año, dinero que según el presidente Andrés Manuel López Obrador era manejado sin control en administraciones pasadas. Para atizar el fuego, aseguró que dicha propuesta, la número 37 dentro de sus 100 compromisos hechos durante su campaña, no iba a gustarle a los “intelectuales orgánicos o seudocientíficos que cobraban por todos lados”. Sin embargo, aclaró que los apoyos y becas continuarán, solo que con una revisión para que se entreguen de manera directa a quienes los merezcan. Las protestas de los beneficiarios de dichos fondos -investigadores, activistas, actores y deportistas, principalmente- no se hicieron esperar, recordándole al presidente que él prometió apoyar el arte y la ciencia, rubros que aseguran se verían afectados drásticamente. En Morena, los diputados aseguran que los apoyos seguirán, pero sin explicar de qué forma, lo que ha generado dudas acerca del verdadero destino de lo que sería ahorrado, pues se especula que, en lugar de ser usados para mitigar la crisis generada por el Covid-19, los recursos serían destinados a los programas asistencialistas y los grandes proyectos de la Presidencia, entre los que se encuentra el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía. Será este 6 de octubre cuando se reanude en el pleno de la Cámara baja la discusión de la iniciativa, con una fuerte posibilidad de que no prospere debido a que son varios los legisladores del Morena y del PT los que consideran que no hay claridad en la manera en que será manejados los recursos y por lo tanto no se sabe cómo terminará afectando a la gente.

Javier Ramírez

La premisa de la iniciativa que ya fue aprobada por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, es simple: con la finalidad de usar de la mejor manera los recursos del Estado para enfrentar los efectos de la pandemia de Covid-19 durante los próximos años, 109 fideicomisos creados por ley, cuyo monto total asciende a cerca de 70 mil millones de pesos al año, serán eliminados.

El anuncio provocó la protesta de los beneficiados con dichos recursos, que van desde investigadores, deportistas, víctimas y directores de cine, quienes aseguran que la desaparición de los fideicomisos significará que los apoyos estarán ahora bajo el criterio de los políticos.

El coordinador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara baja, Mario Delgado, rechazó que la desaparición de los fideicomisos implique eliminar los apoyos, sino que ahora serán administrados de manera directa, sin intermediarios. Sin embargo, no explica en ningún momento la manera en que esto se llevará a cabo ni cómo será la rendición de cuentas.

Propuesta del Morena

El 2 de abril del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador eliminó los fideicomisos constituidos por acuerdos o decretos del Ejecutivo federal, para los cuales se destinaba más de 740 mil millones de pesos.

De acuerdo con el mandatario, dichos fideicomisos fueron usados durante décadas para desviar millones de pesos a favor de unos cuantos al no existir transparencia. La desaparición de los mismos y el consecuente ahorro “nos va a dar más posibilidades de tener recursos suficientes para que no falte la atención médica y los medicamentos gratuitos en nuestro país; o sea, se va a poner orden y con esos fondos vamos a estar ahora sí que más preparados para que se garantice el derecho a la salud en nuestro país”, aseveró.

Al siguiente mes, la diputada del Morena, Dolores Padierna, presentó una propuesta para desaparecer también aquellos creados por ley, que no fueron incluidos en el decreto presidencial.

De acuerdo con la diputada, con la desaparición de los fideicomisos se obtendrían recursos para enfrentar la crisis derivada de la pandemia y se eliminaría la opacidad existente en ellos, pues estaban vinculados a la discrecionalidad y la falta de transparencia.

Sin embargo, dicha iniciativa no incluyó lineamientos o reglamentación alguna para el uso del dinero y su respectiva rendición de cuentas, pues sólo mandata que los recursos sean transferidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, la dependencia tendría recursos extra fuera del presupuesto y sin etiquetar.

Protestan los beneficiarios

Entre los fondos que desaparecían están 65 administrados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por un monto de 24 mil 956 millones de pesos; el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), con 6 mil 861 millones de pesos; el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), de 213.44 millones; el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con 250 millones, y el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), con 224.25 millones de pesos.

Todos los involucrados han expresado su rechazo a la protesta. Nancy López Pérez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, apuntó que eliminar el fondo es “una medida torpe, absurda, que implicaría una regresión muy importante en derechos a víctimas y que lejos de fortalecer, entorpecería su atención”, pues se eliminaría todo rastro de ayuda inmediata, reparación y asistencia a víctimas.

Uno de los sectores que más alzó la voz es el de los actores. Un grupo de ellos encabezado por Gael García Bernal presentó una petición para evitar la extinción de Fidecine. “Si aprueban el dictamen la ciencia, la cultura, el periodismo y los derechos humanos van a quedar sometidos al capricho de la política”, destaca el documento.

La investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), Alma Maldonado, indicó que al eliminar el Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico se estaría afectando el trabajo de 120 investigadores y 60 proyectos relacionados con el Covid-19, lo que consideró “una contradicción enorme, por la situación actual y por el discurso del Gobierno frente a la pandemia”.

Sin embargo, no todos los investigadores están en contra de la desaparición de los fideicomisos. La actual directora del Conacty, María Elena Álvarez-Buylla, dijo que una de sus primeras acciones al frente del Consejo fue cerrar fideicomisos para crear una bolsa única, así como regresar a la Federación los recursos que no se utilizaban.

Afirmó que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto el Conacyt hizo transferencias económicas por 17 mil 819 millones de pesos, de los cuales sólo 2 mil 931 millones fueron destinados para proyectos científicos, lo que ocasionó que los índices de innovación bajaran del lugar 56 al 72.

Iniciativa, en riesgo

El líder de la bancada del Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que habrá una reorganización administrativa, donde los fideicomisos ya no serán la figura. “Algunos beneficiarios de apoyos que dan directamente los fideicomisos ni siquiera se van a enterar que hubo este cambio administrativo, y en casos, por ejemplo como el Fonden, la desaparición del Fonden no quiere decir que el Gobierno se vaya a quitar la responsabilidad de atender a la población en el caso de un desastre natural. Simplemente, administrativamente se va a proceder de otra manera”, aseveró.

Pero existe la posibilidad de que la iniciativa no prospere, esto porque los aliados del Morena en la Cámara Baja, los legisladores del Partido del Trabajo, consideran que se trata de un “dictamen tramposo”.

De acuerdo con Francisco Javier Huacus, secretario de la Comisión de Desarrollo Rural, el dictamen “combina temas prioritarios como el de Financiera Rural con temas tan poco transparentes, como aquellos que corresponden a los fideicomisos mixtos. El mayor defecto del dictamen es la falta de claridad sobre el destino de los recursos, sobre todo en aquellos rubros donde en la actualidad hay beneficiarios claramente identificados”.

Asimismo, dijo, “omiten decir que todos los recursos que corresponden a los fideicomisos de los centros públicos se constituyeron con recursos autogenerados por los entes, es decir, no se constituyeron por asignaciones desde el Presupuesto. El PT apoya la lucha contra la corrupción, contra la opacidad en el manejo de los recursos públicos, pero no podemos legitimar un dictamen faccioso, que atenta contra la garantía de los derechos humanos sólo por la necedad de no querer separar la discusión fideicomiso por fideicomiso”.

Incluso la morenista Miroslava Sánchez, presidenta de la Comisión de Salud, expresó que no cree que vaya a aprobarse. “No podemos acompañar estas reformas simplemente porque no tenemos la información de cómo se ha gastado el dinero, pero tampoco tenemos información de cómo se va a gastar”.

En ese sentido, comentó que “hay mucha duda, mucha incertidumbre y no queremos cometer un error que afecte a la gente. Vamos a tener una reunión con el Insabi para tener más elementos de juicio de valor, de información precisa. Y así es en otros fideicomisos, por lo que se ve muy complicado que prosperen estas reformas”.

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