Detención de Cienfuegos, un desastre en la relación México-EU que concluyó con una prematura liberación

La detención en octubre pasado del general retirado Salvador Cienfuegos Zepeda cayó como una bomba para las autoridades mexicanas, no tanto por el alcance que habría ya alcanzado el crimen organizado -en los últimos años han caído desde exgobernadores hasta ministros-, sino porque demostraba que las autoridades estadounidenses habían estado realizando investigaciones y operativos sobre un exjefe de Estado mexicano sin informar previamente a México. La última vez que el Gobierno estadounidense llevó a cabo un operativo de gran magnitud sin el conocimiento o aprobación de México fue durante la llamada “Operación Rápido y Furioso”, que permitió la entrada al país de cientos de armas de fuego. Con este antecedente, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó que los agentes de la Agencia Antidrogas de EU (DEA, por sus siglas en inglés) informen sobre su participación en casos como el de Cienfuegos. Varias semanas después, el general está de regreso en México, libre de todo cargo por parte de las autoridades que lo acusaron en Estados Unidos, lo que ha generado una serie de dudas, primero, sobre el motivo que éstas últimas tuvieron para cortar de tajo el caso, y segundo, sobre lo que harán ahora las autoridades mexicanas en contra de Cienfuegos, quien, en una de estas, hasta podría darse a la fuga.

Javier Ramírez

El general en retiro Salvador Cienfuegos no pasó mucho tiempo en su celda del Metropolitan Detention Center de Brooklyn, Nueva York, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos resolviera retirar los cargos por los que había sido detenido el 15 de octubre pasado.

Pero para los opositores en el PRI, PAN y PRD, esos 33 días fueron suficientes para acusar al Gobierno del presidente López Obrador de haber pactado la impunidad del expresidente Enrique Peña Nieto y hasta de exigirle que México pagara la defensa legal del acusado.

Y si su detención fue polémica, su liberación lo fue todavía más, pues, aseguran, se trató de un regalo de la administración del presidente Donald Trump a Andrés Manuel, por no reconocer la victoria de Joe Biden.

Las arengas de los oportunistas son el menor de los problemas para las autoridades mexicanas, pues en la Fiscalía General de la República y en la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP deberán actuar de manera rápida en la investigación a Cienfuegos, pues no existe una orden de aprehensión en su contra y es libre de desplazarse a cualquier parte.

Retiran cargos al general

El pasado 17 de los corrientes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a la juez Carol Amon, de la Corte federal de Brooklyn, retirar los cuatro cargos que se le imputaban al general mexicano en retiro Salvador Cienfuegos Zepeda, detenido el 15 de octubre.

Dos días después, al preguntar la juez al fiscal de Distrito si dicha decisión había sido tomada al más alto nivel del Departamento de Justicia, éste respondió que se trató de un acuerdo con el Gobierno de México, concretado por el titular William Barr y el fiscal general mexicano, Alejandro Gertz Manero.

En cuestión de minutos se retiraron los cargos por narcotráfico y por lavado de dinero en contra del general, quien ese mismo día viajaba de regreso a México a bordo de una aeronave del Gobierno estadounidense, llegando al hangar de la Fiscalía General de la República, en el aeropuerto internacional de Toluca, donde el Ministerio Público le notificó que hay una investigación en su contra.

Y tras proporcionar los datos de su domicilio y teléfono con los que sería ubicado, se retiró con rumbo a su vivienda. Su abogado, Rafael Heredia, informó que el exgeneral no tiene restricción alguna para salir del país, además de que desconocen las pruebas con las que éste fue acusado en Estados Unidos.

Se defendió la dignidad: Ebrard

Al día siguiente, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel fue interrogado sobre lo que significaba la liberación del general y si se había realizado alguna negociación con las autoridades estadounidenses.

El presidente rechazó que se hubiese amagado con expulsar a los agentes de la DEA que trabajan en México, o cualquier otra versión que suponga alguna amenaza por parte de ambos Gobiernos. En ese sentido, aseguró que se trató de un acuerdo alcanzado por la vía diplomática, expresando que está confiado en que la Fiscalía General de la República se encargue de informar sobre el caso del general, quien será investigado conforme a la ley, sin inventarle delitos de ningún tipo.

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, indicó que fue el Departamento de Justicia de Estados Unidos el que desistió de enjuiciar al general, a fin de que éste pueda ser juzgado en México. Además, Cienfuegos aceptó regresar a México voluntariamente.

Mencionó que la instrucción del Ejecutivo federal es defender la dignidad y el prestigio de México, de sus instituciones y de las Fuerzas Armadas, pero sin permitir la impunidad, por lo que se seguirán las leyes en las investigaciones de la Fiscalía General.

En ese sentido, dijo que la jueza que tuvo el caso del exsecretario de Defensa tiene la certeza de que México hará una investigación con los más altos niveles de estándares y de honestidad.

¿Acuerdo por “El Mencho”?

Poco después, la agencia de noticias Reuters reportó que el general había sido liberado luego de que México se comprometiera a colaborar en la detención de un líder del crimen organizado mexicano, dedicado a traficar drogas hacia la Unión Americana.

La nota sugiere que, como el Cártel de Jalisco Nueva Generación ha tenido un incremento en sus actividades en ambos países, el narcotraficante que podría estar en la mira de Estados Unidos es Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del referido grupo criminal.

Este supuesto acuerdo dejó de lado las acciones en contra del cártel H-2, mismo que según las investigaciones estadounidenses había corrompido a Cienfuegos para que ayudara en el tráfico de varias toneladas de droga, como marihuana, cocaína, metanfetamina y heroína, de México a Estados Unidos, teniendo su principal influencia en el Estado de Nayarit, justo en los años en que gobernaba el priista Roberto Sandoval Castañeda, quien hoy está prófugo de la justicia acusado de los delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones.

Ocultó EU información a México

La manera en que las autoridades estadounidenses omitieron informar a sus similares mexicanas sobre la investigación en contra del exsecretario de la Defensa Nacional trajo a la memoria el incidente que supuso el operativo “Rápido y Furioso” a inicios de la década pasada, cuando el Gobierno del entonces presidente Barack Obama permitió de manera deliberada que comerciantes de armas de fuego vendieran arsenal a compradores ilegales mexicanos, con la idea de que rastreando las armas lograrían llegar a los líderes de los cárteles y así arrestarlos. Dicha táctica no funcionó y más de dos mil armas llegaron a manos de delincuentes mexicanos.

En septiembre de 2011 las autoridades mexicanas informaron que el Gobierno de Estados Unidos nunca les informó sobre el operativo sino hasta casi dos años después de que se puso en marcha, de acuerdo con la entonces procuradora general de Justicia, Marisela Morales.

El tema quedó prácticamente en el olvido, sin mayores repercusiones debido a que Estados Unidos había aprobado años antes la entrega de millones de dólares en equipo y entrenamiento al Gobierno mexicano para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, como parte de la Iniciativa Mérida.

La detención de Cienfuegos habría dañado la confianza del Gobierno mexicano en las autoridades del vecino país, por lo que éstas últimas terminaron por liberarlo para no aumentar la tensión, aunque esto sin duda disparó las teorías conspirativas de los opositores, quienes con sus acusaciones no hacen más que quedar como el proverbial gato de Angora. 

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