Numerosas organizaciones civiles, sustentadas en criterios científicos, acusan a la alcaldesa ‘ecologista’, Laura Fernández, de depredadora, y de envilecer el entorno ecológico y urbano de Puerto Morelos con fines de lucro personal

‘No me den, sólo pónganme donde hay’, es lo que anhelan los amantes de la política como negocio personal, cual es el caso de todos quienes se dedican a ella y lucran con ella en Quintana Roo, y de la que lo verdes, en particular, han hecho una muy próspera industria al amparo de un sistema democrático diseñado por los más grandes depredadores de la vida pública nacional, para encubrir y simular la corrupción. Con esa ‘mística’ ambientalista (lo que ella tiene de conservacionista lo tiene su exjefe Beto Borge de inocente y buena persona), desde que llegó a la Presidencia Municipal de Puerto Morelos, en 2016, Laura Fernández Piña ha sabido utilizar el cargo para eso: para su beneficio y el de su grupo de socios, cómplices e incondicionales. Despojos de terrenos del más alto valor en la zona costera, autorizaciones arbitrarias para millonarios y devastadores complejos turísticos en áreas naturales protegidas, promoción de invasiones (un crimen público que debiera ser calificado y sancionado entre los más graves, por el grado de alevosía del poder político que lo comete contra el interés público, usando a los propios ciudadanos e induciéndolos a delinquir mediante la ocupación irregular de predios), adulteración de facturas y entrega directa de contratos de obras y servicios públicos a empresas vinculadas a su interés económico específico, caracterizan, entre otros atropellos, las dos administraciones de la alcaldesa del Verde Ecologista en una de las demarcaciones municipales más rentables del país en términos turísticos y fiscales, pero sobre todo más redituables para el negocio de gobernar con fines de interés privado, y por eso más susceptibles a la degradación biótica, urbana y social, que es el destino a que los gobernantes como ella han condenado a las ciudades más importantes y de mayor potencial económico del Caribe mexicano. Durante mucho tiempo sus actividades ilícitas se mantuvieron con un relativo bajo perfil, pero la puesta en marcha de obras como la remodelación del llamado Casco Viejo de la cabecera municipal, el exagerado costo de programas como el denominado “Piso firme”, y la confección de programas de desarrollo urbano promotores de la saturación inmobiliaria y la degradación ambiental -con fines estrictamente de beneficio particular- están provocando cada vez más reacciones de protesta e indignación popular, pese al fuerte gasto mediático dispuesto por la alcaldesa para atemperarlo e impedir que se convierta en un factor decisivo contra su proyecto de convertirse en diputada federal. Hoy, un grupo de organizaciones civiles, en cuya vanguardia están académicos y científicos, le exige transparentar el proceso de actualización del Programa de Desarrollo Urbano (PDU), debido a los daños al ecosistema que están provocando las irregularidades derivadas de las ambiciones económicas y políticas de la verdecologista Fernández Piña. Por eso y más, no sorprende que la Auditoría Superior del Estado esté a punto de fincar responsabilidades al Cabildo de Puerto Morelos, lo que acaso afectaría las ya referidas aspiraciones políticas de la munícipe: postularse para otro cargo de elección popular el próximo año y seguir sirviéndose de la industria verde de lucrar con el poder político.  

Javier Ramírez

Hace unas semanas se conformó finalmente en Puerto Morelos un comité de contraloría social para verificar las obras del programa denominado “Piso firme”, implementado por el Ayuntamiento, y que de acuerdo con el secretario municipal de Obras Públicas, Antonio Velázquez Betancourt, beneficiará a unas 30 familias de la cabecera municipal y del poblado de Leona Vicario.

Pero este grupo no es más que una fachada para tratar de encubrir las graves irregularidades cometidas por la alcaldesa Laura Fernández, pues basta con revisar el Programa de Inversión Anual (PIA) 2020 para constatar que se adulteraron facturas para incrementar el costo de dicho programa.

Cansados de la manera en que la munícipe ha utilizado el cargo para enriquecerse a costa de los recursos del Municipio, un grupo de organizaciones civiles ha denunciado la violación de diversas leyes y ha exigido transparentar y permitir la participación de expertos en la actualización del Programa de Desarrollo Urbano (PDU), lo que ha sido apoyado por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción.

Contraloría ‘a modo’

Con el argumento de mejorar la imagen urbana y llevar mejores servicios a la población, Laura Fernández ha emprendido una serie de obras en la cabecera municipal de Puerto Morelos y poblaciones vecinas que han causado el enojo de los habitantes, quienes afirmaron que nunca fueron consultados sobre las mismas y que en su lugar las autoridades debieron priorizar la construcción de infraestructura de primera necesidad, como un hospital o escuelas.

Uno de esos programas fue el llamado “Piso firme”, al que se destinaron un millón 181 mil 231 pesos, de acuerdo con información brindada por la Dirección de Obras Públicas a este medio, para apoyar a 30 familias con la sustitución de pisos de tierra por concreto o cemento.

Sin embargo, el mismo documento señala que únicamente se cubrieron 741 metros cuadrados, es decir que el Ayuntamiento erogó mil 595 pesos por cada metro cuadrado del material, 13 veces más que lo que pagó el Ayuntamiento de Solidaridad –del Partido Morena, socio del Verde y defensor del liderazgo anticorrupción del presidente de la República-, que tiene la segunda inversión más alta en ese rubro: 122 pesos por metro cuadrado.

Una revisión al Programa de Inversión Anual (PIA) 2020 arrojó también que se pagaba hasta 125 mil pesos por la reparación de calles hechas al vapor, y que incluso se aprobó una modificación para destinar 50 millones de pesos para la construcción de más de tres mil metros cuadrados de banqueta y más de 500 metros lineales de guarnición en la Supermanzana 17.

Ante esta grave denuncia, las autoridades informaron en agosto pasado que se establecería un ‘comité de contraloría social’ para verificar dichas obras, lo que no se cumplió sino hasta el pasado 14 de noviembre.

El contralor municipal, Raymundo Martínez Rivera, afirmó que la función de dicho grupo es “supervisar el desarrollo de la obra y a la vez dar a conocer a los vecinos el avance y hasta la culminación del proceso, incluyendo la entrega a la ciudadanía, apegado a la Ley General de Desarrollo Social”.

Sin embargo, la regidora Yazmín Vivas Medina advirtió que dicho comité estaría conformado “a modo”, pues habría lideresas afines al PRI y al PVEM que sólo rendirían cuentas a la alcaldesa.

Crecimiento letal

Ante los programas y obras emprendidos por el Gobierno –ecologista- de Laura Fernández en detrimento del entorno ecológico del Municipio -uno de los más frágiles y ricos del planeta-, el pasado 17 de noviembre un grupo de 10 organizaciones científicas, civiles, académicas y culturales, entregó a la alcaldesa, Laura Fernández; al director de Desarrollo Urbano Municipal, Tirso Esquivel Ávila; y a los secretarios estatales de Desarrollo Territorial, Urbano y Sustentable (Sedetus), y de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) -Carlos Ríos Castellanos y Efraín Villanueva Arcos, respectivamente-, un escrito en el que denuncian la falta de transparencia que existe en el proceso de actualización del Programa de Desarrollo Urbano (PDU), y que la munícipe había utilizado a personas allegadas a ella para forzar el crecimiento inmobiliario del Municipio con parámetros alejados de la sustentabilidad -lo que constituye una de las prácticas convencionales de los alcaldes más rapaces del país, sobre todo donde la plusvalía del suelo es más alta, desde que fue legislada la autonomía municipal, hace casi cuarenta años, para acumular fortunas a costa del envilecimiento de las ciudades a merced de sus autónomas arbitrariedades-.

De acuerdo con los especialistas, Tirso Esquivel Ávila había convocado a personas no representativas de Puerto Morelos para iniciar las reuniones en las que se analizarían las modificaciones al PDU, violando así la Ley General de Asentamientos Humanos, que en su Capítulo Sexto, Fracción II, estipula que el consejo que analice el programa debe estar integrado “con perspectiva” de género y por representantes de los tres órdenes de Gobierno, agrupaciones sociales legalmente constituidas, colegios de profesionistas, instituciones académicas y expertos en la materia.

Destacaron que el Ayuntamiento de Laura Fernández ha hecho un mal manejo de los residuos sólidos y líquidos de la basura descompuesta, lo que ha provocado la muerte de pastizales marinos, de los corales del Parque Nacional Arrecifes, y que también pone en grave riesgo de contaminación al Gran Acuífero Maya.

Además, el actual modelo de ‘desarrollo’ ha aumentado las densidades -de 40 a 60 viviendas por hectárea- para forzar el crecimiento del territorio, permitiendo construcciones en zonas de selva baja inundable, y fomentando un crecimiento inmobiliario “puramente especulativo”, con una oferta que rebasa a la demanda, lo que se puede observar con el gran número de lotes y viviendas vacías.

Los firmantes -Voces Unidas de Puerto Morelos, el Centro de Innovación e Investigación para el Desarrollo Sustentable, Latitud 21; Flora, Fauna y Cultura de México; Puerto Morelos Sustentable; la Asociación para el Desarrollo Ecosocial de Mujeres; Transparencia por Quintana Roo; Syntropía; la Casa de la Cultura de Puerto Morelos; y Herbolaria Logística y Natural y Sustentable- solicitaron que dichos procesos no sólo sean consensados con la comunidad portomorelense en un proceso abierto y con la participación de expertos en materia de medio ambiente y desarrollo urbano, sino también que las propuestas sean con base en justificaciones técnicas que garanticen un desarrollo urbano sostenible.

Por ello, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción exhortó a las autoridades de Puerto Morelos a tomar en cuenta dichas observaciones, recordándoles que un medio ambiente sano y una ciudad ordenada y sostenibles son derechos humanos inalienables, por lo que el debido cumplimiento en los mecanismos de formulación e implementación de los PDU tienen un impacto directo en el efectivo ejercicio de estos derechos.

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