Discusión de una nueva reforma energética, de alta prioridad en proyecto de la ‘4t’

Uno de los objetivos más importantes del proyecto presidencial de Andrés Manuel es dar marcha atrás a la reforma energética aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, para dar paso a una que, además de restar beneficios a empresas particulares y ayude a evitar el incremento de las tarifas eléctricas, permita reforzar su continua lucha contra la corrupción. Sin embargo, el tiempo apremia, pues al no saberse si el Morena y sus aliados mantendrán la mayoría en el Poder Legislativo tras los comicios del 6 de junio próximo es necesario aprovechar la ventaja que ahora tienen para enfrentar a la oposición que, empecinada en que la iniciativa del presidente privilegia el monopolio y resta importancia a las “energías limpias”, aún trata de negar las acusaciones hechas por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en contra de personajes como Ricardo Anaya, a quien, dijo, entregó 6 millones de pesos para que apoyara la reforma energética de 2013.

Javier Ramírez

A principios de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso al Congreso de la Unión una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, con el fin de modificar por completo la estructura jurídica que actualmente regula a este sector en México, y que, asegura, tuvo su origen en la política neoliberal del sexenio pasado, con el fin de privilegiar a grandes consorcios privados.

Prueba de ello, afirmó, fueron los sobornos que recibieron varios legisladores, principalmente del PAN, para que votarán a favor de la reforma energética de 2013.

Hoy, los panistas y todos los opositores del Gobierno federal aseguran que la iniciativa del presidente pretende regresar al país a los años 70’s, cuando organismos como la CFE y Pemex mantenían el control de los energéticos, lo que afectaría al ya de por sí pésimos servicio y tarifas que mantienen.

Iniciativa preferente

La propuesta de reforma del presidente elimina la obligación de la CFE de comprar electricidad a través de subastas, cambia el orden de la prioridad del despacho de energía eléctrica, privilegiando a la CFE, y subordina a las empresas de energías limpias a las políticas que establezcan la Secretaría de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), y la misma Comisión Federal de Electricidad.

Al tener el carácter de preferente, la iniciativa debe ser discutida y votada por el pleno de cada cámara del Congreso en un plazo máximo de treinta días naturales, de acuerdo con el tercer párrafo de la fracción IV del artículo 71 de la carta magna, numeral que le otorga al Ejecutivo federal la facultad de presentar hasta dos iniciativas preferentes en la apertura de cada periodo ordinario de sesiones del Legislativo mexicano, aunque esto no significa que el Congreso esté obligado a aprobarlas tal cual, pues tiene un plazo específico para su análisis y votación, que puede ser favorable o no.

Sin embargo, su aprobación es mucho más fácil gracias a que el Morena tiene la mayoría en el Congreso. De ahí la urgencia de que esta sea analizada y votada antes de las próximas elecciones.

De aprobarse, todos los permisos de autoabastecimiento de energía eléctrica que estén vigentes podrán ser revocados mediante un proceso administrativo. Asimismo, los contratos de compromiso de capacidad de generación de energía eléctrica y compraventa de la misma, suscritos con productores independientes, “deberán ser revisados a fin de garantizar el cumplimiento del requisito de rentabilidad para el Gobierno Federal”.

Reforma de 2013, privatización disfrazada

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) denunció recientemente que los contratos que tiene con las empresas privadas le generaron un daño de 412 mil 400 millones de pesos, y acusó a los empresarios de ser “gánsteres” que se hicieron ricos con la reforma de 2013.

“La famosa reforma fue una ley mañosa, truculenta para hacer ricos a un grupo de, no diría empresarios, sino de gánsteres”, dijo el director corporativo de Finanzas de la CFE,

 Por su parte, Miguel Reyes, director de CFE Energía, explicó que los daños se deben a costos y subsidios que la Comisión debe cubrir en los contratos con los productores independientes de energía, que incluyen pagos por tarifas crecientes, efectos inflacionarios, subsidios, tipo de cambio e inflación.

“Son mecanismos de transferencia de recursos públicos a privados, es una privatización disfrazada”, afirmó.

Aumentos, pese a reforma

Con la reforma de Peña Nieto las tarifas eléctricas aumentaron 35%, indicó Reyes Hernández, pues en 2015, el kilowatt-hora costaba 1.39 pesos, pero dos años aumentó a 1.88 pesos. En 2021, el promedio es de 1.91 pesos por kilowatt-hora.

Además, considera inexplicable que, bajo las condiciones de la reforma de 2013, además de las alzas tarifarias, haya habido un incremento “incesante y desmedido” en permisos de generación eléctricos que modificaron los precios a la baja, pero que sólo reflejan precios marginales; además, con los Productores Independientes de Energía (PIE), la CFE enfrenta tarifas y compromisos crecientes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que de aprobarse su iniciativa de reforma energética se ahorrará mucho dinero y se podrá garantizar “mínimo” que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no aumente el precio de la luz.

“Ahora está en debate lo de la iniciativa que envié al Congreso para fortalecer a la CFE, que la querían desparecer para favorecer a empresas particulares corruptas. Imagínense, cuánto nos vamos a ahorrar si se dejan de entregar subsidios a estas empresas extranjeras, a Iberdrola, por ejemplo, que se le entregan subsidios, no solo la CFE le compra caro por los contratos que se establecieron antes, le compra a estas empresas la energía a precios elevados, sino también se le subsidia”, aseguró.

Que empresas paguen lo justo

De acuerdo con el titular de la CFE, Miguel Bartlett, la Comisión no está en contra de las energías renovables ni de la competencia que generan en el mercado. Sin embargo, comenta, es necesario que las compañías paguen lo justo por el respaldo a su intermitencia y las líneas de transmisión que utilizan, pues generan pérdidas económicas a la CFE de hasta tres mil millones de pesos al año.

Detalla que al depender de factores ambientales, las energías limpias tienen una generación intermitente de electricidad, lo que ocasiona que cuando no hay sol ni viento las máquinas de la Comisión tengan que entrar para garantizar el suministro, aunque al final se trata de un respaldo que no paga nadie.

En ese sentido, señala que muchas de las grandes empresas han sacado ventaja de la normatividad vigente, pues no pagan el uso de la red o cubre sólo una parte ridícula. “Tenemos sociedades de autoconsumo, italianas y españolas, que son simuladas y que son un fraude a la ley. Ahí tienes empresas poderosas como Oxxo que tiene más de 20 mil tiendas y todas tienen electricidad, pero no pagan la red”, asevera.

Lo que se busca, afirma, no es eliminar al sector privado de su participación en la industria eléctrica, sino crear un mercado honesto, ya que no pueden permitir que vean a la CFE como una carretera libre que no debe tener para ellos costo alguno.

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