Investigación federal expuso a varios dirigentes locales del PVEM como los delincuentes que siempre han sido

Lo que al principio parecía un incidente diplomático, al retener las autoridades mexicanas en el aeropuerto de Cancún a más de 200 viajeros procedentes de Rumania, terminó por exponer uno de los casos más grandes de delincuencia organizada en el país, en el que estarían involucrados varios exfuncionarios quintanarroenses, principalmente del Partido Verde Ecologista. Así, personajes como el exalcalde de Cancún Remberto Estrada Barba, la presidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, y el diputado local José de la Peña Ruiz de Chávez, estarían en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por haber presuntamente permitido que una red de rumanos dedicados al robo de cuentas bancarias sentara su base en la zona norte del Estado. Y es que desde hace casi dos décadas, con el apoyo de las autoridades priistas o perredistas en turno, el Partido Verde -que sigue encabezando tras bambalinas el infame ‘Niño Verde’, Jorge Emilio González Martínez- ha usado su poder para enriquecerse, lucrando principalmente con los recursos naturales de la entidad. Hoy este partido se alista para competir nuevamente en un proceso electoral, aunque ahora aliándose con el partido gobernante, el Movimiento Regeneración Nacional, y el insignificante, pero no menos corrupto, Partido del Trabajo. Sin embargo, aún faltan varios meses para que se lleven a cabo los comicios y las investigaciones del Gobierno federal podrían echar abajo los planes de esta pandilla de ladrones de cuello blanco.

Javier Ramírez

En la lista de personajes que estarían involucrados con la mafia rumana dedicada al robo de cuentas bancarias hay políticos de todos los partidos y de varias partes del país, pero destacan claramente los emanados del Verde Ecologista de México, que en cuestión de unos pocos años han hecho de los Municipios de Benito Juárez y Puerto Morelos sus bastiones para los negocios, con el apoyo de sus representantes en el Congreso local y otros empresarios y funcionarios sin escrúpulos.

Como ‘el miedo no anda en burro’, el Partido Verde ordenó la salida del diputado José de la Peña Ruiz de Chávez de la presidencia estatal del mismo.

Pero esto sólo sería el principio, por lo que podrían darse más cambios e, inclusive, el Morena podría reconsiderar la alianza que recientemente concretó con este grupo de delincuentes, a fin de proteger su imagen.

Investigación, desde 2017

Las investigaciones del Gobierno mexicano en contra de la mafia rumana que operaba en la zona norte de Quintana Roo datan del año 2017, cuando elementos de Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) aseguraron mil 500 cajas de la empresa “First National Security”, en Cancún.

En ese entonces, las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) afirmaron que la diligencia formaba parte de las investigaciones en contra del exgobernador Roberto Borge Angulo.

Durante años, no hubo mayor información al respecto, salvo que en marzo de 2020 la Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a proceso a tres agentes ministeriales por este caso, ya que presuntamente violaron las cerraduras de la bóveda que contenía las cajas de seguridad sin contar con la autorización de un juez.

Sin embargo, el pasado 30 de enero se dio a conocer que más de 200 extranjeros procedentes de Rumania habían sido retenidos en el aeropuerto internacional de Cancún. De acuerdo con las autoridades, los rumanos no habían podido comprobar el motivo de su viaje a México, por lo que fueron interrogados por personal del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, situación que molestó al ministro de Asuntos Exteriores de Rumania, Bogdan Aurescu, quien pidió una explicación a su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard.

Finalmente, unos días después salió a la luz que el Gobierno federal mantenía una investigación en colaboración con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en contra de una mafia conformada por ciudadanos de la referida nación, misma que se dedica a la clonación de tarjetas bancarias en los principales centros turísticos del país.

Por medio de un comunicado, se reveló que con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, el Gabinete de Seguridad, el Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como el FBI, se había llevado a cabo el operativo denominado “Operación Caribe”, con el que se efectuó el bloqueo masivo de cuentas de 79 personas físicas y morales, quienes habían sido identificadas como parte de la organización antes citada.

Protegidos por políticos

Florian Tudor, alias ‘El Tiburón’

De acuerdo con documentos oficiales dados a conocer, dicha organización, que operaba alterando los cajeros automáticos instalados en decenas de hoteles repartidos en Cancún, la Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta y Riviera Nayarita, realizaba retiros de miles de cuentas y las ingresaba al sistema financiero utilizando a empresas creadas por integrantes de dicho grupo, todo bajo las órdenes de un sujeto identificado como Florian Tudor, alias “El Tiburón”.

La actividad de esta red de criminales se extendió durante más de una década en la zona norte de Quintana Roo, al grado que habría involucrado a los exgobernadores priistas Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, así como a varios alcaldes, entre ellos Gregorio Sánchez Martínez y Remberto Estrada Barba, en Cancún, y Laura Fernández Piña, en Puerto Morelos.

La DEA, según el informe, había advertido al Gobierno mexicano que González Canto colaboró para permitir la entrada de la mafia rumana, mientras que su sucesor, el hoy preso Borge Angulo, brindó protección a ambos para que las investigaciones en contra de ellos se mantuvieran frenadas.

Por lo pronto se sabe que la UIF congeló las cuentas de varios de los presuntos involucrados, entre ellos el diputado local José de la Peña Ruiz de Chávez, hijo del notario Benjamín de la Peña Mora, el cual escrituró los dos departamentos que el fundador del PVEM, Jorge González Torres, adquirió en la Torre Emerald, ubicada en la zona hotelera de Cancún, valuados en más de 30 millones de pesos.

La noticia derivó en la destitución del diputado como dirigente estatal del Partido Verde en Quintana Roo, cargo que fue entregado al regidor benitojuarense Pablo Bustamante.

Otros personajes que han visto sus cuentas bancarias congeladas son José Luis Jonathan Yong Mendoza, ex secretario de Seguridad de Benito Juárez y aspirante a diputado local de Quintana Roo por Morena. Él es hijo de José Luis Yong Cruz, a quien las autoridades vinculan con el tráfico de indocumentados cubanos, y cuyas cuentas también fueron congeladas.

Aliados con el narco

‘Doña Lety’

Las autoridades detectaron que los rumanos también se asociaron con Leticia Rodríguez Lara, “Doña Lety”, líder del llamado Cártel de Cancún, quien fue detenida en agosto de 2017. Se dice que era comadre de “El Tiburón”, por lo que ambos operaban en Cancún y la Riviera Maya sin que tuvieran rivalidades.

Esta alianza le permitió a “El Tiburón” expandir su red con el apoyo de hackers mexicanos y venezolanos, quienes llegaron a acumular dos mil tarjetas bancarias, mismas que Florian Tudor resguardó en dos cajas de seguridad de la empresa “First National Security”. Las tarjetas tenían logos de tiendas de autoservicio y departamentales, sin número ni nombre de titular, pues se utilizaban para simular tarjetas auténticas y así usurpar identidades y saquear cajeros automáticos.

Las tarjetas aseguradas estaban listas para usarse por la red de narcotraficantes que comandaba “Doña Lety” y su hijo, socios de Florian Tudor.

Se sabe hasta ahora que el monto de lo robado por esta mafia rumana es de 400 millones de pesos.

Por lo pronto, uno de los exfuncionarios cancunenses que daba protección a dicha banda ya está detenido en Estados Unidos. Se trata de Pablo Amezcua Dorador, extitular de Fiscalización del Gobierno de Gregorio Sánchez Martínez.

Su detención se logró en 2019 en Miami, Florida, cuando un agente de la DEA convenció a Amezcua y a su socio, Guillermo Barrera Lara, para planear y llevar a cabo tráfico de drogas y lavado de dinero. Fue condenado a más de 10 años de prisión por las autoridades estadounidenses.

Mientras tanto, poco a poco salen a luz los nombres de más involucrados con esta mafia rumana, incluidos los de Israel López Salazar y Luis Miguel Zetina Barriga, quienes serían operadores de la red y a quienes la UIF también les han bloqueado las cuentas.

Recientemente se reveló que la influencia de ambos era tan fuerte, que llegaron a estar en la lista de invitados a la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, donde se llegaron a tomar fotos con figuras como Carlos Slim, Manuel Bartlett Díaz, Cuauhtémoc Cárdenas y René Bejarano, aspirante a diputado del Morena, quien negó cualquier nexo con la banda criminal.

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